La Embajada de Turquía en Atenas, un nido de espías
Nuevas revelaciones sobre la campaña de espionaje masivo de Turquía a nivel mundial. El diario sueco Nordic Monitor ha tenido acceso a documentos que demuestran que Grecia fue una de las principales víctimas de la iniciativa, promovida por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y articulada por los servicios de inteligencia del país (MIT, por sus siglas en turco).
Según ha podido documentar el periodista de investigación Abdullah Bozkurt, en el blanco de los agentes turcos se situaban nacionales de su mismo país que habían escapado a Grecia por tierra o por mar. Los recientes informes, fechados a principios del pasado mes de febrero, señalan que las personas sometidas a esa estrecha vigilancia eran críticos con las políticas de Erdogan. Muchos de ellos, además, eran seguidores del clérigo Fetullah Gülen, residente en Estados Unidos y uno de los rostros más reconocibles de la oposición al presidente.
En concreto, el documento en poder del Nordic Monitor reconoce que, el 7 de febrero, fue distribuido un dosier de 39 páginas que contenía detalles sobre las vidas de cerca de 300 personas que, anteriormente, ya habían sido perseguidas por motivos políticos en la propia Turquía, con cargos de terrorismo más que dudosos a sus espaldas, y que se las habían arreglado para llegar al país vecino. El firmante no era un agente de inteligencia cualquiera: se trataba de Erdogan Kartal, director adjunto del Departamento de Contraterrorismo en la Emniyet (la poderosa Dirección General de Seguridad).
En el dosier, distribuido por numerosas provincias turcas con grandes medidas de seguridad, se aseveraba que los datos habían sido compilados y facilitados por el MIT, señalado en clave con un “IV” en números romanos. Además, se conminaba a las fuerzas del orden a permanecer vigilantes ante la posibilidad de que se produjesen más salidas del país.
La identificación del MIT mediante este código permitiría a las autoridades turcas, eventualmente, burlar el Código de Procedimiento Penal vigente en el país, pues este prohíbe taxativamente presentar en un juicio como pruebas inteligencia obtenida por medios ilegales o intrusivos, como ocurrió en el caso de Grecia. Así, los documentos internos estaban redactados de tal modo que se buscaba ocultar la identidad de las fuentes para, más tarde, emplear los datos en un juicio contra la persona espiada. Además, los informes de inteligencia se transmitían solamente por canales muy seguros y a las personas pertinentes para así minimizar el riesgo de una filtración.
Nordic Monitor ha podido acceder asimismo a documentos elaborados en octubre de 2019 procedentes de una institución designada con un “V”, el número romano correspondiente a 5. Tal referencia sustituye al Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por Mevlut Çavusoglu. En esos escritos, se detalla que otros 69 ciudadanos turcos y sus familias residentes en Grecia estaban siendo sometidos a vigilancia nada menos que por la Embajada de su propio país natal. La información fue compartida con la sección turca de Europol y la Interpol.
Lo más probable es que el agregado de Interior de la institución diplomática hubiese recibido instrucciones del Gobierno de Erdogan para coordinar desde allí las labores de espionaje, que serían llevadas a cabo no solo por agentes de inteligencia profesionales dependientes del MIT, sino también por los propios integrantes del personal diplomático. Este mecanismo, que viola los principios establecidos en la Convención de Viena de 1961 sobre derecho diplomático, ha servido ya a los intereses turcos en otros países, como Georgia.
La investigación del diario sueco apunta a que este modo de actuar está siendo peligrosamente normalizado en las instituciones diplomáticas que se encuentran bajo el mando de Recep Tayyip Erdogan. Si bien los agentes de inteligencia asignados a Embajadas suelen realizar funciones como meros enlaces, en Turquía parece que la extralimitación en el cumplimiento de sus funciones está, poco a poco, pasando a convertirse en la norma y no en la excepción.
En todo caso, el empleo de las representaciones oficiales en otros países para sus propios fines constituye un síntoma más de la deriva autoritaria y personalista que viene caracterizando a la administración de Erdogan desde hace años; más concretamente, desde el golpe de Estado fallido perpetrado por el Ejército en verano de 2016.
La vigilancia sobre personas críticas con el régimen -y, en particular, sobre aquellos afiliados al movimiento de Fetullah Gülen- es una práctica habitual en, al menos, una veintena de países, según una investigación anterior del propio Nordic Monitor. El caso de Grecia es especialmente delicado. Ankara y Atenas mantienen una rivalidad histórica muy importante, pues han estado en una tensión constante por el dominio del Mediterráneo oriental.
Esas fricciones se han recrudecido en el curso de los últimos meses debido a la política exterior expansionista de Erdogan, que, unilateralmente y haciendo caso omiso de las disposiciones legales vigentes en materia de derecho internacional del mar, ha querido retener para sí los derechos de explotación de las bolsas de gas situadas en la zona. Con Chipre como principal damnificada, Grecia se ha mostrado presta a apoyar al país insular. Otras potencias, como Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Francia, también han censurado oficialmente el modo de proceder de Turquía.
A eso se añade que la reciente apertura de fronteras decretada por Ankara para permitir el paso de refugiados a suelo comunitario puso a Grecia en una situación muy difícil. Así pues, este modo de proceder puede agravar aún más unas relaciones entre dos socios de la OTAN que se encuentran prácticamente rotas.
