El cerco sobre Trípoli por parte del Ejército de Liberación Nacional (LNA, por sus siglas en inglés) de Jalifa Haftar prosigue ante la resistencia del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) del primer ministro Fayez Sarraj. El Ejecutivo de la capital tripolitana padece severos cortes de agua y electricidad por las últimas acciones de las fuerzas del mariscal Haftar, que desde abril intentan derribar el último bastión rival.
La capital de Libia está actualmente privada del suministro de electricidad, de agua corriente y de gas, y es escenario de combates diarios en los barrios del sur. En una nota oficial, el GNA, sostenido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunció que comandos del mariscal Haftar irrumpieron en la central de Sidi al-Sayeh y cerraron la válvula principal, dejando sin suministro de gas a las estaciones eléctricas que abastecen a los barrios de la zona oeste y sur.
Los cortes han llegado también a amplias zonas de la ciudad-estado de Misrata, aliada del GNA, y a otras ciudades "que se encuentran en completa oscuridad", según fuentes propias de la Administración tripolitana.
La Compañía de Electricidad General de Libia confirmó de esta forma este domingo la interrupción del suministro en el gasoducto de Sidi al-Sayeh y aseguró que la acción había hecho descender en 1.000 megavatios la potencia. "La situación de la red eléctrica es trágica. Estamos trabajando desde la noche para reconstruir la red”, explicó la compañía, que pretende sustituir la potencia perdida con electricidad procedente de las centrales de Al-Zawiya, ciudad situada en la costa oeste, próxima a la frontera con Túnez, y Ubari, en el extremo suroccidental.
La interrupción del suministro eléctrico es el último gran escollo que se suma a la dramática situación que sufre la población en Trípoli y sus alrededores después de que un grupo armado irrumpiese el lunes en una estación de control en Shwerif, impidiendo que se bombeara agua y amenazando a los trabajadores, según reseñó en un comunicado el Proyecto del Gran Río Artificial, que suministra agua a gran parte de Libia.
Esta milicia armada está tratando de utilizar el corte de agua como presión para forzar la liberación de los familiares detenidos, como explicó el coordinador humanitario de la ONU Yacoub El Hillo en una nota oficial.
Dentro de este panorama, el Gobierno oriental de Tobruk, representado por el LNA, busca imponerse definitivamente dentro de una guerra civil libia que se extiende desde hace siete años y que está protagonizada por elementos que materializaron el derrocamiento del dictador Muamar el Gadafi en 2011.
El conflicto bélico en Libia se ha convertido en los últimos meses en un tablero de juego ocupado por diversos actores internacionales. El LNA de Jalifa Haftar y el Ejecutivo Tobruk en el este son apoyados por Rusia, Francia, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos; mientras, en el otro bando, el GNA cuenta con el soporte de la ONU desde 2016 y, más recientemente, con el de Qatar y Turquía, país este último que desplazó a territorio libio equipamiento militar y efectivos armados (incluidos mercenarios pro-turcos a sueldo procedentes de Siria) tras el pasado acuerdo de colaboración suscrito entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro Fayez Sarraj a finales del año pasado.
Este vínculo entre la nación otomana y el GNA libio también se centró en lo económico con un pacto sobre el establecimiento de límites de aguas jurisdiccionales y zonas de explotación valiosas en el arco mediterráneo, donde Erdogan ha puesto sus ojos para la extracción de gas (aspecto este último que provocó la denuncia internacional de Chipre y Grecia, al entrar supuestamente en áreas correspondientes a islas griegas).
A pesar del último compromiso de tregua adquirido en la pasada cumbre de Berlín del 19 de enero, sigue habiendo transferencia de material militar y soldados a las partes enfrentadas. El cónclave en tierras alemanas significó la reunión, por primera vez en años, de los bandos opuestos en el conflicto libio. En el encuentro en la ciudad teutona, Sarraj y Haftar (antiguo miembro de la cúpula militar de Gadafi) acordaron un “plan integral” para solventar el problema de la guerra libia, con la aplicación de un alto el fuego y una comisión de verificación integrada por ambas partes para garantizar que no fuese incumplido. A pesar de esta cita, se vinieron sucediendo episodios violentos y la continuación de la escalada bélica bajo acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego.
Jalifa Haftar controla ya gran parte de Libia tras haber extendido su influencia sobre las grandes ciudades del sur y los yacimientos petrolíferos occidentales de Al-Sharara y Al-Fil; únicamente le queda tomar la ciudad-estado de Misrata y derribar el bastión resistente de Trípoli, sede del GNA y objetivo sobre el que el LNA lanzó una última gran ofensiva que dura ya desde hace un año.
El LNA justifica su acción sobre la intención de acabar con los reductos terroristas refugiados en Trípoli para instaurar la paz en el país y llegar a un posterior proceso político de transición. Mientras, el GNA se presenta como el polo de poder legítimo en Libia frente a lo que entienden como un golpe militar rebelde.
En el último año de asedio sobre Trípoli, desde el 4 de abril pasado, han muerto cerca de 1.700 personas -más de 150 de ellas esta semana-, alrededor de 17.000 han sufrido heridas y más de 150.000 se han visto obligados a abandonar sus hogares.
Por otro lado, la amenaza de la pandemia del coronavirus sigue afectando a Libia y amenaza con seguir propagándose en mitad del conflicto bélico. Hay, de momento, un muerto registrado y 25 casos diagnosticados en el país norteafricano, según cifras oficiales.
