El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, recibió en la noche de este martes, sobre las 21:30 horas, el alta hospitalaria voluntaria por parte del equipo médico que le ha tratado desde el pasado mes de abril aquejado de coronavirus en un estado muy grave. Ghali tenía previsto abandonar España con destino a Argelia durante la madrugada de este martes, desde el aeropuerto de Pamplona, en un avión civil fletado por el gobierno argelino.
El anuncio de la salida de España de Ghali lo realizó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mientras era entrevistado en un programa de televisión. El Ministerio español de Asuntos Exteriores emitió un comunicado confirmando que Brahim Ghali se marchaba de España, que Marruecos había sido informado de esta circunstancia por canales diplomáticos, y que la salida se realizaba con todos los permisos correspondientes tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de no adoptar medidas cautelares ni prisión provisional como solicitaba la acusación presentada por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en los campamentos de Tinduf.
En el auto dictado por el juez, tras dos horas de comparecencia telemática de Brahim Ghali desde el hospital de San Pedro de Logroño, se recoge que no se aprecia riesgo de fuga y que tanto el juez como la fiscalía entendían que no había indicios, aparte del relato de las querellas, de los hechos de los que le acusaban.
El juez indica que “el informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que Ghali entró en España ilícitamente”.
La presencia del líder del Frente Polisario en España ha sido uno de los elementos clave que han provocado una grave crisis en las relaciones entre España y Marruecos, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber informado ni dado explicaciones de la decisión de acoger por razones humanitarias a un enemigo de Marruecos, considerado un criminal de guerra.
