El Fórum Canario Saharaui ha emitido un comunicado oficial en el que tilda de “farsa judicial” la comparecencia telemática que tuvo lugar el pasado 1 de junio como consecuencia de dos querellas presentadas contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en las que se le acusa de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad.
Brahim Ghali llegó a España el pasado mes de abril para ser tratado de la COVID-19, y fue ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño. Este hecho ha provocado una crisis diplomática con Marruecos que ha acusado a España de no respetar el espíritu de buena vecindad al no haber notificado la presencia de Ghali a las autoridades alauí. Por su parte, el Gobierno español ha explicado que acogió al líder del Frente Polisario por “razones humanitarias” y que no se interpondría entre la Justicia y Ghali.
Tras su comparecencia ante la Justicia española, y tras no establecer ésta medidas cautelares contra Ghali, el líder del Frente Polisario cogía un avión fletado por Argelia para abandonar definitivamente España y ser hospitalizado en el país africano, donde recibió la visita del presidente de Argel, Abdelmadjid Tebboune.
Al respecto de la reciente salida de Brahim Ghali de España, después de su internamiento en el Hospital San Pedro de Logroño para tratarse de Coronavirus invitado por el Gobierno de España, especialmente por su ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, este Fórum Canario Saharaui expone lo siguiente:
Con respecto a la comparecencia telemática del citado Ghali ante la Audiencia Nacional, no podemos sino expresar nuestra más sincera reprobación a la actuación y administración de la justicia durante lo que a todas luces pareció una auténtica farsa judicial. En ese sentido, lo que transmitieron el desarrollo de los hechos el día de la comparecencia, fue que al querellado Brahim Ghali —presunto violador, tanto de Derechos Humanos como de mujeres, según las propias querellas y acusaciones recogidas durante los últimos años— se le ha puesto una vergonzosa alfombra roja con objeto de que pudiera eludir sus responsabilidades penales y, por ende, el Gobierno pudiera salir indemne del atolladero en el que se había sumido durante las últimas semanas desde su clandestina a España, facilitada por el propio Gobierno e inesperadamente puesta al descubierto por los medios de comunicación, con el consiguiente desgaste para dicho ejecutivo. Una actitud la de nuestros representantes judiciales aquel día, que dejó mucho que desear profesionalmente. Empezando por la del juez, Santiago Pedraz, de conocido tinte progresista, (curiosamente, casualidad o no) al igual que el ejecutivo español, el abogado defensor y la mayoría de los simpatizantes del Polisario en España. Y terminando por la del Fiscal, cuya indolencia a la hora de desempeñarse en este caso fue profesionalmente reprochable.
Todo ello se explica por lo siguiente. Obviamente, era de esperar que el ínclito Ghali negase las denuncias por torturas, detención ilegal y genocidio en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) que le imputan varias víctimas en sus querellas, y se negase a responder a las acusaciones. Pero llegados a este punto nos asaltan varias preguntas, ¿Por qué el juez instructor no le formuló pregunta alguna a Brahim Ghali? ¿Por qué, dado que Ghali se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones, el fiscal no llevó a cabo un interrogatorio más exhaustivo? En ese sentido, el fiscal apenas hizo tres o cuatro preguntas muy genéricas, para preguntar de forma muy somera cuestiones tan superficiales como “si negaba los hechos” o “si conocía a las víctimas”, es decir, toda una pantomima de interrogatorio. Y, por último, si desde esta causa se había enviado una comisión rogatoria a Argelia hace algunos años, que incluía un pliego de nada menos alrededor de 30 preguntas ¿Cómo es posible que el fiscal no se valiera de dicha batería de preguntas, o que estas le sirviesen de pauta, para interrogar con un mayor celo profesional al querellado? Máxime cuando hay informes forenses testigos que señalan a Ghali, uno directamente como uno de los torturadores y otros cuatro como responsable de esos hechos.
Lo que se desprende de todo esto es que, o bien el juez y especialmente el fiscal no llevaban bien aprendida la lección, en una clara dejación de funciones, o bien lo que sería una alternativa mucho peor, que se ha mirado para otro lado con una clara finalidad política. Esto último sin duda nos hace mostrar una honda preocupación, por cuanto pondría en tela de juicio la independencia de nuestro sistema judicial y la separación de poderes de nuestra democracia, dando además una imagen deplorable de la misma hacia la opinión pública a nivel nacional e internacional. En este punto cobraría sentido aquella máxima de que “cuando la política y el derecho coinciden, normalmente suele ser en perjuicio del derecho”.
El culmen del sainete llega con el repertorio de vuelos de aquel día procedentes de Argelia, lo cual nos lleva a una conclusión, si el juez Pedraz consideraba que no son necesarias medidas cautelares, y que no interpreta riesgo de fuga. ¿No era acaso rescatarlo la iniciativa del avión que fletó Argelia y que tuvo que abortarse en plena travesía? Y todo ello nada menos que en el día de su declaración, sin pudor. Sin esperar ni un solo día al menos. En cualquier caso, utilizando la ironía, y a la vista de la reciente propensión de nuestro gobierno por esta medida de gracia, no deberíamos descartar que el gobierno hubiese sido capaz de indultar a Brahim Ghali si este hubiese terminado inculpado. Un gobierno que con respecto a este caso sigue escondido y sin dar explicaciones, especialmente dada la gravedad del caso y sus repercusiones.
En espera de que se lleven a cabo los correspondientes recursos al despropósito judicial anteriormente expuesto, nos congratulamos de que al menos en los juzgados de Logroño impere la cordura, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital riojana, el magistrado José Carlos Orga, ve indicios de “la posible existencia de un delito de falsificación por particular de documento público o mercantil”. Es decir, que desde Logroño se investiga si Brahim Ghali entró en España con documentación falsa el pasado abril tras admitir a trámite la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias el pasado 21 de mayo. En esa denuncia, se considera que Ghali pudo cometer un delito de falsedad documental “al registrarse con una falsa identidad a su llegada a España”.
En relación al abogado defensor contratado por el señor Brahim Ghali, el señor Manuel Ollé, le invitamos a que reflexione sobre sus mofas a las víctimas de estas querellas y sobre su defensa a ultranza de un personaje con muchas más sombras que luces (si es que alguna vez tuvo alguna luz). Cuando de un abogado y profesor universitario con una cierta trayectoria salen palabras como “pediremos inmediatamente el sobreseimiento provisional de la causa y, desde luego, por la mala fe con la que se ha utilizado el Derecho Penal para lo que nunca se debe utilizar, que es con fines políticos”, lo que demuestra es no haberse molestado siquiera en conocer los hechos y en tener un mínimo de sensibilidad con las víctimas de violación de derechos humanos de su representado. Sin duda es el propio Ollé el que demuestra tener una clara intencionalidad política en su utilización de este caso, con un tono más propio de un militante o activista que de un profesional del derecho.
Poniendo como ejemplo la querella más reciente, la interpuesta en la Audiencia Nacional por Fadel Breica por detención ilegal, torturas y lesa humanidad cometidos en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), tal vez debiera saber el señor Ollé cuando dice que “los querellantes, subidos a ese desleal carro de la justicia, relatan hechos pero huérfanos de cualquier sustento mínimo probatorio”, que los hechos descritos en la querella de Breica, no solo fueron denunciados por entidades del calado de Human Rights Watch, a través de su directora adjunta de Medio Oriente y Norte de África, Lama Fakih, sino que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (GTDA/ONU) del Consejo de Derechos Humanos, en su “opinión núm. 7/2020, relativa a El Fadel Breica” (A/HRC/WGAD/2020/7), detalla, entre otras conclusiones a lo largo de diez páginas, que el señor Breica “ha sido secuestrado, sin que se le presente ninguna orden de detención, tampoco sin ser informado de las razones de su detención, y no fue llevado ante un juez durante los 4 meses de su detención”.
Es decir, que el hecho de que la justicia española no haya querido ver más allá (de momento) en estos casos no quiere decir que no hayan ocurrido o que el susodicho Brahim Ghali no esté implicado. Algo de lo que no tenemos ninguna duda dado el conocimiento que tenemos, tanto de la cuestión del Sáhara en general, como de las víctimas del oscuro personaje llamado Brahim Ghali en particular. Finalmente, estas manifestaciones del señor Ollé, no hacen sino poner de manifiesto, una vez, más los obtusos e incondicionales apoyos —todo por la causa, incluidas violaciones de Derechos Humanos— que tradicionalmente maneja el Frente Polisario en España, desde diversos ámbitos (político, académico, etc.). Sin duda el señor Ollé es uno de los mejores ejemplos de ello.
