La austeridad llama a la puerta del Parlamento iraquí
El actual Ejecutivo de Irak presidido por Mustafa al-Kazemi, antiguo director del Servicio de Inteligencia iraquí, aprobó el pasado 21 de diciembre una serie de reformas que buscan paliar los efectos que ha ocasionado la pandemia de COVID-19, incluida la caída de los precios del petróleo debido a la menor demanda, también causada por la pandemia. Todo ello con la tensión vivida en las calles del país justo antes del inicio de la pandemia.
Las principales reformas presentadas por Al-Kazemi pretenden alcanzar un déficit fiscal de 72 billones de dinares iraquíes (unos 42.750 millones de euros al cambio actual) y no los 100 billones de dinares que, según el ministro de Finanzas, Ali Allawi, se alcanzarían sin las actuales reformas. Lo que se pretende no es más que aumentar la liquidez del sector público, que ha visto mermados sus ingresos. Alrededor de un 95% de los ingresos públicos provienen de las rentas generadas por el comercio de petróleo, que constituye el 90% de las exportaciones iraquíes.
Así se espera que el Parlamento apruebe este proyecto que hace sus cálculos sobre un estimación de 93,19 billones de dinares (uno 52.100 millones de euros) de ingresos públicos y otros 164,206 billones de dinares iraquíes (unos 91.804 millones de euros) de gastos.
La reforma incluye la deducción del 40% del salario del presidente, el primer ministro y todos los parlamentarios, según el artículo 20 del texto. También el establecimiento de distintos tramos para la recaudación del impuesto sobre la renta. Así, aquellas personas físicas que cobren más de 307 euros aportarán unos 2,8 euros; 5,7 euros para aquellos que reciban más de 335 euros; 14 euros para los que ganen 419 euros; y hasta 391 euros para las rentas más altas, de más de 5.588 euros.
En octubre de 2019 los ciudadanos iraquíes salieron a las calle a manifestarse pidiendo el fin de la corrupción política y reclamando medidas para paliar los fuertes niveles de desempleo que sufre el país de Oriente Medio.
El presidente de entonces, Adel Abdel Mahdi, que en noviembre de ese año abandonó el poder, promovió el mismo mes de octubre la oferta pública de empleo destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años, e intentar paliar las demandas de los manifestantes. Así, según informa EFE, se abrieron 110.000 plazas en el Ministerio de Electricidad. Sin embargo, muchos han dejado de cobrar durante meses por la falta de recursos y la corrupción.
A pesar de ello, la factura del Gobierno ha aumentado y aúna, en su mayoría, a un sector servicios que representa algo más del 50% del Producto Interior Bruto. El Estado tiene bajo su responsabilidad a 4,5 millones de empleados en activo, 2,5 millones jubilados y un millón de personas que reciben subsidios. Según estos datos, aportados por la agencia EFE, alrededor de un cuarto de la población depende de recursos públicos.
El problema recae, por tanto, en la recaudación de los ingresos necesarios para hacer frente a dicha masa de obligaciones. Y es que, según Reuters, el 95% de los ingresos iraquíes son petroleros. Y la caída de la demanda, que conllevó una caída del precio del barril de petróleo –el barril de Brent cayó de los 57 a los 16 dólares– han mermado los ingresos del país.
Todo ello se suma a la devaluación del 20% del dinar iraquí, llevada a cabo a mediados del pasado diciembre, pasando de 1.190 dinares por dólar a los actuales 1.450. Medida tomada, según Allawi, para reactivar el sector privado, la producción local, y evitar la explosión del déficit presupuestario.
El Fondo Monetario Internacional ve con buenos ojos que se den pasos hacia la aprobación de un presupuesto de estas características. El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en Irak, Toker Mirzoyev, añadía la necesidad de una “reorientación fundamental” de la política económica iraquí para mantener la estabilidad económica, tras los sucesos generados por la pandemia.
Las medidas han generado cierto rechazo en la sociedad iraquí. Desde que ingresara el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el 29 de diciembre, el Parlamento mantendrá el debate abierto durante el mes de enero y quizás un poco del mes de febrero hasta llegar a una resolución sobre el presupuesto para este año 2021. Aunque el vicepresidente de la comisión legal de la Cámara de Representantes, Muhammad al-Ghazi, ya adelantó en declaraciones a INA que nunca se aprobaría la ley en su forma actual.
