El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Protocolo por el que España dona a Marruecos, con carácter “irrevocable”, la propiedad del Gran Teatro Cervantes de Tánger y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo. El Teatro Cervantes de Tánger fue donado al Estado español en 1928 y constituye uno de los edificios para fines culturales más importantes de la ciudad de norte de Marruecos.
Sin embargo, desde la década de 1970 su estado de conservación ha sufrido por el abandono y el desuso. La situación del inmueble era motivo habitual de quejas entre viajeros, residentes y distintos colectivos, así como de reportes periodísticos.
El Gobierno marroquí se ha comprometido a restaurar y gestionar el teatro a cambio de la cesión de su propiedad. Igualmente se ha comprometido a mantener un componente español en la programación cultural del teatro, teniendo lugar la reversión de la propiedad a España en caso de que no se llevase a cabo la restauración del inmueble o este se destinase a fines distintos de los acordados.
Se trata de un inmueble de indudable valor arquitectónico y cultural que precisa una fuerte inversión para su rehabilitación, inversión que las distintas administraciones españolas no han podido ofrecer. Por ello, y habiendo estudiado las posibles opciones para su puesta en funcionamiento, se decidió proceder a su cesión a Marruecos, respondiendo así a la oferta del Gobierno marroquí de restaurar y gestionar el teatro a cambio de la cesión de su propiedad y con el compromiso de mantener un componente español en la programación cultural del teatro, teniendo lugar la reversión de la propiedad a España en caso de que no se llevase a cabo la restauración del inmueble o este se destinase a fines distintos de los acordados.
Según informa el Gobierno de España en una nota oficial, esta cesión se ha materializado mediante un Protocolo que por su forma y contenido constituye un tratado internacional, por lo que el texto requiere la previa autorización las Cortes Generales, en los términos del apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, ya que afecta a una cuestión regulada por ley en el ordenamiento jurídico español (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece previsiones específicas en relación con la enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre ellos en el extranjero), tal y como señala el Consejo de Estado en su dictamen de 4 de abril de 2019.
La firma del Protocolo, previa autorización del Consejo de Ministros del 8 de febrero de 2019, se llevó a cabo el 13 de febrero de 2019, y está en aplicación provisional desde esa misma fecha. De este instrumento no resultan obligaciones financieras para la Hacienda Pública, de acuerdo con el informe de la Oficina Presupuestaria de este Ministerio.
