Las ciudades y la nueva economía de la seguridad
Las ciudades se han convertido en este segundo cuarto del siglo XXI en la última esperanza para preservar la idea de progreso. Ante los cambios geopolíticos y el auge de las fuerzas iliberales a lo largo y ancho del planeta, su responsabilidad se proyecta mucho más allá de su geografía, esto es, del propio término municipal y su área de influencia en el caso de las áreas metropolitanas. En contraposición a lo que en su día proclamó el filósofo francés Jean Jacques Rousseau, “las ciudades son el abismo de la especie humana”, lo urbano se proyecta hoy como la última frontera para dar respuesta a los grandes desafíos del mundo.
La crisis climática, la desigualdad y las tensiones sociales, el impacto de las disrupciones tecnológicas, la competitividad, la salud, la prevención frente a las nuevas amenazas híbridas a la seguridad o la preservación de la democracia, todas ellas exigen una gobernanza local eficiente y sofisticada.
Hoy, más del 55 % de la población mundial vive en ciudades, y se espera que esa cifra supere el 70 % en 2050. Una concentración humana, económica y simbólica que convierte a nuestras ciudades en actores imprescindibles, al tiempo que los convierte en espacios vulnerables a una multiplicidad de riesgos y potenciales crisis, desde la delincuencia organizada, al terrorismo o las pandemias, los ciberataques, los desastres climáticos o las disrupciones en el suministro de energía o alimentos. La seguridad urbana, por tanto, no es solo una cuestión de orden público, sino que es, sobre todo, una cuestión social y económica.
Es por este motivo que debemos hablar más de las políticas de seguridad incorporando también las dimensiones económicas y sociales tales como la vivienda asequible, el acceso a los servicios públicos, la educación de calidad, el empleo e incluso la salud mental. Invertir en seguridad no significa únicamente gastar más en vigilancia, prevención o fuerzas del orden, sino en reorientar recursos hacia la prevención estructural de los riesgos a los que nos enfrentamos. El cambio climático, por ejemplo, ha añadido una dimensión crítica a la seguridad de las ciudades y afecta de forma directa a la vida urbana, generando riesgos económicos y sociales significativos. La adaptación climática se convierte, así, en un componente central de la nueva economía de la seguridad.
Así, las nuevas agendas urbanas deben incorporar el concepto de la nueva economía de la seguridad incluyendo programas de vivienda asequible y regeneración urbana, el diseño de espacios públicos seguros, la movilidad sostenible y el fortalecimiento del tejido comunitario ante un mundo que vuelve a una era de proteccionismo y repliegue identitario. Los principales líderes políticos de Europa anuncian tambores de guerra, al tiempo que nos interpelan con la necesidad de reenfocar las prioridades de la economía hacia un fuerte aumento del gasto en defensa y en capacidades tecnológicas y militares.
Si bien la lógica del rearme europeo está orientada a dar respuesta a las nuevas amenazas geopolíticas, debemos ser conscientes de que ofrece respuestas muy limitadas a los riesgos que afectan directamente a la vida urbana. La crisis de la vivienda, la mejora de los servicios públicos, la calidad del transporte, del aire de nuestras ciudades o las tensiones sociales derivadas de la creciente desigualdad de nuestras sociedades, no se solucionan con una multiplicación de los gastos de defensa. Son los barrios agradables y seguros los que atraen inversión, talento y actividad social y comercial, convirtiendo la seguridad en un activo económico que hay que gobernar con criterios de equidad.
Emerge, así, la necesidad de articular un relato alternativo y complementario sobre lo que es en realidad la nueva política de la seguridad que, lejos de ser un ámbito de los gobiernos estatales y de los Ministerios de Defensa, pasa a ser un campo estratégico de la acción municipal estrechamente ligado al bienestar, la cohesión social y a la resiliencia económica. La nueva economía de la seguridad debería ser en buena parte la agenda económica vinculada a la vida urbana y a las ciudades como grandes actores políticos, económicos y sociales del siglo XXI para construir nuevas coherencias en un mundo desconfigurado. Desde una perspectiva social, la seguridad se construye en lo cotidiano y en la proximidad con ciudades que cuenten con unos servicios públicos capaces de anticipar y gestionar la multiplicidad de crisis a las que nos enfrentamos. Invertir en seguridad, es invertir en capacidades urbanas y no solo en capacidades militares o disuasorias. Son las políticas de prevención, la proximidad, la calidad institucional y la confianza social, los verdaderos cimientos de la seguridad y estabilidad de nuestras sociedades.
Frente a la seguridad entendida como disuasión y capacidades militares, que es la responsabilidad de los Estados, el municipalismo, con sus alcaldes y alcaldesas a la cabeza, deben plantear la seguridad como la capacidad de gestionar la vida urbana de una forma inclusiva en contextos de incertidumbre en el que cobra especial relevancia la diplomacia de las ciudades. Ante la magnitud de los desafíos, que desbordan claramente las competencias locales, las redes municipales permiten generar pensamiento nuevo, compartir soluciones, coordinar respuestas y ganar influencia política para mitigar los riesgos y proponer un modelo de gobernanza global alternativo y posible por su conocimiento de la realidad de sus territorios.
Barcelona es en ese sentido un actor privilegiado y tiene una especial responsabilidad. La ciudad es sede de algunas de las principales redes de ciudades del mundo como CGLU (la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), Metrópolis (la red global de las grandes ciudades y áreas metropolitanas) o de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) además de participar y ser uno de los líderes en plataformas de ciudades como Eurocities, C40 o las redes de ciudades resilientes. Una cooperación urbana que puede ser más ágil y efectiva que muchos marcos de gobernanza multilateral estatales, especialmente en materia climática, energética o social. La diplomacia de las ciudades es también, así, una forma de política de seguridad. Mientras los Estados priorizan la lógica militar y la soberanía territorial, las ciudades practican la seguridad cooperativa basada en el intercambio de conocimiento, la solidaridad y la prevención. Una acción exterior municipal que, lejos de competir con la seguridad nacional, la complementa con una visión pegada a la realidad del territorio.
Así pues, las ciudades —y las grandes áreas metropolitanas— van a ser las llamadas a garantizar la seguridad real de nuestras sociedades. Los estados van a estar demasiado ocupados con los grandes problemas geopolíticos y geoestratégicos, mientras que las ciudades van a tener que seguir siendo los garantes de la gestión social y comunitaria, la prevención climática, la promoción económica, la calidad del espacio público o de la cultura. Una realidad que exigirá todavía más mejorar las formas de gobernanza y de la colaboración público-privada para gestionar la realidad urbana de una forma eficiente y ágil, garantizando el derecho a la participación real ante la deriva iliberal, populista y autoritaria de algunos gobiernos. En un mundo cada vez más incierto, el municipalismo será la garantía de una verdadera economía de la seguridad, con políticas con visión global pero orientadas a las personas y a la realidad local y del territorio.
El reto no es menor, porque nuestras ciudades no tienen ni competencias ni recursos suficientes, pero la nueva economía de la seguridad nos va a exigir redefinir el contrato social urbano. Las ciudades del siglo XXI no solo deberán ser competitivas, conectadas y sostenibles, sino también seguras y equitativas en un sentido amplio y democrático. Nos jugamos mucho, casi todo, y nuestras ciudades, especialmente las ciudades globales, serán, probablemente, de nuevo, la última frontera entre civilización o barbarie.
Pau Solanilla es consultor internacional y socio de Harmon.
Artículo publicado en The New Barcelona Post