Africa Watch, Defensores de los Derechos Humanos y la Red Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo (RIDHOD) se ocupan de fomentar la concienciación sobre la cultura de los derechos humanos y aumentar las capacidades de los defensores de los derechos humanos en las regiones del Norte de África y Oriente Medio

Coalición de ONGs saharauis alerta sobre la situación de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf

Campamento de refugiados de Boudjdour en Tinduf, en el sur de Argelia - PHOTO/REUTERS
photo_camera PHOTO/REUTERS - Campamento de refugiados de Boudjdour en Tinduf, en el sur de Argelia

La coalición de ONGs saharauis formada por Africa Watch, Defensores de los Derechos Humanos y la Red Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo (RIDHOD) presentó su nuevo informe enviado a la relatora especial de las Naciones Unidas Mary Lawlor, con ocasión de su visita al Estado de Argelia del 26 de noviembre al 5 de diciembre. El informe trata de arrojar luz sobre la situación de los defensores de los derechos humanos saharauis en los campamentos de Tinduf.

La coalición de ONG saharauis, formada por Africa Watch, Defensores de los Derechos Humanos y la Red Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo (RIDHOD), se ocupa de fomentar la concienciación sobre la cultura de los derechos humanos y aumentar las capacidades de los defensores de los derechos humanos en las regiones del Norte de África y Oriente Medio, supervisar y hacer un seguimiento de las trayectorias democráticas en la región, así como vigilar y documentar las violaciones y restricciones que afectan a los defensores de los derechos humanos y a los actores civiles en general, y presenta informes y organiza paneles de debate, declaraciones y conferencias a este respecto. 

La coalición también se propone adoptar métodos de mediación para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos cuando son objeto de detención, represión u otros actos perjudiciales para el pleno ejercicio de sus funciones.

La coalición interactúa con los mecanismos de las Naciones Unidas durante el examen de los informes de los países de la región o las visitas de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, para proporcionarles información supervisada y documentada de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En respuesta a la invitación del mandato del relator especial sobre los defensores de los derechos humanos, con motivo de su visita al Estado de Argelia en el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre de 2023, proporcionar declaraciones e información relacionadas con las principales leyes y políticas nacionales en vigor en la República de Argelia, que apoyan o restringen la labor de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en general, así como explorar los límites de la expansión y contracción del espacio civil en el país, y poner de relieve los principales retos, obstáculos o restricciones a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor.

Interactuar con el llamado del relator especial sobre defensores de derechos humanos, para apoyar el cumplimiento de sus obligaciones durante la visita al Estado de Argelia, requiere que nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, ejerzamos una gran precisión, integridad e imparcialidad al transmitir información confiable, analizar contextos y describir prácticas estatales relacionadas con el trabajo de los defensores de derechos humanos, para hacer una contribución seria en la protección y promoción de los derechos humanos en la región y difundir ampliamente su conocimiento.

La coalición de organizaciones no gubernamentales trabaja para vigilar, proteger y promover los derechos humanos en los campamentos saharauis de la región de Tinduf, en el suroeste de Argelia, basándose en la convicción de los componentes de la coalición de que existe una necesidad urgente de intensificar el trabajo en esta región para proporcionar información fiable y honesta sobre el estado de los derechos y libertades, y la difusión de muchas acusaciones infundadas que, en muchos casos, contribuyen a confundir a todos los implicados en el ámbito de los derechos humanos, a nivel regional e internacional.

En relación con la visita del relator especial sobre los defensores de los derechos humanos al Estado de Argelia, para evaluar los progresos realizados en el ámbito legislativo y político, así como las mejores prácticas que permitirían mejorar las condiciones de trabajo de los defensores de los derechos humanos, además de identificar los retos y problemas a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en el ejercicio de su labor. 

Este documento se centra en las condiciones de trabajo de los defensores de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, así como en los contextos y obstáculos que impiden a los defensores saharauis disfrutar de sus derechos de expresión, reunión pacífica, educación, salud y otros derechos, además de los retos asociados al conflicto por el Sáhara Occidental y sus resultados.

PHOTO/FILE - Tinduf
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1. Retos relacionados con el conflicto

Desde el establecimiento de los campamentos para albergar a la población saharaui en 1975, en tierras bajo soberanía argelina, estas personas no han sido censadas ni registradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para determinar su estatuto jurídico y asegurarles el disfrute de los derechos garantizados por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967.

Los saharauis de los campamentos se ven privados del estatuto legal de refugiados y del derecho a la vida, la seguridad física, la educación, la salud, la libertad de opinión y expresión, el derecho a la alimentación y la libertad de circulación. 

Este amplio espectro de derechos se ve afectado por la prevención sistemática de las distintas autoridades y organismos de seguridad, ya sean las autoridades argelinas o la organización Polisario.

Basándose en la fragilidad del estatuto jurídico de los saharauis que viven en los campamentos de Tinduf, debido a la negativa de las autoridades argelinas a permitir el censo y registro de los saharauis que viven en los campamentos y a determinar las razones y motivos de su desplazamiento a territorio argelino, si se trata de desplazamientos masivos, deseos personales, represión u otras razones que requieran asilo, así como conocer sus necesidades humanitarias para ser incluidos en los llamamientos para la respuesta humanitaria a los refugiados, así como en los programas del Alto Comisionado, el Programa Mundial de Alimentos y otros donantes internacionales. 

El trabajo de los defensores de los derechos humanos es casi imposible dada la difuminación del escenario y la dificultad del contexto humanitario, político y de seguridad en esos campos.

La Coalición desea recordar al relator especial que la gestión de las actividades de seguridad, judiciales, militares y de otro tipo de los campamentos ha sido delegada a una organización militar llamada "Polisario", desde el establecimiento de los campamentos, y que el país que alberga los campamentos se ha convertido de facto en irresponsable de lo que sucede en esos campamentos durante cinco décadas, en violación de sus obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional, está obligado a proteger a todas las personas sujetas a su jurisdicción legal y judicial, incluidas las personas saharauis que residen en los campamentos de Tinduf.

En su recomendación, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado de Argelia que suprimiera este mandato, que viola el derecho internacional, y trabajara para proteger a todas las personas sujetas a su jurisdicción, incluidos los saharauis que viven en los campamentos, y luego trabajara para garantizar su seguridad y su acceso a los recursos nacionales del Estado, en los casos en que se alegue que han sido objeto de violaciones de sus derechos garantizados en virtud de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Dada la ausencia de seguimiento internacional de la situación en el interior de los campamentos saharauis, está prohibida, según una ley local que sirve de constitución a la organización del Polisario, cualquier formación de asociaciones políticas, civiles y culturales hasta el final del conflicto sobre el territorio, lo que imposibilita la realización de actividades civiles de cualquier tipo, ya sean civiles o políticas, que no cuenten con la aprobación de los responsables del Polisario, o que no estén afiliadas a las ramas paralelas de la organización, y cualquier violación de estas órdenes expone a los infractores a graves violaciones que van desde la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada o la exposición a torturas excesivas, que a veces conducen a la muerte.

REUTERS/RAMZI BOUDINA - Fotografía de archivo, el enviado para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, visita el Museo Militar en el campamento de refugiados de Tinduf, Argelia, 16 de enero de 2022
REUTERS/RAMZI BOUDINA - Fotografía de archivo, el enviado para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, visita el Museo Militar en el campamento de refugiados de Tinduf, Argelia, 16 de enero de 2022

2. Libertad de opinión, de expresión y de asociación en Argelia y en los campamentos saharauis de Tinduf

Aunque el Estado de Argelia ha aceptado varias recomendaciones1 relacionadas con la situación de los defensores de los derechos humanos, éstos siguen sufriendo graves restricciones para llevar a cabo sus actividades2. La Ley nº 12-06 impone estrictas restricciones a la formación de asociaciones y a su recepción de financiación extranjera. La legislación nacional prohíbe las manifestaciones y concentraciones pacíficas sin licencia si se considera, según el criterio de las autoridades, que pueden perturbar la tranquilidad pública3.

La ley estipula penas de prisión para quienes convoquen o participen en concentraciones que perturben la tranquilidad pública4. La falta de independencia del poder judicial5 contribuye a perpetuar el estado de sitio que viven los activistas y defensores de los derechos humanos, como lo demuestran las decenas de sentencias dictadas por los tribunales contra defensores de los derechos humanos, y activistas6 , durante el período comprendido entre enero de 2014, hasta finales de 2016, por cargos relacionados con perturbar la tranquilidad pública, o influir en las resoluciones judiciales, como ocurrió en el caso de Belkacem Khencha y otros 7 miembros del Comité Nacional de Defensa de los Derechos de los Desempleados que fueron detenidos el 28 de enero de 2015, o por cargos de insultar a las instituciones del Estado o difamar e insultar al presidente7.

Los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, no fueron una excepción en el contexto argelino. La organización del Polisario, con plena autorización de las autoridades del país de acogida, impuso numerosos obstáculos y medidas represivas, como la detención arbitraria, la tortura8, la desaparición forzada9, la deportación de los campamentos, y otras formas de represión que el Polisario sigue enfrentando a todos los defensores de los derechos humanos que sostienen opiniones contrarias a sus tesis, especialmente las opiniones de aquellos que apoyan fórmulas contrarias a lo que la organización propone en relación con el conflicto sobre el Sáhara Occidental10.

La coalición constata la imposibilidad de establecer asociaciones y manifestaciones pacíficas en los campamentos de Tinduf, en Argelia, ya que la organización Polisario sólo permite la creación de organizaciones paralelas a ella y sólo garantiza el derecho de circulación y de viajar al extranjero a los militantes que promueven sus tesis. Por otra parte, otros defensores de los derechos humanos están expuestos a restricciones relacionadas con su derecho a la libertad de circulación, ya que las autoridades argelinas se niegan a conceder a los residentes en los campamentos su derecho a salir de Argelia, salvo tras asegurarse de que han obtenido un permiso de salida de la organización Polisario, y a su regreso son sometidos a interrogatorios y a la confiscación temporal de los documentos de viaje por parte de la policía argelina, lo que impide a muchas personas regresar a sus países de residencia habitual fuera de los campamentos.

El legislador argelino sigue sin promulgar una ley que garantice la protección de los defensores de los derechos humanos en el ejercicio de su labor, lo que los hace vulnerables a la detención, la tortura y el encarcelamiento, simplemente por expresar sus opiniones y participar en formas de protesta en diversas partes del país, incluidos los defensores de los campamentos de Tinduf, que sufren doblemente las garras de los oficiales del Polisario, y no pueden recurrir a la justicia argelina, con la justificación de que el país anfitrión delega su jurisdicción en los campamentos a una organización armada, en clara violación de las disposiciones y normas del derecho internacional.

Por lo tanto, los defensores de los derechos humanos que no se cruzan con la organización Polisario en sus políticas dentro y fuera de los campamentos sufren restricciones sistemáticas en sus actividades, y son objeto de abusos en la mayoría de los casos si critican las condiciones humanitarias en los campamentos o promueven un punto de vista que entra en conflicto con el proyecto de secesión del Reino de Marruecos de la organización Polisario.

Las condiciones de trabajo de los defensores saharauis de los derechos humanos son cada vez más sombrías, debido a que el Estado que acoge los campamentos se desentiende de sus responsabilidades internacionales en relación con la protección de estos desplazados desde hace más de 47 años, dejándolos a merced de un actor no gubernamental que posee armas y medios de control y coacción, al margen de cualquier supervisión internacional o de la ONU significativa11.

PHOTO/FILE - Tinduf
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3. Desafíos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos

Uno de los retos más destacados a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en Argelia y en los campos de Tinduf es la falta de un entorno adecuado y seguro para que los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar. Los defensores de los derechos humanos siguen siendo objeto de secuestros, detenciones y torturas en las comisarías y centros de detención irregulares de los campos de Tinduf.

Tal vez la comunidad local de defensores no cuente con un marco legal que garantice su protección en el desempeño de su labor, y existen leyes y prácticas duras en relación con el trabajo de los defensores, especialmente la ley de difamación y la orden ejecutiva de la Carta de Paz y Reconciliación, que impide el debate y la discusión sobre las graves violaciones cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado durante la década de 1990, así como la falta de empoderamiento de los defensores, se impide a las víctimas y a sus familias acceder al poder judicial para evitar que continúe la política de impunidad, que establece un entorno inseguro para el trabajo de los defensores de los derechos humanos, basado en que las autoridades argelinas y el personal de seguridad del Polisario recurren a métodos represivos más duros contra los actores civiles con el fin de silenciar sus voces y limitar sus áreas de actividad e influencia dentro de su sociedad.

La práctica en Argelia se caracteriza por la presión judicial sobre defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas, mediante la emisión de sentencias injustas contra ellos. Por ejemplo, los defensores de los derechos humanos de los campamentos de Tinduf son juzgados ante un órgano militar o son deportados de los campamentos, simplemente porque no están de acuerdo con la línea editorial general de la organización Polisario o sobre su expresión de apoyo a posiciones que no están en línea con la visión del Polisario sobre el conflicto del Sáhara Occidental.

4. Casos especiales para los defensores de los derechos humanos

A las activistas saharauis12 residentes en España se les impidió la libertad de movimiento y fueron detenidas en los campamentos de Tinduf contra su voluntad. Se les negó la libertad de movimiento fuera de los campamentos y no se les permitió regresar a sus países de residencia, tras visitar a sus familias biológicas en los campamentos de Tinduf. Esto se debe a que el Estado de Argelia delegó su jurisdicción sobre los campos establecidos en suelo argelino a la organización armada Polisario, en violación de las normas pertinentes del derecho internacional.

Como continuación de sus prácticas represivas sistemáticas, el Polisario detuvo al periodista y bloguero saharaui Mahmoud Zidane por su defensa de los derechos humanos en beneficio de los saharauis que viven en los campamentos de Tinduf y sus críticas a la política sistemática seguida por el Estado de Argelia y la organización Polisario en relación con la represión de las voces de los defensores de los derechos humanos y los activistas que tratan de comunicarse con los mecanismos de las Naciones Unidas, y como consecuencia el activista saharaui fue objeto de una campaña de estigmatización y traición, y se le llamó espía de partidos extranjeros, además de que funcionarios del Polisario se pusieron en contacto con el citado bloguero para negar lo afirmado en el comunicado. 

Ante la inacción de la comunidad internacional frente a las campañas de secuestro, tortura y estigmatización de traición practicadas contra opositores y defensores de los derechos humanos que no acatan las políticas de la organización Polisario en los campamentos o en sus relaciones con el país de acogida, especialmente en lo que se refiere a la supresión de las libertades de manifestación, libertad de expresión y libertad de circulación de los activistas, la organización Polisario, con la autorización de las autoridades argelinas, secuestró a defensores de los derechos humanos, a saber, Mahmoud Zidane, bloguero y periodista que trabaja para proteger los derechos de los refugiados, Moulay Babouzid, activista perteneciente a la Iniciativa Civil para el Cambio, y el defensor de los derechos humanos, Sr. Fadel Breika El Mahdi, miembro de la Iniciativa Civil para el Cambio, por su oposición a las tendencias del Polisario y su insistencia en hacer oír su voz para que el ACNUR y los mecanismos de derechos humanos para denunciar las graves violaciones cometidas en los campos desde su creación.

Cabe señalar que unidades del Ejército argelino cometieron ejecuciones extrajudiciales de activistas saharauis que trabajaban en actividades de comercio de subsistencia buscando oro en las zonas de los campamentos, y el Polisario detuvo y sometió a tortura a muchas personas saharauis residentes en los campamentos, el último de los cuales fue el Sr. Mohamed Salem Ould Treyih, como resultado de llamar a sus compañeros detuvo el contrabando de ayuda humanitaria asignada a los campamentos, y detuvo un gran camión de gasolina que estaba destinado a la venta en los mercados mauritanos.

5. Aplicación de la Declaración

El Estado argelino no ha adoptado ninguna medida relativa a la aplicación de las exigencias de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, reconocida universalmente como un instrumento internacional especial para proteger el derecho a defender los derechos humanos.

La práctica demuestra que el Estado no garantiza los derechos estipulados en la Declaración, que incluyen la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica, la libertad de opinión y expresión, el derecho a obtener información, a proporcionar asistencia jurídica y a debatir y desarrollar cuestiones de derechos humanos en general. Esto hace imposible crear un entorno adecuado que permita a los defensores de los derechos humanos llevar a cabo su labor.

El Estado ha hecho pocos esfuerzos para promulgar leyes adecuadas a sus obligaciones internacionales en relación con la Declaración sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. Más bien, se ha esforzado por promulgar leyes que limitan el espacio disponible para la sociedad civil en general y para los defensores de los derechos humanos, violando las normas del derecho internacional de los derechos humanos y los requisitos de la Declaración.

Las leyes que regulan el trabajo de los defensores, como la Ley nº 12-06 relativa a las asociaciones y la Orden nº 06-01 que aplica la Carta por la Paz y la Reconciliación y el Código Penal, son todas ellas leyes que vinieron a justificar las violaciones de los derechos humanos y a suprimir el trabajo de los defensores de los derechos humanos y silenciarlos, además de los desafíos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos durante la práctica. Se ha demostrado que las autoridades argelinas no prestan atención a la sociedad civil y trabajan para degradar el papel de los defensores de los derechos humanos.

6. Recomendaciones

Los países participantes en el proceso de examen del Estado de Argelia ante el mecanismo de examen periódico universal formularon un conjunto de recomendaciones relacionadas con los defensores de los derechos humanos y relativas a la reforma de la legislación con el fin de no obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y de los defensores de los derechos humanos, especialmente los derechos relacionados con la libertad de prensa, enmendar la ley relacionada con la difamación y evitar la interferencia judicial para restringir el trabajo de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, enmendar la ley penal que criminaliza la libertad de expresión y opinión en línea y en diversos medios de comunicación social, y trabajar para crear un entorno adecuado y seguro para la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.

Cabe señalar que el Estado de Argelia aún no ha comenzado a aplicar estas recomendaciones, a pesar de haber aceptado muchas de ellas, incluidas las relacionadas con la preservación de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf situados en su territorio y dentro de su jurisdicción, que ha delegado en la organización armada Polisario desde 1975.

7. Buenas prácticas y compromisos

Con motivo del vigésimo quinto aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la coalición pretende organizar cursos intensivos de formación sobre la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, publicarla e introducir los derechos que contiene.

Basándonos en la necesidad que tienen nuestras sociedades de lo que hacen los defensores de los derechos humanos, nos gustaría llamar la atención del relator especial sobre la protección de los defensores de los derechos humanos, para que anime a Argelia a tratar positivamente las cuestiones de los defensores de los derechos humanos, y a mejorar la legislación que regula los derechos humanos, como la ley de prensa y la ley de difamación y el derecho penal, con el fin de crear un entorno seguro y sólido que permita a los defensores llevar a cabo su trabajo adecuadamente, en todo el territorio nacional argelino, incluidos los campamentos saharauis de Tinduf.

REFERENCIAS

1 Recomendaciones nº 80/86/118/123/134/135/137, del informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, en su cuarta sesión, Examen del Estado de Argelia. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/607/78/PDF/G2260778.pdf?OpenElement

2 El Gobierno argelino aún no ha cancelado el estado de emergencia impuesto hace dos décadas. Se trata de una ley que suprime la garantía de algunos derechos, ya que da una sólida justificación a las autoridades para impedir foros, seminarios y toda forma de protesta que no se ajuste a la política general del país, y permite a los servicios de seguridad argelinos detener a personas sin cargos. Los presuntos islamistas figuran entre las víctimas más habituales de esta ley, que a menudo constituye un obstáculo e impide a los defensores de los derechos humanos llevar a cabo su trabajo, al impedirles o detenerles.

3 Se trata de una expresión laxa que permite a las autoridades acallar todas las voces contrarias, dada la dificultad de definir el concepto de tranquilidad pública, tal y como se recoge en el artículo 97 del Código Penal.

4 Artículos 98 y 100

5 El Parlamento Europeo tomó nota del creciente hostigamiento gubernamental contra activistas de derechos humanos y expresó su preocupación por el uso indebido del poder judicial como herramienta para reprimir la disidencia en el país.
https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/07/290733

6 Como el caso del periodista y activista Hassan Bouras, Al-Taher Jahish, el activista Okasha Mahdah y el grupo formado por Dahmane Zenani, de 44 años, Dahman Kirami, de 22, Abdel Ali Gholam, de 34, Muhammad Bukhari, de 32, Ahmed Ben Zamit, de 32 años, y Fathi Hami, de 32 años, y Embarak Ramadani, de 53 años, acusados de desobediencia, participar en una concentración sin armas e incitar a otros a unirse a concentraciones sin armas, durante manifestaciones de protesta en 2014 y 2015.

7 Lo mismo ocurrió en el caso de Hassan Bouras, condenado a prisión, y Zoulikha Belarbi, condenada a una multa por una viñeta publicada en su página de Facebook.

8 El caso de Allal Eddaf, artista preocupado por cuestiones de cambio, democracia y justicia en los campos de Tinduf. Fue objeto de detenciones y torturas en repetidas ocasiones, y sobrevivió a un intento de asesinato tras su sentada frente a la sede del ACNUR en los campos. Fue sometido a arresto domiciliario, se le impidió organizar cualquier actividad artística, fue difamado y tachado de traidor.

9 El caso de Ahmed Mahmoud Bareh, alias Khalil Ahmed. Es uno de los fundadores y miembro de la dirección de la organización Frente Polisario. Fue secuestrado el 6 de junio de 2009. Su familia cree que el motivo de su secuestro fue su desacuerdo con los responsables de la organización en relación con el expediente de graves violaciones de derechos humanos en los campos.

10 El caso de Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud, secuestrado el 21 de septiembre de 2010 en la región de Lamhirez, al sur de Argelia, tras anunciar su apoyo a la propuesta presentada por el Reino de Marruecos para conceder la autonomía al Sáhara Occidental. Sigue refugiado en Mauritania, privado de ver a su familia en los campamentos de Tinduf, por sus posiciones contrarias a la propuesta de la organización Polisario.

11 Cabe señalar que los campamentos se encuentran en el suroeste de Argelia y están sujetos a su jurisdicción legal y judicial. Sin embargo, el país anfitrión no permite en modo alguno las visitas a los campamentos en el marco de las visitas de los mecanismos de procedimientos especiales al país, ni a las organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, si declaran su deseo de supervisar y documentar los derechos humanos en los campamentos.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias llevan años esperando la aprobación para visitar el país, por temor a provocar violaciones directamente relacionadas con los campamentos, o a revelar violaciones flagrantes del derecho internacional con ocasión de la visita.

12 El asunto afecta, entre otros, a: Maalouma Morales, Najiba Mohamed Belkacem, Al-Daraja Mbarak Salma, Mahjouba Mohamed Hamdi Al-Daf, Salka Abaida, Al-Kouria Badbad Al-Hafed, y otros cuya identidad la coalición no pudo confirmar, con la justificación de su carácter inmoral, después de que la misma organización los diera en adopción a temprana edad a familias españolas.

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/20/573e003ce5fdea35468b458c.html

https://www.hrw.org/es/news/2016/03/04/sahara-occidental-retienen-mujeres-en-campamentos-de-refugiados

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