Raúl Redondo
Pie de foto: Los parlamentarios llamados para una tercera votación trascendental sobre el acuerdo Brexit de la primera ministra Theresa May. AFP PHOTO/MARK DUFFY/UK Parliament
La Cámara de los Comunes del Reino Unido volvió a rechazar por tercera vez el acuerdo de salida de los británicos de la Unión Europea (UE) al que llegó la primera ministra Theresa Maycon los dirigentes comunitarios, lo que ha supuesto un nuevo episodio en la historia de nunca acabar en la que se está convirtiendo el proceso del ‘Brexit’.
May sometió nuevamente a votación pacto con la UE y se produjo el mismo resultado que en las otras dos ocasiones, es decir, una derrota clara, esta vez por 286 votos a favor y 344 en contra. En esta oportunidad el revés fue menos duro que en las ocasiones precedentes (la primera fue por 242 a favor y 341 en contra y la segunda por 202 a favor y 432 en contra) pero aún así se quedó lejos de poder llegar a ver aprobado su plan de marcha de las instituciones europeas, que necesitaba por lo menos 318 votos a favor.
Después de esta nueva debacle parlamentaria de la primera ministra, se ve más cerca una salida ‘por las bravas’ de Reino Unido de la UE, prevista para el 12 de abril. Los dirigentes comunitarios ya aprobaron en su día la prórroga para el ‘Brexit’ hasta el 12 de abril si no se ratificaba el acuerdo de Theresa May o más ampliada hasta el 22 de mayo si el Parlamento de Westminster daba por fin luz verde al pacto alcanzado por la primera ministra británica con las instituciones europeas. Al no haber finalmente votación favorable para el plan de May entonces se prevé ya la implementación de la marcha desordenada de Reino Unido para dentro de escasos 14 días.
Ante esta situación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó inmediatamente una cumbre europea para el 10 de abril, dos días antes de la fecha estipulada para la salida no ordenada de Reino Unido. Todo con la convicción de que parece muy poco tiempo para preparar mínimamente la separación de los británicos de la UE, sobre todo en cuestiones legales y jurídicas.
Después del rechazo parlamentario, Theresa May señaló que “las implicaciones de la decisión de la Cámara son graves”. “Creo que debería ser un motivo de profundo pesar para todos los miembros de esta Cámara que, una vez más, no hayamos podido apoyar el abandono de la Unión Europea de forma ordenada", aseguró May. La primera ministra también añadió que “la consecuencia legal ahora es que el Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea el 12 de abril. En solo 14 días. Eso no es suficiente para acordar, legislar y ratificar un acuerdo, y, sin embargo, la Cámara de Representantes ha dejado claro también que no permitirá una salida sin acuerdo. Tendremos que acordar un camino alternativo hacia adelante". Aludiendo en este caso a que el Parlamento británico también se opuso en su día a una salida sin acuerdo o ‘Brexit duro’.
Por su parte, el líder opositor laborista, Jeremy Corbyn, exigió la dimisión inmediata de la primera ministra al no poder aceptar ésta que necesitan “un nuevo acuerdo”. “Debe irse”, manifestó el dirigente del Partido Laborista, una formación que solicita ahora la permanencia en la unión aduanera y la celebración de elecciones.
Escenario complicado
Este 29 de marzo acababa el plazo definido dentro del marco del artículo 50 del Tratado de la Unión, que es el que detalla el procedimiento de salida de un Estado miembro de la Unión Europea, tras haber pasado un período de dos años desde que se decidiese la salida de los británicos de la UE tras el referéndum popular celebrado en 2016.
Al desestimarse de nuevo el texto presentado por May ante los parlamentarios británicos, el ‘Brexit’ se producirá de un modo desordenado y sin pactar el próximo 12 de abril, a no ser que la líder conservadora negocie una prórroga más larga (de hasta un año) que situará al Reino Unido en una indefinición jurídica respecto al bloque comunitario durante todo ese tiempo. La última maniobra de May ha sido el último y desesperado intento por evitar un ‘Brexit’ desordenado o, en el mejor de los casos, una prórroga larga e incierta que debería ser negociada y aceptada por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y que, en caso de producirse, obligaría a Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo.
A esta última votación se llegó después de sortear el impedimento que impuso John Bercow, presidente del Parlamento británico (también conocido como Speaker de la Cámara de los Comunes), quien se negaba a que se volviese a votar nuevamente algo que ya había sido rechazado hasta en dos ocasiones consecutivas. Para ello, el Ejecutivo de May sometió a votación esta vez únicamente el ‘acuerdo de divorcio de la UE’ sin más, eliminando del escenario la declaración política que incluía a grandes rasgos la futura relación bilateral entre Reino Unido y la Unión Europea para su posterior negociación en el período de transición y la intención de Reino Unido de abandonar la unión aduanera, sobre lo que no había consenso
El acuerdo de May fijaba un período de transición para establecer la futura relación entre ambas partes (desde la fecha de salida hasta finales de 2020), determinaba los derechos de británicos y europeos (respetándose la situación actual de todos aquellos europeos que estén en suelo británico y de los británicos radicados en Europa antes de la fecha de salida) y detallaba además la factura que debían pagar los británicos por su marcha, unos 45.000 millones de euros.
El gran punto de fricción para muchos parlamentarios del Reino Unido ha estado en la ‘salvaguarda irlandesa’, requerimiento incluido por la UE que supone la inclusión de una frontera física y aduana entre las dos irlandas una vez que Reino Unido saliese del bloque comunitario.
Desde diversas posiciones del bando británico no se desea ningún tipo de pérdida de soberanía y no se acepta la existencia de un control aduanero y fronterizo de mercancías y personas entre la República de Irlanda, Estado independiente y adscrito al bloque comunitario, e Irlanda del Norte, país integrado en el Reino Unido que saldría igualmente de la UE si se produjese el ‘Brexit’.
Los británicos entienden que si se aplicase esta imposición europea quedarían supeditados a la voluntad comunitaria y a una posterior negociación para definir en qué condiciones se da el futuro acuerdo fronterizo y aduanero entre las dos irlandas, algo inadmisible para muchos británicos al considerarlo una subordinación y una pérdida de poder de decisión en territorio irlandés. Este mecanismo supondría la existencia de una unión aduanera con la UE hasta que llegase el futuro pacto para la libre circulación entre las dos irlandas y además vulneraría también los acuerdos políticos que acabaron con tres décadas de violencia en territorio irlandés entre unionistas y separatistas.
En este punto, Theresa May no logró tener finalmente el apoyo de todo su grupo parlamentario conservador al completo, ni de los norirlandeses del DUP, de cara a sacar adelante su acuerdo con la UE.
La situación se complica cada vez más y se agotan las salidas para esta auténtica historia interminable. Parece que todo puede tocar a su fin el 12 de abril con un ‘Brexit duro’ sin acuerdo con la UE, pero puede quedar un último ‘as en la manga’ si se solicita la citada prórroga para intentar las condiciones de salida (que puede ser de hasta un año) o si se llega a una última solución final ‘in extremis’ en forma de elecciones generales británicas o de un nuevo referéndum incluso.
