Desde que el pasado mes de agosto los talibanes se hicieran con el poder en Kabul, la situación de los ciudadanos afganos no ha hecho más que deteriorarse. La crisis humanitaria y financiera que ya asolaba al país antes de la caída del Gobierno de Ashraf Ghani se ha agravado durante los últimos meses debido al endurecimiento de las sanciones económicas. Así, a pesar de que el nuevo régimen ha tratado de proyectar una imagen internacional completamente renovada con respecto a su Gobierno en 1996, las violaciones de los derechos humanos por parte de los talibanes parecen no haber variado.
De este modo, a través de las declaraciones pronunciadas por Nada al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el pasado martes, el organismo internacional ha acusado al régimen afgano, no solo de vulnerar los derechos humanos y gran parte de los compromisos que adquirió a su llegada al poder, sino también de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.
La Alta Comisionada reconoció estar “alarmada por las persistentes informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en todo el país, a pesar de la amnistía general anunciada por los talibanes después del 15 de agosto”. Además, Al-Nashif afirmó que "entre agosto y noviembre recibimos denuncias creíbles de más de 100 ejecuciones de exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas (ANSF) y otras personas asociadas al antiguo Gobierno, de las cuales al menos 72 fueron atribuidas a los talibanes". "En varios casos se expusieron los cuerpos en público, lo que aumentó el miedo entre una parte importante de la población", añadió.
Por su parte, miembros del régimen talibán han desmentido estas acusaciones, a las que han calificado de “injustas”. El portavoz del Ministerio del Interior y miembro del movimiento talibán, Qari Sayed Khosti, sostuvo que, aunque sí que "hubo casos de muertes entre los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad" (ANSF), las causas de estas fueron “enemistades o problemas personales".
En sus declaraciones, Nada al-Nashif hizo también varias referencias a la “profunda crisis humanitaria” que enfrenta el pueblo afgano. Junto a las violaciones de sus derechos y libertades, y a los continuos atentados perpetrados por el Estado Islámico-Khorasan (EI-K) –grupo yihadista rival del régimen talibán instaurado en agosto –; la población afgana tiene que afrontar, además, los estragos provocados por una sequía que afecta a más del 80% del territorio, y a unas sanciones económicas que no cesan.
"Cada vez más afganos tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas", advertía Al-Nashif, y las "personas en situaciones vulnerables, principalmente mujeres, se ven empujadas a tomar medidas desesperadas como trabajo infantil, casar a niños para garantizar su supervivencia y, según algunos informes, incluso la venta de niños".
"Afganistán se enfrenta a una situación de hambre y miseria como nunca vi en más de veinte años que trabajo para el PMA", ha lamentado Mary Ellen McGroarty, representante y directora nacional del Programa Mundial de Alimentos en Afganistán. Tan solo a lo largo del mes de diciembre, la organización ha ayudado a 7 millones de ciudadanos afganos, 3 millones más que en septiembre. Y, en adelante, el Programa Mundial de Alimentos ha anunciado su intención de acelerar las operaciones para asistir a más de 23 millones de personas.
Ante esta situación, la estrategia que decida adoptar la comunidad internacional de cara al régimen talibán va a tener una importancia clave. Aunque varios países –como EEUU y sus aliados occidentales– han manifestado gran preocupación por las “ejecuciones sumarísimas”, así como su condena a las violaciones de los derechos humanos, lo cierto es que su ayuda humanitaria es imprescindible para la asistencia de la población afgana.
El dilema que encaran ahora todas las potencias –principalmente las occidentales– es el de cómo proporcionar ayuda humanitaria a los civiles sin que ello implique aportar recursos y legitimidad al régimen talibán. Washington ya ha declarado estar preparado para prestar apoyo a iniciativas humanitarias en la región, mientras que la Unión Europea prometió, durante la cumbre del G20, la aportación de 1.000 millones de euros para la asistencia a la población afgana más necesitada. No obstante, en lo que respecta al levantamiento de sanciones y la descongelación de los fondos del Banco Central de Afganistán (impuesto por Estados Unidos), aún no parece existir ninguna propuesta de solución en el horizonte.
