UE-Mercosur, un gran proyecto que puede descarrilar
Un tratado que agruparía a los 27 miembros de la Unión Europea de un lado, y a los cinco que componen el Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, de otro.
Caso de entrar en vigor y aplicarse, se beneficiarían de él 800 millones de personas, que intercambiarían mercancías por valor de 45.000 millones de euros anuales. Caerían de golpe las fuertes tasas aduaneras que al otro lado del Atlántico Sur imponen sobre productos europeos como automóviles, confección textil y vinos con denominación de origen.
A cambio, los países del Mercosur se beneficiarían de poder exportar a Europa importantes contingentes de sus productos agropecuarios, con cuotas fijadas ya en el tratado formalmente concluido, tales como 45.000 toneladas de miel, 60.000 de arroz, 180.000 de azúcar, además de 160.000 toneladas de carne bovina y 180.000 de productos avícolas.
Tan pronto como concluyeron esas negociaciones y se redactó el acuerdo final el poderoso sector agrícola francés puso el grito en el cielo amenazando con paralizar por completo e indefinidamente al país, movimiento para el que recabaron la solidaridad del sector en toda Europa, agricultores enfurecidos por otra parte con la Comisión Europea y sus asfixiantes políticas regulatorias y burocráticas.
El presidente francés Emmanuel Macron, que había saludado favorablemente este acuerdo, tan largamente trabajado, cambió de opinión tan pronto como el mundo rural se movilizó. Al mismo tiempo, la inmensa mayoría del atomizado mosaico político galo se apuntaba a la protesta, incluyendo al exvicepresidente de la UE y negociador en jefe del “Brexit”, el ahora primer ministro Michel Barnier. Nada menos que 600 diputados y senadores franceses de todo el espectro político firmaron conjuntamente un artículo publicado en el diario Le Monde, en el que argüían que el texto del tratado UE-Mercosur “no respeta los criterios democráticos, económicos y medioambientales fijados por la Asamblea Nacional y el Senado” de Francia.
Antes y después de la publicación de semejante tribuna política se han sucedido manifestaciones, declaraciones y tomas de posición, que advierten de los innumerables peligros que se abatirían sobre el campo francés, pero sobre todo sobre los ciudadanos, que consumirían masivamente productos agropecuarios sudamericanos no sometidos a las estrictas medidas sanitarias que se exigen en el seno de la UE.
Las acusaciones más duras se centran en la ganadería de Brasil, principal productor y exportador mundial de carne bovina, a cuyas empresas agropecuarias denuncian por engordar artificialmente a sus reses con estradiol (E2 o 17B), una hormona esteroidea sexual femenina, prohibida en Europa, pero utilizada habitualmente en Brasil desde hace varios decenios.
El argumento sanitario ha sido también esgrimido por Macron, que también ha puesto de manifiesto que las prácticas de producción, y por supuesto los salarios de los trabajadores son muy diferentes a un lado y otro del Atlántico. Por su parte, Michel Barnier esgrimió preferentemente argumentos económicos, especialmente “el impacto desastroso sobre sectores enteros de la agricultura y la ganadería europeas”.
Si en el seno de Mercosur se han librado importantes batallas para llegar a unificar el convencimiento de la bondad del acuerdo con la UE, en el seno de esta han aparecido también signos de división a raíz de la negativa francesa a ratificar el tratado.
Francia cuenta ya a su favor con las reticencias de Polonia, Austria, Países Bajos e Irlanda, en tanto que Alemania, Italia, Portugal y España estarían pujando porque la Comisión firmara antes de la finalización de este mismo año.
En este último grupo, además de las consideraciones favorables al fuerte incremento del comercio que aportaría el acuerdo, resaltan que el conjunto de la UE necesitaría asegurarse el suministro de materias primas fundamentales para el futuro inmediato, como litio, cobre, hierro y cobalto, abundantes en el área de los cinco países que componen el Mercosur.
A cambio, y al socaire de la COP29 de Bakú, los detractores del acuerdo esgrimen el potencial aumento de la deforestación que se derivaría de destinar nuevas masas de la selva amazónica a la agricultura y la ganadería, cuyos productos serían masivamente demandados la Europa comunitaria.