Según un alto diplomático estadounidense, el FBI se unirá a la investigación para conocer qué provoco la explosión en Beirut, y quienes son los responsables de la muerte de, al menos 172 personas, y ha instado a un cambio de rumbo en el Gobierno libanés para “asegurarse de que algo como esto nunca vuelva a suceder”.
Las autoridades libanesas han invitado al FBI a participar en la investigación. El subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, quien esta de visita en el país norafricano, recorriendo los lugares más afectados por la explosión del pasado 4 de agosto, como el barrio de Gemmayzeh, aseguró que el Líbano “necesita reformas económicas y fiscales, poner fin al a gobernanza disfuncional y las promesas vacías”.
Ante la incorporación el FBI a las investigaciones sobre la explosión Hume dijo a los periodistas que será “pronto” cuando la agencia federal de inteligencia norteamericana se una “para ayudar a responder las preguntas que sé que todos tienen sobre las circunstancias que llevaron a esta explosión”.
Michel Aoun, presidente libanés ha pedido también la colaboración de la inteligencia francesa y del Reino Unido, como el envió de imágenes de satélite y la llegada de la Royal Navy al puerto de Beirut para inspeccionar la zona.
Cuando se cumplen diez días de la explosión que ha causado 172 muertes, más de 6.000 heridos y todavía entre 30 y 40 desaparecidos, además de más de 300.000 personas que han perdido todas sus pertenencias, la falta de evidencias sobre qué paso está convirtiendo a Beirut en un polvorín. Son continuas las protestas en las calles contra una clase gobernante incapaz y que esta semana dimitió en bloque. Este viernes se espera el nombramiento de los nuevos ministros que, sin duda, se enfrentarán a uno de los mayores desafíos que recuerda el país.
Las pérdidas que se estiman llegan los 15.000 millones de dólares. Esto ha supuesto un duro golpe para una encomia ya paupérrima que superaba un endeudamiento de 85.000 millones de dólares, el 150% de su producto interior bruto; unas cifras de la tasa de paro que llegan a las 700.000 personas, en un país con algo más de 6,8 millones de personas y, hasta ahora, con un rechazo de la ayuda internacional, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, para levantar la economía.
La ayuda internacional tras las imponentes imágenes de la explosión en el puerto de la capital libanesa no se hizo esperar, pero la comunidad internacional advierte, que solo proporcionara estas ayudas si hay una intención clara de reformar el país y dejar a tras los años de corrupción sistemática en el gobierno y en las altas esferas.
Hasta ahora, Washington ha ofrecido 18 millones de dólares en asistencia humanitaria proporcionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los departamentos de estado y de defensa.
Pero lo que más preocupa a Estados Unidos es la presencia de Hizbulá, denominada por la Casa Blanca como una “organización terrorista”, en el gobierno y que los fondos destinados a ayudar a la reconstrucción del país lleguen a las arcas de los chiitas.
El jueves, el Parlamento libanes aprobó un estado de emergencia en Beirut, lo que ha otorgado a los militares amplios poderes, en medio de un aumento de las movilizaciones y de la ira popular contra la clase gobernante. Esta decisión ha sido muy criticada por los activistas, ya que ven esta decisión como un intento de reprimir la disidencia.
Antes de la declaración del estado de emergencia, el Gobierno ya había decretado en la capital libanesa el toque de queda, la prohibición de reuniones públicas y la censura de medios de comunicación como el encarcelamiento de un periodista, así como remitir a civiles a tribunales militares por presuntas violaciones de seguridad. Estas medidas han sido criticadas por grupos de derechos humanos.
El panorama político libanés se ha visto afectado por la explosión. Antes del 4 de agosto, el Gobierno interino, liderado por Hassan Diab, quien asumió el cargo en enero con el respaldo de varios partidos políticos, incluido el musulmán chiita de Hizbula, había propuesto elecciones anticipadas, pero no fue apoyado por el presidente del Parlamento ni por otros grupos políticos.
