Rabat pide a Bruselas “asumir todas sus responsabilidades para preservar la asociación bilateral y protegerla de todas las provocaciones y maniobras políticas”

El futuro de los acuerdos de pesca y agricultura entre Marruecos y la UE

AFP/ FADEL SENNA - Los pescadores descargan cajas de pescado en el puerto de la principal ciudad del Sáhara Occidental controlada por Marruecos, El Aaiun
Los pescadores descargan cajas de pescado en el puerto de la principal ciudad del Sáhara Occidental controlada por Marruecos, El Aaiun - AFP/ FADEL SENNA

El pasado 21 de marzo, la abogada general de la Unión Europea (UE), Tamara Capeta, se pronunció sobre la vigencia jurídica de los acuerdos pesqueros y agrícolas entre Marruecos y la Union Europea, invalidados por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) en septiembre de 2021 tras una denuncia del Frente Polisario.

  1. Marruecos pide una “asociación más avanzada”
  2. Décadas de cooperación y desafíos 
  3. “Marruecos y la UE necesitan un acuerdo comercial sólido”

El argumento en el que se basaron los jueces entonces hacía referencia al “consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, como tercero en los acuerdos en disputa”. Por lo tanto, el Consejo Europeo y la Comisión Europea interpusieron un recurso con efecto suspensivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Dentro de este Tribunal, tal y como recuerdan A. Machloukh y S. Chahid en Le Matin, el papel de la abogada general “es proporcionar, con total imparcialidad e independencia, una opinión jurídica sobre un caso, denominada Conclusiones”. “Si la decisión final recae en los jueces, observamos que en la mayoría de los casos coinciden con la postura del abogado general. De ahí la importancia de leer atentamente sus argumentos”, señalan. 

Respecto al acuerdo agrícola, la posición de la abogada general es bastante favorable a Marruecos, ya que, según Tamara Capeta, “estuvo mal que el Tribunal anulara la decisión que aprobaba, en nombre de la Unión Europea, un acuerdo de trato arancelario preferencial con Marruecos en relación con el territorio del Sáhara Occidental”.

Asimismo, el fiscal general recuerda que el Frente Polisario, la parte denunciante, no está reconocido como “representante del pueblo del Sáhara Occidental ni por las Naciones Unidas ni por la Unión Europea”. Este movimiento “nunca ha sido elegido por el pueblo del Sáhara Occidental para encarnar este papel y es imposible determinar con certeza si el Frente Polisario cuenta con el apoyo de (la mayoría de) este pueblo”.

No obstante, Tamara Capeta considera que al Frente Polisario “se le debe reconocer al menos el estatus de representante parcial de este pueblo”. Por ello, plantea que el Tribunal de Justicia confirme su apreciación de que el recurso de primera instancia es admisible, aunque por motivos diferentes.

En sus conclusiones, la abogada general explica que “el pueblo del Sáhara Occidental no puede expresar su consentimiento a quedar vinculado por el acuerdo controvertido”.

El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes residentes en el extranjero, Nasser Bourita - PHOTO/FILE
El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes residentes en el extranjero, Nasser Bourita - PHOTO/FILE

“En el caso particular del pueblo del Sáhara Occidental, no existe ningún representante elegido o aceptado que pueda expresar su consentimiento en nombre de este pueblo”, indica Capeta, quien resalta que, incluso si el Frente Polisario participa en las negociaciones políticas sobre la resolución de la cuestión del Sáhara Occidental, “este papel no es el mismo que el de un representante electo o reconocido del pueblo saharaui que expresa sus aspiraciones colectivas”.

“Este último papel sólo puede asignarse mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte del pueblo saharaui, que la comunidad internacional sigue siendo incapaz de organizar”, afirma en el documento.

En cambio, Marruecos es considerado por la UE como “la potencia administradora” de este territorio. Este estatus le otorga el derecho a firmar acuerdos comerciales, incluido en el Sáhara, y a consentir la aplicación de un acuerdo celebrado entre terceros Estados, siempre que dicho acuerdo cumpla las condiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Imagen de plantación de tomates en Marruecos
Imagen de plantación de tomates en Marruecos - PHOTO/FILE

Igualmente, Tamara Capeta concluye que "la decisión impugnada no viola ni el principio del efecto relativo de los tratados ni el aspecto del derecho a la autodeterminación que se cuestionó en la sentencia Consejo contra Frente Polisario". Sin embargo, insiste en un tratamiento separado para los productos del Sáhara.

Esto supone que las declaraciones aduaneras y el etiquetado del país de origen de los productos procedentes del territorio saharaui indiquen este territorio como el lugar de donde vienen dichos bienes, excluyendo cualquier indicación de un origen en el Reino de Marruecos.

"Esta exigencia se refiere en particular a los productos originarios del Sáhara Occidental que se benefician de un trato preferencial, sobre la base del acuerdo controvertido, cuando se importan en el territorio aduanero de la Unión Europea", explica el documento.

PUERTA DAJLA LATERAL - PHOTO/ATALAYAR
Dajla, Marruecos - PHOTO/ATALAYAR

A diferencia del acuerdo agrícola, todavía en vigor a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal, el acuerdo de pesca expiró en julio de 2023. Según las conclusiones de la abogada general sobre este acuerdo, “de la interpretación adoptada por el Tribunal en estas sentencias se desprende que el alcance del derecho de pesca incluye la obligación de tratar el territorio del Sáhara Occidental como “separado y distinto” del territorio del Reino de Marruecos”.

Según ella, el acuerdo de colaboración en el ámbito de la pesca sostenible no cumple con este requisito. “La ausencia de un tratamiento separado y diferenciado de las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental y de las adyacentes al territorio del Reino de Marruecos en el acuerdo de asociación en materia de pesca sostenible y en el protocolo de aplicación también ha tenido consecuencias para el derecho del pueblo del Sáhara Occidental de beneficiarse de los recursos naturales de las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental”, destaca.

MERCADO PESCADO ECONOMÍA - PHOTO/ATALAYAR
Mercado de pescado en Marruecos - PHOTO/ATALAYAR

Tamara Capeta subraya que, dado que el Protocolo de aplicación expiró en julio de 2023, “actualmente los buques de la Unión no pueden realizar actividades pesqueras en las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental”.

Por ello, propone mantener los efectos de la decisión impugnada durante un período razonable que no exceda de dos años a partir de la sentencia en el presente caso, con el fin de acordar con el Reino de Marruecos las modificaciones necesarias del acuerdo en el ámbito de la pesca sostenible.

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A diferencia del acuerdo agrícola, todavía en vigor a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal, el acuerdo de pesca expiró en julio de 2023 - PHOTO/FILE

Marruecos pide una “asociación más avanzada”

Tras conocer la visión de la abogada general de la UE sobre esta cuestión, el portavoz del gobierno, Mustapha Baitas, subrayó durante una rueda de prensa que “la Unión Europea debe asumir todas sus responsabilidades para preservar la asociación con el Reino y protegerla de todas las provocaciones y maniobras políticas”.

En el caso de que el Tribunal Europeo se alinee con las conclusiones de la abogada general, los dos acuerdos deberán renegociarse sobre nuevas bases. En este sentido, cabe señalar que, pocos días después de que expirara el acuerdo de pesca, el Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos ya había fijado los parámetros para una posible renovación de esta asociación.

Mustapha Baitas
El portavoz del gobierno, Mustapha Baitas - PHOTO/FILE

Baitas mencionó una “asociación más avanzada”, ya que el régimen actual, que consiste en recibir una compensación financiera por el derecho a pescar, “ya no es adecuado”. “El objetivo de Marruecos es crear un valor añadido real”, explicó.

Mohamed-Badine El Yattioui, profesor investigador de Estudios Estratégicos en el National Defense College (NDC) de los Emiratos Árabes Unidos, recalcó a Le Matin que, en caso de que el Tribunal corrobore la anulación de los acuerdos agrícolas y pesqueros, se provocaría “una crisis diplomática y comercial de consecuencias bastante graves entre Marruecos y la Unión Europea, dado que el Reino no podría aceptar un acuerdo aislando el territorio del Sáhara”.

Las valoraciones de la abogada general refuerzan las posiciones de Marruecos - PHOTO/FILE

“Nos encaminaríamos hacia una crisis, en mi opinión, bastante grave, sabiendo que la UE es el primer proveedor y el primer cliente de Marruecos”, añade.

No obstante, El Yattioui matiza que “las valoraciones de la abogada general refuerzan las posiciones de Marruecos”, mientras que el dictamen del fiscal es “desfavorable al Polisario ya que niega su capacidad de representar a las poblaciones del Sahara”, algo que es “claramente una observación a favor de Marruecos”.

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Agricultura en Marruecos - PHOTO/FILE

Décadas de cooperación y desafíos 

Marruecos y la Unión Europea cuentan con una larga experiencia en materia de asociación económica. El primer acuerdo de cooperación se firmó el 26 de febrero de 1996 y entró en vigor cuatro años después. Inicialmente, este acuerdo tenía como objetivo eliminar gradualmente los aranceles sobre productos agrícolas e industriales a lo largo de una década.

Por otro lado, los acuerdos relativos a los productos agrícolas y pesqueros se firmaron en 2010, y no es la primera vez que se enfrentan a obstáculos por parte de la justicia europea. En 2015, el tribunal de primera instancia anuló la decisión del Consejo Europeo relativa a los acuerdos agrícola y pesquero tras una denuncia del Frente Polisario. Esta decisión fue posteriormente ratificada en 2016 por el Tribunal de Justicia del Tribunal Europeo, lo que empujó a Marruecos a suspender toda cooperación.

En febrero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que estos textos eran válidos y se firmó un protocolo que expiró en julio de 2023. Durante este período, en septiembre de 2021, el tribunal de Luxemburgo volvió a anular los acuerdos relativos a la agricultura y la pesca tras una denuncia del Polisario con el pretexto de que se habían celebrado sin el consentimiento de las poblaciones locales.

Banderas de la Unión Europea - PHOTO/FILE
Banderas de la Unión Europea - PHOTO/FILE

“Marruecos y la UE necesitan un acuerdo comercial sólido”

Para El Yattioui, estos acuerdos forman parte de los intereses de Bruselas debido a los problemas en las cadenas de suministro globales. “Ambas partes tienen interés en que los acuerdos se renueven en condiciones mutuamente ventajosas, dada la interdependencia de sus economías y la importancia de su asociación comercial”, explica.

El analista también recuerda que la Unión Europea tiene una “necesidad urgente” de garantizar su seguridad alimentaria dada la problemática situación internacional debido a las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania y las dificultades para adoptar el acuerdo de libre comercio con Mercosur.

“Dicho esto, Marruecos y la UE necesitan un acuerdo comercial sólido”, insiste El Yattioui, quien menciona también las divisiones entre la Justicia europea y los Estados miembros de la UE respecto a la marroquinidad del Sáhara. 

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