Mientras aumentan las alarmas por el creciente número de condenas a muerte en el régimen persa, y mientras las negociaciones por reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) sobre el armamento nuclear de Teherán parecen ralentizarse cada vez más, la agencia de noticias iraní ISNA ha hecho pública una nueva y polémica decisión de la República Islámica: la ejecución del profesor sueco-iraní Ahmadreza Djalali.
Detenido durante una visita académica al país, en abril de 2016, Djalali fue acusado de espionaje para el Mossad –el servicio de inteligencia israelí –, a quienes presuntamente proporcionó información sobre varios científicos nucleares de alto nivel que fueron asesinados. A finales de octubre de 2017, tras un juicio considerado injusto por varios expertos internacionales de los derechos humanos y una “confesión forzada”, el profesor fue condenado a la pena de muerte por la Corte Suprema iraní.
“Djalali fue obligado a confesar bajo tortura”, denunció, por aquel entonces, Amnistía Internacional, en la misma línea que la mujer de Djalali, quien rechazó los cargos por los que se acusaba a su marido.
Durante los más de cinco años que han pasado desde su encarcelamiento, las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos han condenado que el profesor ha sido sometido a largos periodos en régimen de aislamiento. De hecho, hasta pasados los primeros siete meses de su encarcelamiento, el abogado de Djalali no pudo visitarlo, y, a día de hoy, incluso Naciones Unidas ha solicitado su liberación por los graves problemas de salud física y mental que padece.
Debido a su larga trayectoria académica y laboral en universidades europeas como la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad del Piamonte Oriental o el Instituto Karolinska de Estocolmo, –y pese a ser exclusivamente originario de la República Islámica –, en 2018 Suecia concedió a Djalali la doble nacionalidad sueca-iraní.
Sin embargo, varias han sido las voces que han criticado que el anuncio de la ejecución de Djalali el 21 de mayo no es más que otro esfuerzo de Teherán por motivar el intercambio entre ciudadanos con doble nacionalidad encarcelados en el país y ciudadanos iraníes detenidos en el extranjero.
Según recogía el diario belga De Morgen, tras el traslado de Djalali a la Sección 209 de la prisión de Evin –donde fue aislado– a finales del año pasado, el abogado del profesor recibió un mensaje de la prisión anunciando que la ejecución de Djalali tendría lugar una semana después. Casualmente, en ese periodo de tiempo se estaban llevando a cabo juicios paralelos en Bélgica contra el terrorismo iraní. Las protestas ciudadanas terminaron por hacer fracasar los planes de ejecución, pero la idea de que la República Islámica pretendía un intercambio de prisioneros ya había germinado.
Ahora, mientras que el tribunal de apelación de Amberes considera el caso de tres sospechosos terroristas iraníes, el exfuncionario de la fiscalía persa, Hamid Noury, se enfrenta a una posible cadena perpetua en los juzgados de Estocolmo, en Suecia. “Ni siquiera se molestan en ocultarlo”, afirmó un conocido de Djalali y médico de urgencias en el UZ de Bruselas, Gerlant Van Berlaer, para el diario De Morgen. “La víspera anuncian que será ejecutado el 21 de mayo. Eso es simplemente aumentar la presión para influir en el fallo judicial, no es casualidad”.
A esto se ha sumado también la condena de 20 años contra el diplomático iraní Assadolah Assadi por los tribunales belgas. Algo sobre lo que De Morgen recogía que las autoridades persas ofrecieron, de forma expresa, un intercambio por Djalali. “Si ejecutan a Djalali, entonces tienen que buscar otro cambio”, afirmaba Van Berlaer.
De forma paralela, los juzgados de Estocolmo acogían hoy el último encuentro del juicio de Hamid Noury. El exfuncionario iraní fue detenido en 2019 por las autoridades suecas y está acusado de cometer crímenes de guerra internacionales y violaciones de los derechos humanos contra presos políticos mientras ejercía su cargo en la prisión de Gohardasht en Karaj, durante el año 1988.
El pasado año 2021, el principal investigador de la ONU para la defensa de los derechos humanos en Irán solicitó una investigación independiente sobre las ejecuciones ordenadas por Teherán en 1988 y sobre el papel que jugó el actual presidente, Ebrahim Raisi, como fiscal adjunto.
Ahora, la organización de Amnistía Internacional ha afirmado que el número de ejecutados por Noury podría rondar los 5.000, aunque un informe publicado por la propia organización en 2018 admitió “que la verdadera cantidad podría ser mucho mayor”. Por su parte, la fiscalía sueca ha explicado que la mayor parte de sus víctimas serían “Muyahidines del Pueblo de Irán” –un grupo opositor considerado grupo terrorista por el gobierno persa.
Si es culpable, Hamid Noury puede enfrentarse ahora a la cadena perpetua máxima debido a que la legislación sueca permite juzgar a ciudadanos tanto suecos como extranjeros cuando están acusados de cometer delitos contra el derecho internacional. Incluso si estos son cometidos fuera del país.
No obstante, la postura del director de Amnistía Internacional, Wies De Graeve, ha defendido también la posibilidad de que esta situación no sea solo un intento de chantaje iraní. “Estamos suponiendo eso. Pero, aunque los reclusos con doble ciudadanía a veces se utilicen como cambio pequeño para canjes de prisioneros o para liberar créditos iraníes congelados, no podemos garantizar si ese es el caso aquí", explicó el director.
“Lamentablemente, sí que podemos afirmar que su situación es un símbolo de cómo funciona la represión. Cualquiera que no esté en línea sentirá el puño de hierro del régimen. Según Djalali, personas como él, con una amplia red internacional, a menudo son contactadas por el gobierno iraní para espiar. Y quienes se niegan se enfrentan a la represión”.
