La izquierda francesa y la realidad del modelo español

El presidente Sánchez ha sido entrenado durante cinco días por el BATAPLOF para interpretar un papel de mártir ante las cámaras de televisión y los micrófonos de las emisoras de radio - PHOTO/Pool Moncloa-Borja Puig de la Bellacasa
El presidente Sánchez - PHOTO/Pool Moncloa-Borja Puig de la Bellacasa
En un contexto de crisis económica y social, el Nuevo Frente Popular (NFP) propone medidas radicales para dar un giro a Francia. Inspirada por el éxito de la España de Pedro Sánchez, la izquierda francesa busca reformas similares para estimular el crecimiento, crear empleo y mantener el equilibrio macroeconómico. Este artículo examina las propuestas del NFP y analiza la pertinencia del modelo español en el contexto francés

El programa de la izquierda francesa incluye medidas como la progresividad del impuesto sobre la renta, la introducción de una cotización social generalizada y el restablecimiento progresivo del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio. Por otra parte, la coalición de Izquierda pretende aumentar el salario mínimo e invertir el aumento de la edad de jubilación, además de lograr una transformación ecológica y liberar la competitividad de las empresas mejorando los factores de producción y superando los obstáculos que se interponen en su camino ("La logique économique du programme de la Nouvelle Front Populaire et comment le financer", Revue Économie et Politique, une revue marxiste, 18 de junio de 2024). 

La izquierda francesa considera que el modelo a seguir en este contexto es el modelo español, porque España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, ha sido capaz de lograr lo que otros países europeos no han conseguido en términos de crecimiento, creación de empleo y mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos. Es cierto que el índice IBEX español ha experimentado su mayor subida desde 2017, que el sector inmobiliario ha experimentado una notable recuperación (más 4,2% en 2024), que España ha logrado una de las mayores tasas de creación de empleo de Europa, que la demanda interna de bienes ha aumentado en torno al 2% a principios de 2024 ("Pedro Singari: 'The Spanish Economy is Thriving, with Tourism, Domestic Spending, and Investment Expected to Continue Driving Drowth this Year,' Euronews, 29 de marzo de 2024. "), y que el turismo sigue creciendo como sector líder en la creación de riqueza y empleo. 

También es cierto que la introducción por parte del Gobierno de Sánchez de un tope al trabajo precario, subidas del salario mínimo y mayores impuestos a las grandes empresas y a las rentas altas han ayudado a la economía española a alcanzar la tasa de crecimiento más alta de la eurozona, con una previsión del Gobierno del 2,4% en 2024, frente al 1% de otros países europeos ("Philippe Robert, 'La réalité du modèle économique espagnol', Le Point, 1 de agosto de 2024."). 

Sin embargo, no es tan fácil como imagina la izquierda francesa. En primer lugar, las reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en España entre 2011 y 2018, en plena crisis financiera y económica y con una tasa de desempleo del 25%, que incluyeron la reforma del mercado laboral, la promulgación de una política de austeridad para controlar los indicadores macroeconómicos, la reestructuración del sistema bancario mediante la intervención del Estado para nacionalizar los bancos en quiebra, el aumento de la edad de jubilación, etc..., han allanado el camino para que España se beneficie del apoyo europeo y han creado un marco favorable para la creación de un clima empresarial atractivo para la inversión. 

Las reformas post-2018 de Pedro Sánchez, en particular la reducción de la vulnerabilidad del mercado laboral, el aumento de los impuestos sobre las rentas clave para financiar iniciativas sociales, el apoyo al sector turístico tras la pandemia del Covid-19, especialmente a la luz del sólido y eficaz sistema de protección social español (Philippe Robert), la fuerte demanda de productos españoles y el seguimiento continuo de los equilibrios macroeconómicos, que sobre todo facilitaron el proceso de obtención de apoyo europeo, permitieron a la economía española lograr éxitos significativos en 2023 que deberían continuar hasta 2025. 

No es el caso de Francia. En primer lugar, la reforma de las pensiones se ha politizado hasta el punto de que todo el mundo, desde la izquierda hasta la extrema derecha, pide que se anule la decisión de retrasar la edad de jubilación, sin que se haya estudiado realmente el impacto sobre las finanzas públicas. Y esto en un momento en que el déficit presupuestario sigue siendo superior al 5% a pesar de las advertencias de Bruselas, en que la deuda ha alcanzado el 112% del PIB y el desempleo sigue siendo elevado a pesar de la enorme escasez de mano de obra en determinados sectores. La ralentización del crecimiento, la rigidez del mercado laboral y la continua disminución de la capacidad de producción y de la competitividad no han hecho sino agravar la situación (FMI, "France : Conclusions des services du FMI à l’issue de leur mission de 2024 au titre de l’article IV", 23 de mayo de 2024). 

Todo ello exige reformas estructurales audaces que requieren el coraje político necesario para emprenderlas. Subir el salario mínimo, gravar a los que más ganan y estabilizar los precios puede no dar los mismos resultados que en España, que ha elevado la edad de jubilación a 67 años, ha reducido el déficit presupuestario a alrededor del 3% y ha reducido relativamente la carga de la deuda pública. El Gobierno español también ha reformado el mercado laboral, reduciendo la tasa de desempleo a alrededor del 11% desde un nivel muy alto hace unos años, y aumentando la demanda de productos españoles. 

Es cierto que España se enfrenta a grandes retos: desempleo crónico, inflación persistente, excesiva dependencia del turismo, pero parece estar en la senda de un crecimiento sostenido en los próximos años gracias a las reformas estructurales emprendidas por los sucesivos gobiernos, que Pedro Sánchez ha aprovechado para introducir políticas adecuadas, sobre todo en materia de mercado laboral, fiscalidad y apoyo a la demanda. Esto no es posible en Francia sin reformas que pueden ser dolorosas y que requieren un consenso político interno del que se carece actualmente: reducción del déficit presupuestario y de la deuda, verdadera reforma de los fondos de pensiones, reforma efectiva del mercado laboral y del sistema de protección social. 

En conclusión, aunque el modelo español tiene algunos éxitos inspiradores, Francia debe reconocer sus propias realidades económicas y políticas. Las reformas propuestas por el Nuevo Frente Popular deben examinarse en profundidad y adaptarse a las circunstancias específicas de Francia. Sólo un compromiso valiente y un consenso político permitirán a Francia realizar las transformaciones necesarias para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo.