La organización internacional hace hincapié en la crisis política, humanitaria y en la falta de derechos

Naciones Unidas alerta sobre la situación de Myanmar seis meses después del golpe de Estado

photo_camera PHOTO/REUTERS - Soldados de Myanmar caminan por una calle durante una protesta contra el golpe militar en Yangon, Myanmar (Birmania), 28 de febrero de 2021

La mañana del 1 de febrero el Tatmadaw (el Ejército de Myanmar) comenzó a detener a los miembros de La Liga Nacional para la Democracia (NLD), el partido gobernante del país. La líder de la formación y Consejera del Estado, Aung San Suu Kyi, al igual que el presidente Win Myint se encontraron entre los primeros detenidos junto con el resto de ministros y diputados.

El golpe de Estado, encabezado por el militar Min Aung Hlaing, fue justificado por un supuesto fraude en las elecciones y ocurrió el día antes de que los miembros del Parlamento nacional jurasen sus puestos. A partir de ese momento, Hlaing tomó el poder y decretó el estado de emergencia en el país. Como consecuencia, miles de personas salieron a las calles a mostrar su rechazo al golpe de Estado. Las protestas recibieron una violeta represión por parte de las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos, miles de heridos y detenidos.

El panorama social de Myanmar no parece mejorar desde las multitudinarias manifestaciones. A pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno militar, se han seguido cometiendo abusos contra la población durante este tiempo. La ONG Human Rights Watch ha calificado estas acciones como “crímenes contra la humanidad”.

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“La junta militar de Myanmar ha respondido a la oposición popular masiva al golpe de Estado con asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias de personas que simplemente quieren que se respeten los resultados de las elecciones del año pasado y un Gobierno que refleje la voluntad popular”, subraya Bad Adams, director de la organización en el continente asiático.

Seis meses después de los acontecimientos, el panorama del Myanmar sigue siendo crítico. “La situación en el país se caracteriza ahora por la inestabilidad y un deterioro de la situación socioeconómica y de seguridad”, declara Ramanathan Balakrishnan, coordinador de Naciones Unidas en Myanmar. Balakrishnan añade también la grave situación sanitaria debido a la tercera ola de la pandemia del coronavirus. “En cuanto al sistema de salud de Myanmar se enfrenta a una presión extrema debido a la crisis del coronavirus, así como a los ataques contra el personal médico y las instalaciones en Myanmar, y un movimiento de desobediencia civil por parte de algunos profesionales de la salud”, añade la organización.

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La ONU alerta de que “en varias áreas de minorías étnicas”, como las regiones de Shan, Chin y Kachin, más de 200.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. El comandante jefe militar, Hlaing, ha recibido condenas y sanciones internacionales por su supuesto papel en ataques militares contra minorías étnicas. Hlaing, en concreto, está vinculado a la limpieza étnica contra los rohingya, un grupo musulmán que se concentraba mayoritariamente en Rakhine, al norte de Myanmar. A partir de 2017 esta comunidad comenzó a ser objeto de persecuciones y desplazamiento forzados. Muchos de ellos se trasladaron a la vecina Bangladesh, aunque otros se quedaron en el país convirtiéndose en desplazados internos.

La ONU diseñó un Plan de Respuesta Humanitaria antes del golpe de Estado en el que señalaba que alrededor de un millón de personas, incluidos los refugiados internos, necesitaban asistencia humanitaria urgente. Meses después, el número de personas en situación de vulnerabilidad “solo ha aumentado”. “Después del golpe, otros dos millones fueron identificados como personas que necesitaban urgentemente ayuda humanitaria, y se encontraban, en gran parte en las áreas urbanas de Yangon y Mandalay”, explica Balakrishnan.

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La organización internacional alerta también sobre el hambre que puede provocar el incremento de precios de los productos básicos. Esto ha causado, tal y como señala Balakrishnan “una reducción del valor nutricional de la cesta de alimentos que la gente suele tomar al sustituir sus alimentos habituales por artículos más baratas y más fácilmente disponible”. Otras instituciones internacionales han arrojado más datos críticos sobre Myanmar y su situación económica. El Banco Mundial ha estimado que el 5% de la población activa perderá sus trabajos y que el número de personas que viven en la pobreza aumentará el doble en 2022. 

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