Si en Estados Unidos no ha prosperado ninguno de los procesos de destitución (impeachment) contra sus presidentes -el último, el ventilado contra Donald Trump-, en Brasil, en el hemisferio sur del continente americano, sí tuvieron que abandonar la jefatura del Estado Fernando Collor de Mello (1992) y Dilma Rousseff (2016), destituidos ambos por corrupción. El actual presidente podría ser el tercer candidato a abandonar el Palacio de Planalto si al igual que sus antecesores sucumbiera al proceso al que quiere someterle su dimitido ministro de Justicia.
Su madre le impuso a Bolsonaro los nombres de Jair y Messias, previendo quizá el futuro de un hijo predestinado a los más altos designios. Es más que probable que Jair Messias Bolsonaro no hubiera llegado a la Presidencia de Brasil de no haber contado con la inestimable ayuda de Sergio Moro, el implacable juez estrella, que desmenuzó el caso Lava Jato (Lavacoches), la enmarañada red de corrupción y favores que terminó con los trece años en el poder del ultraizquierdista Partido del Trabajo (PT) y con su líder, Luiz Inacio Lula Da Silva, encarcelado e inhabilitado para volver a presentarse a unas elecciones cuyos sondeos le anticipaban una victoria rotunda.
Las relaciones entre Bolsonaro y el que fuera su gran fichaje para su gobierno regeneracionista fueron tensas desde el principio, fruto del choque entre un presidente que lo fue por una serie de carambolas, entre ellas la muy dolorosa de un atentado del que aún arrastra importantes secuelas, y Moro, autoimbuido de que su destino era semejante al del italiano Antonio Di Pietro. Este liquidó prácticamente a toda la vieja clase política italiana con su famosa operación Mani Pulite (Manos Limpias), y aquel se proponía hacer más o menos lo mismo en Brasil, cuyo gigante empresarial Odebrecht ha extendido el pringoso chapapote de su corrupción a toda América Latina.
La gota que desbordó el vaso del antagonismo entre ambos políticos fue el intento del presidente de destituir al hombre de confianza de Moro en la Policía Federal, Mauricio Valeixo, para poner en su lugar al comisario Alexandre Ramagem, íntimo amigo casualmente de dos de sus hijos, investigados precisamente por presuntos delitos de corrupción: Flavio Bolsonaro, por haberse apropiado de fondos públicos en colusión con grupos paramilitares de Río de Janeiro, y Carlos Bolsonaro, por ser uno de los mayores productores y difusores de bulos, muchos de ellos inmersos abiertamente en el delito de calumnias.
Tan pronto como Sergio Moro le presentó la dimisión y le previno que declararía ante la Policía Federal, el presidente le acusó de “Judas” y de estar promoviendo un golpe de Estado contra él. La primera gran escaramuza de esta guerra entre ambos se ha saldado con la deposición de Moro ante los federales de Curitiba, en la que presentó supuestamente pruebas de al menos siete delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos, los de prevaricación y obstrucción a la justicia, en el escaso año y medio que lleva en el poder.
Los partidarios de Bolsonaro se lanzaron de inmediato a las calles, situando en el punto de mira de sus protestas al Tribunal Supremo y al Congreso, y con la pretensión de que las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado de facto en apoyo del presidente, antiguo capitán del Ejército él mismo y tradicional defensor desde su escaño de diputado de las reivindicaciones salariales y de mejores medios y dotación presupuestaria de los militares. El propio Bolsonaro en persona llegó a jalear a los manifestantes, animando a que sus antiguos compañeros de armas “se pusieran del lado del pueblo”.
Bolsonaro ha cruzado, así, una raya muy peligrosa. Su propio ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, que es uno de los nueve militares que se sientan en el Consejo de Ministros, emitió un comunicado desautorizando las pretensiones de los bolsonaristas golpistas, y reafirmando que las Fuerzas Armadas están para garantizar la independencia de cada uno de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Es más que probable que Azevedo haya contado con sus ocho compañeros militares ministros, entre ellos el vicepresidente, el general Hamilton Mourao, lo que equivale a una fractura muy difícil de suturar.
Abierta la investigación a Bolsonaro, solo puede desembocar en el proceso de su destitución o bien en su absolución, en cuyo caso quien se sentaría en el banquillo de los acusados sería el exjuez Sergio Moro por haber presentado en tal caso pruebas falsas contra el presidente. Ello podría conducir entonces a que todo su trabajo anterior como implacable magistrado perseguidor de Lula Da Silva y de tantos políticos, empresarios y altos funcionarios brasileños pudiera ser revisado por completo. En medio, los militares deberán hacer gala de mucho temple para mantener su neutralidad y no ser arrastrados a poner los sables encima de la mesa.
