Arabia Saudí destituye por corrupción al comandante de la coalición internacional
Por decreto real y bajo acusaciones de presunta corrupción. Así ha ordenado el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz al-Saud el cese del comandante de la coalición internacional que lideraba las fuerzas saudíes en Yemen, Fahd bin Turki bin Abdulaziz al-Saud.
Junto con el despido del teniente general, también fueron depuestos varios cargos oficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa debido a las sospechas en varios casos de corrupción, según ha informado la agencia estatal saudí de noticias SPA.
En un comunicado difundido por la agencia saudí se detallaba que: “El rey ha decidido que el teniente general Fahd bin Turki bin Abdulaziz al-Saud se jubilara y se ha tomado la decisión de iniciar una investigación contra él”.
Según señala Arab News, la decisión del monarca se basó en una remisión del príncipe heredero Mohammed bin Salman a la Autoridad de Control y Anticorrupción para investigar lo que el decreto describió como “transacciones financieras sospechosas supervisadas por el Ministerio de Defensa”.
La agencia anticorrupción saudí reveló “corrupción financiera” en el Ministerio vinculado al jefe militar, quien será sustituido por el subjefe del Estado Mayor General, el teniente Mutlaq bin Salim bin Mutlaq al-Azima. Este anuncio marca el último gesto del Gobierno contra lo que la corrupción endémica en el Reino.
Mohammed bin Salman, tras convertirse en heredero al trono en 2017, lanzó, como pilar de sus reformas, una campaña anticorrupción que vio a decenas de miembros de la realeza, ministros y empresarios detenidos. Críticos a Bin Salman dicen que estos movimientos están más próximos a dejar de lado a sus rivales políticos que al afán de limpiar la corrupción del país.
En marzo, las autoridades saudíes arrestaron a casi 300 funcionarios gubernamentales, incluidos oficiales militares y de seguridad, por cargos de soborno y explotación de cargos públicos. Human Rights Watch expresó su alarma por los arrestos y advirtió de posibles “procedimientos legales injustos”.
