Opinión

India: levantamiento campesino contra el Gobierno

photo_camera Narendra Modi

Son ya varios meses desde que millones de campesinos sitian Nueva Delhi y cortan sus vías de comunicación con el resto del país. No es una protesta cualquiera. Han llegado de todo el país, principalmente del Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, con víveres para resistir incluso seis meses, a fin de presionar al Gobierno de Narendra Modi y obligarle a derogar en su totalidad las tres leyes agrarias que han desencadenado su levantamiento. La democracia más grande del mundo asiste así a uno de los pulsos más decisivos en la conformación del futuro del país. 

Nada menos que el 55% de los trabajadores de India, o sea unos 600 millones de los más de 1.000 millones de adultos que componen el mercado laboral del país, viven de la agricultura, aunque ésta apenas represente el 17% del PIB del país. Todos ellos, además, se han acostumbrado al modelo de vida al que les abocó la llamada Revolución Verde de India, implantada a partir de la década de los años 70 del pasado siglo, y que transformó a una India absolutamente deficitaria y dependiente de la caridad internacional en términos de alimentación, en un exportador neto de arroz y trigo, si bien no ha conseguido más que limitadamente sacar de la pobreza al medio rural. 

El objetivo de aquella operación era multiplicar la productividad de los campos, a base de utilizar semillas industriales y potentes fertilizantes químicos, además claro está de mecanizar al máximo las tareas agrícolas. El experimento de esta modernización supuso el abandono de una agricultura básica tradicional de subsistencia, pero a costa de que el pequeño campesinado –la inmensa mayoría- se endeudara prácticamente de por vida con los créditos necesarios para la compra de los avanzados medios de producción. Para animarles, el Gobierno federal les prometió anualmente un precio mínimo de su producto (MSP), al tiempo que se garantizaba la compra de la totalidad de sus cosechas obligándoles a vendérselas a su comité local de marketing de productos agrícolas (APMC). Con estos mecanismos, el Estado indio puso en marcha un programa de abastecimiento de comida subsidiada a los pobres, que representan todavía hoy dos tercios de los 1.300 millones de habitantes del país. 

Pues, bien, todo esto es lo que ponen en cuestión, a juicio de los campesinos, las tres nuevas leyes aprobadas por Narendra Modi, respaldado por la mayoría absoluta de su Bharatiya Janata Party (BJP), que el primer ministro califica de “regalo” al campesinado, pero que el campo considera una legislación dictada exclusivamente en beneficio de las grandes corporaciones alimentarias, y en particular de algunos multimillonarios amigos de Modi, y entre los que los airados agricultores destacan a Mukesh Ambani, la mayor fortuna de Asia, o Gautam Adani, el segundo hombre más rico de India. 

Entrar en la modernidad

Dice el Gobierno de Nueva Delhi que las nuevas disposiciones persiguen no sólo la modernización de los procesos productivos y una mayor libertad de decisión de los campesinos, sino también la necesaria adaptación a una globalización a la que será inútil e incluso contraproducente poner diques o muros de contención. 

Por la primera de las nuevas leyes, se deroga la de Mercancías Esenciales de 1955, que estabilizaba los precios alimentarios al impedir que los comerciantes acapararan suministros. Aparentemente, ello permite a los pequeños propietarios acumular toda la producción que quieran y puedan, y operar en los mercados según las leyes de la oferta y la demanda. Pero, los pequeños propietarios rurales consideran que, en primer lugar, ello les obliga a endeudarse con nuevas inversiones para la compra de terrenos y edificación y conservación de almacenes. Y, además, ello no les garantiza seguir manteniendo los subsidios aunque vengan años de malas cosechas. 

La segunda ley suprime también el MSP, el precio mínimo que se les garantizaba a su producción. Teóricamente, ello les permite negociar directamente con sus posibles compradores sin que el Gobierno intervenga ni arbitre. Aquí estiman los campesinos que, en caso de cosechas abundantes y consiguiente abaratamiento o hundimiento de los precios, las grandes corporaciones podrán destruirles fácilmente. 

Y, en fin, la tercera de las leyes copia el sistema americano de la denominada agricultura por contrato, que posibilita que los compradores corporativos contraten directamente con los pequeños agricultores la producción de cosechas específicas. El texto, fiel reflejo del libre mercado, tiene en esta ley india el defecto de que no protege al pequeño campesino productor en caso de que la gran corporación reniegue del contrato aduciendo “causas de fuerza mayor”.  

El pulso entre Gobierno y campesinos se encrespa cada día que pasa. La tensión se ha disparado ya en algunas jornadas, en las que cientos de miles de los acampados han intentado asaltar el Fuerte Rojo, el principal monumento de Nueva Delhi y dónde se izara por primera vez la bandera del país al conseguir su independencia. Los sindicatos agrarios, que aglutinan en torno a los 250 millones de miembros han advertido a Narendra Modi que no aceptarán más que la abolición pura y simple de las tres leyes, al tiempo que han llamado a todos los campesinos del inmenso país indostánico a que converjan en marchas sucesivas sobre la capital. 

Los mismos sindicatos señalan que esta convulsión del campo indio tendrá su impacto en el resto del mundo. Aducen al respecto que el 35% de las especias que se consumen en el mundo proceden de las granjas indias. Impacto que también incidirá sobre otros productos agrícolas de la exportación india, como arroz, leche y algodón.