Este viernes, un vehículo con tres trabajadores de Médicos Sin Fronteras fue atacado en la región etíope de Tigray. Todos los cooperantes murieron, entre ellos se encontraba la coordinadora de emergencia de MSF española María Hernández. Junto con Hernández viajaban Yohannes Halefom Reda y Tedros Gebremariam, ambos etíopes y de la organización.
Desde MSF ha asegurado que no pararán “hasta esclarecer lo sucedido”, recordando que los trabajadores estaban “ayudando a la población en una región azotada por el conflicto bélico”.
“Perdimos contacto con ellos y el coche en el que viajaban ayer por la tarde, y esta mañana el vehículo ha sido hallado vacío, y a unos metros de distancia, sus cuerpos sin vida”, informó MSF el viernes por la tarde. Debido al conflicto en Tigray, muchos cooperantes de distintas organizaciones humanitarias se han desplazado a la región para ayudar a los ciudadanos.
Etiopía es un punto de inestabilidad en el Cuerno de África que amenaza con convertirse en una de las mayores crisis humanitarias del mundo. La gran variedad de etnias y sus enfrentamientos entre sí constituyen el desafío más grande a enfrentar para lograr la paz en el país. Por el momento, los tigrinos son los que más están sufriendo esta guerra que ha provocado la muerte y el desplazamiento forzado de miles de personas. Entre estos refugiados se encuentran 720.000 niños, según cifras de UNICEF. El organismo de Naciones Unidas señala también los problemas a los que se enfrentan, como abusos, explotación o enfermedades. En el caso de las niñas, son objeto de violencia sexual.
Además del éxodo de refugiados y el asesinato de civiles hay que sumar otras masacres como violaciones generalizadas, saqueos y bloqueos de ayuda humanitaria por parte de las fuerzas nacionales. Mark Lowcock, Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, declaró a Reuters que las tropas gubernamentales estaban “matando de hambre” a los ciudadanos triginos. El Gobierno etíope también prohibió el acceso a los medios de comunicación, creando un silencio informativo en torno a los crímenes que comete contra la población de Trigay. Por todos estos motivos, muchos expertos señalan la posible limpieza étnica que se está llevando a cabo en la región etíope. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya alertó el pasado marzo que los actos en Tigray constituyen “crímenes de guerra y contra la humanidad”.
Esta semana se han celebrado elecciones generales en Etiopía, en medio del conflicto entre las fuerzas armadas nacionales y las milicias rebeldes de la región de Tigray. Aunque los comicios se desarrollasen el día 21 de junio, los resultados todavía no han sido anunciados. Estas elecciones han sido pospuestas dos veces desde agosto de 2020. El primer aplazamiento se produjo por la pandemia del coronavirus, y el segundo por problemas logísticos. Este es, también, el primer proceso electoral del primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019.
De estas elecciones se espera que Abiy Ahmed se proclame vencedor debido a la situación de las otras formaciones políticas. La oposición etíope se encuentra muy dividida, además, a algunos de sus candidatos se les ha prohibido presentarse y otros incluso han sido encarcelados. Asimismo, con sus acciones bélicas en Tigray ha logrado ganar el apoyo de muchos sectores del país que condenan a El Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). Por otra parte, cabe destacar la baja participación ciudadana. De los aproximadamente 110 millones de personas que tiene Etiopía, lo que le convierte en el segundo país más poblado de África, solo 37 millones se registraron para votar, cuando la junta electoral esperaba 50 millones.
Mientras los ciudadanos esperan por los resultados, potencias y organizaciones internacionales se han pronunciado acerca de los comicios. Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, señala que el proceso electoral “no ha sido libre ni justo para todos los etíopes”. Blinken también ha subrayado “el contexto de grave inestabilidad” en el que se encuentra el país africano y la detención de algunos líderes políticos.
La Unión Europea se ha mostrado menos dura que Washington, haciendo un llamamiento al “diálogo nacional” para buscar soluciones pacíficas. Por otra parte, un comunicado del Gobierno británico sí ha condenado el encarcelamiento de miembros de la oposición y el “hostigamiento de los representantes de los medios de comunicación”. Al igual que Bruselas, apoya “la transición de Etiopía hacia una gobernanza más democrática en la que haya un compromiso pleno de la diversa población del país”.
Por el contrario, la Unión Africana ha elogiado las elecciones parlamentarias de Etiopía, asegurando que se desarrollaron “de manera ordenada, pacífica y creíble”. Recientemente, la organización panafricana ha creado una comisión de investigación sobre los sucesos en Tigray. No obstante, desde que comenzó el conflicto en noviembre de 2020, la UA ha respaldado al Gobierno de Adís Abeba declarando que sus acciones militares fueron “legítimas”.
