La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, en sus siglas en inglés), ha hecho publico el primer informe que culpa a Bachar al-Asad de los ataques con gas sarín y cloro a civiles en Siria.
El equipo de investigadores se centró en los incidentes en Latamné (en la provincia siria de Hama), los días 24, 25 y 30 de marzo de 2017. “La investigación y el análisis incluyeron una revisión exhaustiva de toda la información obtenida”, reza el informe. Este documento se basa en entrevista con personas que estaban presentes en los lugares relevantes en el momento de los incidentes, análisis de muestras y restos recolectados en los sitios de los incidentes, revisión de la sintomatología de las víctimas y el personal médico, el examen de imágenes, incluidas imágenes de satélites y una amplia consulta de expertos.

La investigación ha sido el resultado de los nuevos poderes otorgados a la OPAQ por una resolución de Naciones Unidas de 2018, cuando establecieron la potestad del organismo de poder atribuir la culpa de los ataques con armas químicas. Este equipo de investigación e identificación (IIT) fue creado como una solución alternativa para contrarrestar a Rusia, el aliado político del Gobierno sirio. Moscú, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueaba de manera sistemática las investigaciones independientes sobre estos ataques.
El informe llegó a tres conclusiones: el día 24 de marzo de 2017, un avión militar perteneciente a la Fuerza Aérea Siria arrojó una bomba que contenía sarín en el sur de Latamné , y que afectó a 16 personas; el 25 de marzo, un helicóptero de la Fuerza Área siria arrojó un artefacto, que al caer liberó cloro en el hospital de Latamné, afectando al menos a 30 personas. Por último, el día 30 de marzo, otro avión sirio tiró una bomba con sarín en la misma zona de Latamné, afectando a 60 personas.
“El IIT concluyó que existen motivos razonables para creer que los autores de la utilización del sarín como arma química en Latamné, los días 24 y 30 de marzo de 2017 y de la utilización de cloro como arma química el 25 de marzo eran individuos pertenecientes de la Fuerza Aérea Siria”, indicó el coordinador del IIT, Santiago Oñate-Laborde, en un comunicado.

Una investigación del Instituto de Política Pública Global de Berlín, citada por el diario The Guardian, asegura que aproximadamente el 98% de los ataques fueron llevados a cabo por el régimen de Al-Asad, con Daesh como responsable del resto. Según esta investigación, el uso intensivo de bombas de cloro improvisadas de Al-Asad es una parte crucial de la estrategia militar del régimen.
El régimen de Al-Asad ha negado siempre cualquier implicación en ataques químicos y afirma hacer entregado todas sus reservas tras un acuerdo cerrado en 2019.
Anterior a este informe, el Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y Naciones Unidas (JIM, por sus siglas en inglés) concluyó que las fuerzas sirias usaron gas sarín y cloro en varios de sus ataques, algo negado por el gobierno de Al-Asad, que acusaba a Daesh de emplear gas mostaza.

El director general de la OPAQ, Fernando Arias, ha explicado en un comunicado que “el ITT no es un organismo judicial o cuasi judicial con autoridad de asignar responsabilidades criminales ni de determinar conclusiones sobre violaciones de la convención (sobre armas químicas)”, dejando en manos de Naciones Unidas la posibilidad de “adoptar medidas que puedan ser consideradas apropiadas y necesarias”.
Los investigadores de la misma organización han anunciado que se espera la publicación de otro informe en los próximos meses relativo a los ataques que dejó unos 40 muertos en abril de 2018 a causa del uso de cloro.