El Frente Polisario se enfrenta a su mayor crisis con España desde hace 30 años

 

 

Cuando el 1º de octubre Atalayar publicó en exclusiva para los medios hispanohablantes la noticia del secuestro de la española Mayuba Mohamed Handidaf de 23 años, por sus padres biológicos saharauis en Tinduf (Argelia), estábamos lejos de suponer que este acto iba a desencadenar la mayor crisis a la que se enfrenta el Polisario con España desde hace tres decenios.  Más allá de la indignación suscitada por el delito que supone la retención de Mayuba contra su voluntad y el aislamiento forzado a la que está siendo sometida, este caso está desatando un movimiento de solidaridad nunca visto anteriormente entre la población y la opinión pública españolas e iberoamericanas, y sobre todo un rechazo sin paliativos por las Administraciones regionales y locales españolas. La última crisis entre España y el Frente Polisario fue en 1985, cuando un comando armado saharaui ametralló el pesquero español ‘Junquito’ matando un marinero y secuestrando los seis restantes. Tras arduas negociaciones llevadas a cabo en Argel por el Gobierno español con la mediación de las autoridades de Argelia, el Polisario accedió a liberar los secuestrados.Desde entonces las relaciones entre las autoridades españolas y el Polisario han sido más bien tibias, si bien con la sociedad civil han sido intensas.  

 

La decisión de la Diputación de Valencia de suspender todos los convenios firmados con el Frente Polisario relativos a ayudas humanitarias, puede suponer un golpe mortal para la existencia misma del movimiento independentista. Porque si bien es cierto que la seguridad y la salvaguardia territorial de los campamentos de refugiados en Tinduf depende del país anfitrión, es decir Argelia, su vida diaria y su supervivencia dependen en más de un 80% de las ayudas que reciben de España. Prácticamente la casi totalidad de las Comunidades autónomas españolas, de las instituciones regionales y locales como los Ayuntamientos, dedican una parte de sus fondos solidarios a las ayudas a los saharauis de los campamentos de Tinduf. Son cientos, si no miles, los organismos públicos que mes tras mes envían fondos, medicinas, material, medios de transporte, víveres, a los cien mil refugiados saharauis de Tinduf. Sin esas ayudas, el Polisario se vería obligado a deshacer los campamentos y se quedaría sin retaguardia. Las ayudas a la estructura militar del Polisario no dependen de España, pero la ayuda humanitaria sí. 

 

En tales circunstancias, el movimiento dirigido por Mohamed Abdelaziz se va a ver obligado a tomar cartas en el asunto seriamente, pues de ello depende su futuro; y ello independientemente de los aspectos jurídicos del asunto, que suponen la “obligación legal” de las autoridades judiciales argelinas de intervenir al tener conocimiento de un “delito cometido en suelo argelino” tras la notificación que le ha sido enviada por la Asociación Alkarama desde Ginebra (Suiza), y del Frente Polisario por ser el responsable legal ante las Naciones Unidas de todo lo que ocurre dentro de los campamentos de refugiados en Tinduf. Las muestras de solidaridad con la española Mayuba por parte de asociaciones, de medios de comunicación, de organismos y entidades oficiales tanto en Espala como en Iberoamérica, ha llegado también a los colectivos saharauis que combaten la corrupción, el clientelismo y el nepotismo practicado por la actual dirección del Polisario entre sus filas como el grupo ‘Saharauis indignados’, y los que denuncian la falta de derechos y libertades en los campamentos de Tinduf. Algo que la cúpula dirigente encabezada por Mohamed Abdelaziz no se esperaba, y que suscita el resurgimiento de un movimiento democrático en el seno de la formación independentista.