Las protestas que comenzaron en octubre del año pasado por el asesinato de Mahsa Amini dejaron, represión policial mediante, decenas de miles de detenidos en Irán. La violencia de las fuerzas armadas de Teherán siguió la línea que la dictadura había empleado en anteriores ocasiones ante tales protestas, aunque, esta vez, el líder supremo ha decidido conceder un indulto para buena parte de los detenidos. No obstante, para poder verse beneficiado por este, será necesaria una “declaración de arrepentimiento y un compromiso escrito de no reincidir en un delito similar”.
Se trata de un cambio importante respecto a la férrea postura que había mostrado el régimen desde que comenzasen las protestas hace algo más de cuatro meses. Aunque, si se mira desde una perspectiva histórica, este anuncio no resulta tan sorpresivo como aparenta. El 11 de febrero se conmemora el aniversario de la Revolución Islámica de 1979, y parece haberse convertido en costumbre que, en vísperas de esta celebración, el líder supremo Alí Jamenei conceda indultos a ciertos presos, aprovechando esta ocasión para poner el foco en los detenidos durante las manifestaciones.

Los medios iraníes han informado de que “los presos que no estén acusados de espionaje para agencias extranjeras, contacto directo con agentes extranjeros, asesinato, destrucción e incendio provocado de propiedad estatal serán indultados”. Sin dar un número exacto, los mismos medios apuntan a que podrían ser “decenas de miles”, aunque, eso sí, ningún detenido que cuente con doble nacionalidad será puesto en libertad.
Esta oleada de indultos viene precedida por una carta del presidente del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, en la que asegura que muchos de los detenidos son jóvenes que se han visto influenciados por propaganda extranjera: “Durante los eventos recientes, varias personas, especialmente jóvenes, cometieron acciones incorrectas y crímenes como resultado del adoctrinamiento y la propaganda del enemigo”. Una idea que refuerza el mensaje lanzado por Teherán desde el inicio de las protestas, alegando que el origen de estas era una campaña orquestada desde el exterior.

Es más, el presidente del poder judicial hace hincapié sobre esa idea en la carta enviada a Alí Jamenei diciendo que se ha conseguido “frustrar los planes de los enemigos extranjeros de las corrientes antirrevolucionarias”, al tiempo que asegura que “estos jóvenes ahora se arrepienten de sus acciones”. Además, los canales oficiales del Gobierno iraní han subrayado que “aquellos que no expresen arrepentimiento por sus actividades y se comprometan por escrito a no repetir esas actividades, no serán indultados”.
Según el Grupo de Derechos Humanos de Irán con sede en Noruega, más de cien personas se enfrentan a la pena de muerte. Hasta el momento cuatro personas ya han sido ejecutadas por el régimen, lo que ha provocado un descenso drástico en el número de manifestantes en las calles iraníes. Esto, junto al anuncio de los indultos, espera acabar con la crisis abierta en octubre. No obstante, los activistas defensores de los derechos humanos no han tardado en reaccionar a esta decisión diciendo que “el perdón hipócrita de Jamenei no cambia nada”, expresan desde el organismo.

Y es que este grupo cifra en 500 los manifestantes asesinados – 70 de ellos menores de edad – durante las protestas, vidas que no se van a ver afectadas con una medida cuyo único objetivo es volver a controlar a una población sometida desde hace 44 años por la dictadura ayatolá. Los detenidos ascienden hasta los 20.000, lo que espera disminuya una vez se haga efectiva la amnistía y la reducción de penas anunciadas por el líder supremo en vísperas del aniversario de la Revolución Islámica.