Alberto Núñez-Feijóo, el candidato propuesto por el rey Felipe VI para intentar formar Gobierno, parece haber comprendido que no tendrá la mayoría del Congreso a su favor, ni la absoluta en primera votación, ni la simple en segunda, ya que el bloque contrario hará piña y le suministrará un NO rotundo.
Aún quedan, sin embargo, algunos que piensan que el Partido Nacionalista Vasco, anclado en la sociedad vasca desde hace más de un siglo, demuestre su talante ecuánime y equilibrador, y permita con sus 5 votos (daría la mayoría absoluta al Partido Popular y sus apoyos, con 178), abrir un proceso de cambios institucionales que reconozcan los derechos históricos legítimos del pueblo vasco y su papel crucial en la historia de España. No obstante, esta hipótesis no tiene suficiente solidez ni verosimilitud, aunque el PNV ha sido el único grupo parlamentario de los díscolos en acudir al llamamiento del Rey para consultas.
Quedaría pues el escenario en el que el actual presidente en funciones Pedro Sánchez intente obtener la mayoría de los votos en el Congreso para repetir su promiscua coalición gubernamental. De ahí las idas y venidas, las negociaciones contra natura y los tejemanejes de yo te doy y tú me das.
Pero en este segundo escenario hay algo que no se ha tenido suficientemente en cuenta, y es que el rey Felipe VI debe nombrarle candidato postulante. ¿Lo hará? Somos muchos los que pensamos que no. ¿Por qué? Porque en la ronda de consultas previas al nombramiento de Pedro Sánchez, el Rey nuevamente no podrá “constatar la existencia de una mayoría suficiente” de votos de apoyo al mismo que garanticen obtener la confianza del Congreso de Diputados.
Los cuatro grupos parlamentarios que rechazaron acudir a la audiencia del Rey para consultas el 21 y 22 de agosto, que fueron Esquerra Republicana (7 diputados), Junts per Catalunya (7 diputados), EH Bildu (6 diputados) y BNG (1 diputado en el Grupo Mixto), volverán a reincidir, so pena de hacerse un harakiri ante su electorado. Y si el Rey no tiene constancia de que Sánchez pueda obtener una mayoría suficiente, no está obligado a nombrarle. Porque de hacerlo, la mayoría de los españoles no entenderían cuál es el papel que juega el jefe del Estado en esta situación crítica.
De lo cual se puede deducir que, pasados los dos meses reglamentarios, el Rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones generales. Y los pronósticos son de lo más incierto. ¿Aguantará el pueblo español en toda su diversidad lo que considera una tomadura de pelo? El fantasma de la abstención se barrunta al horizonte.