El fin de la libertad de prensa en Turquía
El 14 de mayo 85 millones de turcos votaban en las que se suponían las elecciones más importantes del año, así como una de las más importantes de la historia turca debido a la alta posibilidad que había de que Recep Tayyip Erdogan perdiese el poder, tras 21 años ostentándolo.
Hubo, y sigue habiendo, muchas razones por las que una gran parte de la población rogase por poner fin a la era del ‘Hombre Fuerte de Turquía’: el nivel de inflación que llega a alcanzar -y superar- el 100% según expertos independientes, la devaluación de la lira que ha alcanzado mínimos históricos, la concentración de poderes en la figura del presidente -tras el referendum de 2017 que convirtió al país en un regimen presidencialista-, la abolición de derechos sociales a colectivos vulnerables o la mala gestión del terremoto, entre otras cosas. Pero, aunque la lista de razones para poner fin a la parcela de poder de líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), los votantes volvieron a darle la victoria con un 49% del apoyo.
Con este resultado se supone debe haber una segunda vuelta, fechada para el 28 de mayo, pero ya se presupone la victoria de Erdogan. Y esta victoria, de entre todas las consecuencias ya enumeradas, tiene otra la cual va a sumar al país en una censura cada vez más profunda como ha ido haciendo progresivamente Erdogan desde que llegó al poder.
Tan solo tres semanas antes de las elecciones, cientos de periodistas fueron detenidos en una operación que el Estado catalogó com “anti-terrorista”. Reporteros Sin Fronteras posiciona a Turquía en el puesto 165 de 180 en su lista de libertad de prensa. Mumtaz Murat Kok es coordinador de proyectos de la Asociación de Estudios de Medios y Derecho (MLSA) con sede en Estambul, una organización que lleva seis años siguiendo los procesos de legales de aquellos periodistas -y otros profesionales- procesados por ejercer su profesión, él me explica que “es importante saber que la prensa nunca ha sido libre en Turquía porque desde que se estableció la República estuvo bajo estricto control”.
Este año se conmemoran cien años del establecimiento de la República de Turquía -en 1923- algo que supuso un cambio en el régimen del país tras alejarse de los preceptos otomanos y caminar hacía la República implantada por Mustafa Kemal Atatürk. Además, en 2005 el país iniciaba su camino hacia la membresía de la Unión Europea, “con el proceso de la Unión Europea, los medios empezaron a ser más plurales y hubo menos presión sobre las libertades de prensa y expresión”, explica el joven. Un camino que se interrumpió en 2018, “debido al continuo retroceso en las reformas en áreas clave de la estrategia de ampliación, en particular en el funcionamiento del sistema democrático, el respeto de los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial”, recita la decisión de la Comisión Europea a este respecto.
“En Turquía, después del intento de golpe de Estado en 2016 había más de 140 periodistas en prisión, pero o fueron liberados o finalmente fueron absueltos. Ahora, nuevamente, vemos que la cantidad de profesionales de la información en prisión está aumentando”, explica Murat. De acuerdo con la asociación para la que trabaja, actualmente hay 67 periodistas en prisión, pero si consultamos estos datos en la Asociación de Periodistas de Turquía la cifra es de 48, y si vamos al Comité de protección de periodistas esta desciende a 33. “El problema de esto es que en Turquía no hay un acuerdo, por decirlo de alguna manera, de lo que es un periodista”, puntualiza el experto.
Reporteros sin Fronteras ya alertaba en su informe que el 90% de los medios nacionales están en manos del gobierno, algo que pudo notarse durante las elecciones del pasado domingo; el recuento de votos variaba cuando se consultaban las cifras en medios nacionales e independientes.
El gobierno del AKP con Erdogan a la cabeza hace tiempo que tomó la dirección de la autocracia, lo que ha puesto en una situación muy delicada al pluralismo de los medios de comunicación. Expertos de la comunicación contrarios al gobierno se han visto en vueltos en procesos judiciales, campañas de acoso contra su figura e incluso condenas de prisión. Ejemplo de ello fue el encarcelamiento de Diren Yurtsever, editora de la agencia de noticias pro-kurda Mezopotamya (MA) el pasado año, junto con otros diez periodistas. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), “el motivo del arresto masivo sigue sin estar claro, pero los abogados que representan a los periodistas dijeron que todos ellos han negado cualquier conexión con un grupo terrorista”.
Según la MLSA, el 53,9% de los cargos aplicados en los casos judiciales que ha seguido eran por ‘hacer propaganda de una organización terrorista’ y el 39,1% por pertenecer a una. “En realidad este concepto siempre se hace difícil explicar a los socios europeos o los periodistas europeos porque en Europa, creo, hay aspectos muy comunes cuando se trata de organizaciones terroristas. Pero en Turquía no están definidos, existen muchas organizaciones terroristas. La última el Fethullah Gülen”. El Fethullah Gülen, también conocido como FETÖ, un movimiento ultra conversador y antiguo aliado de Erdogan quienes le ayudaron a llegar al poder hasta que este les acabó acusando del golpe de Estado en 2016 catalogándolo como organización terrorista.
“Tan solo el mes pasado seis periodistas fueron detenidos en Ankara, casi todos ellos kurdos. Y cuando miras las acusaciones, son las mismas que hace 60 años”, cuenta Murat. El problema kurdo ha sido uno de los ejes centrales tanto de los programas de los partidos que competían en la carrera electoral, como de la campaña. Y es que el tono anti-kurdo de Erdogan también se ha incrementado, quien tiende a acusar de “promoción o colaboración con el PKK” a cualquier profesional de la información o activista que alce la voz por los derechos de esta minoría. Así le pasó a Kadri Esen, editor del periódico kurdo Xwebun, el pasado mes. Junto a Esen, fueron detenidos Osman Akın, editor de noticias del diario pro-kurdo Yeni Yaşam y Beritan Canözer, reportera del sitio web de noticias pro-kurdo para mujeres JINNEWS, entre otros. Todos ellos fueron acusados de lazos con el PKK y los cargos aún están por dictaminarse.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más conocido como PKK, es una organización reconocida como terrorista por Turquía y la Unión Europea. El grupo centra su acción en la lucha por la independencia de Kurdistán y la autodeterminación de las minorías de las zonas de mayoría kurda siguiendo un modelo confederalista democrático. El Estado tiende a catalogar a las principales voces del pueblo kurdo como parte de esta organización a pesar de no tener pruebas de esta supuesta conexión; como fue la encarcelación de Selahattin Demirtaş, líder del Partido Democrático del Pueblo (HDP), cuya liberación ya ha sido reclamada por el Tribunal de Estrasburgo.
El activista me informa que los periodistas [o activistas] kurdos son los más perseguidos ya que “informan sobre temas que no son aceptables para una mayoría en Turquía. Por ejemplo, se presenta como un delito hablar sobre las condiciones de la prisión, pero es un tema de Derechos Humanos”. Sin ir más lejos, la autora y poeta Meral Şimşek se enfrenta a cargos acusada de “miembro de una organización terrorista” por sus poemas los cuales compartió en las redes sociales, numerosos escritos encontrados en su ordenador y premios en los que se escribieron mensajes de felicitación en kurdo. Escritos que fueron usados como pruebas durante el proceso. De todos los procesos que rastrea la MLSA, en más de la mitad de ellos, fueron publicaciones en redes sociales las evidencias usadas para incriminar a los procesados como ‘miembros de una organización terrorista’. “Es mucho peor que una publicación en las redes sociales; durante proceso de membresía de la UE, la ley turca fue enmendada para evitar el uso indebido de testigos confidenciales, pero en las cuatro o cinco últimas investigaciones en las que se arrestaron a 33 periodistas, todas las acusaciones venían de testigos confidenciales”, cuenta Murat.
La incriminación, el arresto o las condenas no son los únicos mecanismos usados por las instituciones turcas para callar a aquellos que cuentan lo que no quieren que sea contado. Campañas de difamación, no solo hacía el trabajo de estos profesionales, sino también hacía sus vidas privadas, son otras de las estrategias usadas para amedentrarlos. Sedef Kabaş, es una periodista con una gran carrera a sus espaldas, en 2022 fue arrestada por insultar a Erdogan. Un arresto al que le siguió una gran campaña de desacreditación contra su persona. “El mismo día que la arrestaron empezó a circular el rumor de que estaba en una habitación de hotel con un hombre que no era su marido”, me cuenta Murat. “Trataron de desacreditarla a través de estas cuestiones relativas a feminidad”.
Con todo esto es lógico plantearse el tipo de información que llega a la población. Y es que, como ya se ha dicho, el 90% de los medios de comunicación pertenecen al gobierno, y los intentos de medios independientes no solo son atacados o prohibidos, sino también cargados a multas. La única posibilidad que estas plataformas independientes tienen es el uso de las redes sociales y aun así, “son censuradas”.
En un estudio llevado a cabo por la agencia de noticias independiente Bianet, se denunciaba la degeneración de la situación de medios de comunicación y profesionales desde 2015 hasta día de hoy. Además, en un informe donde sacan a la luz el trato a los medios de comunicación previo a las elecciones la web denunciaba “prohibiciones arbitrarias de acceso a las publicaciones y posts de periodistas que traen temas de agenda, y discuten temas como las irregularidades y casos de corrupción a raíz de los sismos previos a las elecciones del 14 de mayo”.
Murat tiene claro que “esta vez la censura mató a gente”, en referencia al terremoto que asoló la zona sur del país el pasado febrero. “La gente estaba tuiteando desde debajo de los escombros. Estaban grabando videos de TikTok explicando su ubicación. Pero un par de horas después del terremoto, el gobierno decidió restringir el acceso a las plataformas de redes sociales, como TikTok y Twitter, todos estos mensajes se detuvieron, y los equipos de rescate no pudieron llegar a esos lugares”, cuenta aún afectado el activista. También lo denuncia en su informe Bianet, “el estrangulamiento del ancho de banda implementado en el servicio de Internet después del terremoto causó sufrimiento tanto a los periodistas como a las víctimas del terremoto”.
Turquía consiguió justificar el bloqueo de acceso mediante la Ley N° 5651 sobre el Reglamento de Publicaciones en Internet y Supresión de Delitos cometidos por medio de tales publicaciones que entró en vigor en 2007. Debido a esto, el número de plataformas o espacios bloqueados aumentó a un total de aproximadamente 467.000 por el final de 2020. En esta cifra se incluyen publicaciones como Deutsche Welle. Freedom House lleva desde 2013 calificando a Turquía como “no libre”. Reporteros Sin Fronteras no para de bajar la posición de Turquía en sus informes anules. La cifra de periodistas encarcelados asciende a 40, según el Comité para la Protección de Periodistas, una cifra que se eleva a 67 si consultamos los datos de la MLSA.
Mumtaz Murat fue llevado a la comisaría y retenido durante horas la pasada semana por observar las protestas de la Madres de los Sábado, un grupo de manifestantes inspiradas en las Madres de la Plaza de Mayo que se reúnen cada sábado desde 1995, reclamando por sus familiares desaparecidos durante los noventa en Turquía. Le pregunto si no tiene miedo de que le pase a él algo, y él me asegura que “no soy tan importante. Estoy en el fondo de la lista de la gente que les preocupa”.
A la semana siguiente voy con ellos [observadores de Derechos Humanos] a la concentración de las Madres del Sábado: protestantes, periodistas y activistas se preparan para ser detenidos. “Nunca habíamos visto tantas fuerzas policiales”, dicen sorprendidos sabiendo que algo va a pasar. Decenas de policías y antidisturbios se organizan en la plaza de Galatasaray; autobuses aparcan sabiendo que va a haber detenidos. Tras menos de diez minutos de lectura de manifiesto, los antidisturbios ya han rodeado a los, exactamente, 18 manifestaciones y les están poniendo las esposas y metiéndolos en el autobús policial. Özlem Zıngı, abogada defensora de Derechos Humanos, acudió a la manifestación como observadora de la ONG Centro de Memoria, Justicia y Verdad (Hakika Adalt Hafiza Merkezi, en turco), justo antes de irse con los detenidos para asistirlos durante la detención me dice “todo esto que has visto no ha sido más que una demostración del uso de la fuerza”. La manifestación se produjo cinco días después del resultado de las elecciones que prácticamente le dio la victoria a Erdogan, “quieren dejar claro lo que viene”. Tras esta última frase Zıngı se va junto con los protestantes, activistas y periodistas que acaban de ser detenidos en plena plaza de Galatasaray mientras turistas seguían su recorrido sin siquiera ser conscientes de la violación de Derechos Humanos que acababa de producirse junto a ellos.
