La percepción de la corrupción por parte de la población argelina representa uno de los valores más altos del mundo ubicando a los escándalos políticos en una delicada situación a la hora de ocultarse. Según los índices de corrupción de la Organización para la Transparencia Internacional (TI), Argelia ocupa el puesto 116 entre 180 países. Dado que la percepción es lo que se mide y la libertad de prensa se ha visto afectada, el hecho de que no haya cambiado en los últimos años no significa que la corrupción haya disminuido en la nación norteafricana. En cambio, plantea la posibilidad de que los datos sean inexactos.
A sabiendas de que afectaría negativamente las posibilidades del presidente Abdelmadjid Tebboune de mantenerse en un segundo mandato, el Gobierno argelino se apresuró a disipar cualquier interpretación o sugerencia de que está relacionado con los casos más recientes de corrupción política y financiera, vinculándolos a la etapa política anterior y manteniendo lo más lejos posible de lo que llaman la “Nueva Argelia”. Nassim Diyafat, el ministro detenido recientemente acusado de participar en un caso de corrupción política y financiera, fue mencionado por su nombre en un telegrama difundido por la agencia oficial de noticias argelina sin respetar la presunción de inocencia.
El telegrama al que Al-Arab ha podido acceder expresaba que “el caso de Diyafat no es más que evidencia del fin de la era de la impunidad, ya que el tumor ahora está siendo tratado de inmediato para evitar su propagación, como solía ser”.
Las circunstancias que rodearon la orden de destituir al exministro Diyafat de su cargo dieron a las fuerzas de la inercia la oportunidad de difundir información falsa en línea. El telegrama también demuestra cómo la Administración central ha hecho un esfuerzo previsor para lograr dos objetivos: engañar al público argelino y a la comunidad internacional sobre la existencia de corrupción y erosionar la confianza pública en el Ejecutivo inculcando un clima de miedo y sospecha.
Continuó añadiendo que dentro del seno del Gobierno existe tranquilidad absoluta afirmando que no hay ajuste de cuentas, ni persecuciones ficticias, ni siquiera una lista de ejecutivos en sus cargos o fuera de ellos bajo control judicial. Asimismo, se destaca el hecho de que pocos funcionarios de la Administración, incluidos los que ocupan altos cargos en la política nacional, están actualmente o alguna vez han estado involucrados en casos de corrupción, y que los que lo están actualmente, se encuentran en centros penitenciarios. Abdelmadjid Tebboune, por su parte, no se detiene en acusar a quienes, a su juicio, “difunden información falsa”, erradicando todos esos puntos de vista “porque decenas de miles de directivos y responsables de instituciones de todo el país creen que lo contrario es verdadero”.
El telegrama hizo un fuerte énfasis en vincular la corrupción en el país a la etapa política anterior del país y no al Estado, afirmando: “Lo que ha pasado recientemente en cuanto a los escándalos de corrupción que atraviesan la nación, los numerosos desfalcos, contrabando de dinero y todas las formas de tráfico, sin mencionar la complicidad de la oligarquía depredadora con altos funcionarios del Estado, finalmente se acabó”.
Según Al-Arab, el propósito del telegrama era impugnar la información del Gobierno sobre los procedimientos legales que involucran a los ministros de este Abdulaziz Jarad y Ayman bin Abdul Rahman. Nassim Diyafat ha sido el centro de las investigaciones judiciales y de seguridad durante la última semana. Es el representante del primer ministro para las pequeñas empresas. Otros ministros implicados en el caso son Samia Mualfi, ministra de Turismo, Kamal Beljoud, el ministro de Medio Ambiente, e incluso el ministro del Interior.
Si examinamos los ministerios que se han visto más afectados por actitudes deshonestas hacia la población, descubrimos que son ministros que el telegrama considera de “segunda clase” por la distribución que reciben de los presupuestos anuales. Además, estos tenían que ver con el medio ambiente, las industrias tradicionales y los negocios relacionados con los viajes.
Un caso ilustrativo es la detención del exministro delegado y director general de la Empresa Argelina de Construcción de Obras y Estructuras Metálicas, junto a otras 37 personas, en el marco de importantes investigaciones que involucran al Complejo General de Industrias Metalúrgicas y del Hierro (IMTAL), que está siendo investigado por prácticas cuestionables en materia de adjudicación de contratos. La evidencia sugiere que Diyafat usó su posición de influencia a nivel de una de las sucursales del complejo IMTAL para actuar como intermediario para que los miembros de su familia aseguraran tratos de manera turbia e ilegal. También fue acusado de malgastar los recursos públicos, abusar de su poder y otorgar privilegios injustificados a personas ajenas.
El juez de instrucción impuso medidas de control judicial a su esposa, su hermana y la esposa de su hermano mientras esperaban su juicio, obligándoles a comparecer frecuentemente ante el tribunal para firmar.
La incesante caída de ministros del Ejecutivo actual y del difunto Abdelaziz Bouteflika está provocando que los organismos oficiales se desmarquen de todos los afectados por los casos. Que la corrupción se mantenga en las nuevas juventudes que entran a la política nacional y, por ende, estén involucrados y familiarizados con la corrupción, habla más de un sistema corrupto que de individuos deshonestos. Como en todos los sistemas políticos afectados por el virus de la corrupción la mano de los empresarios siempre está presente ya que no tienen la carga moral de eludir a las responsabilidades que el pueblo les otorga en las elecciones.
