La estabilidad democrática sufre sus horas más bajas en Latinoamérica. Al asalto de las instituciones de Brasil se le suma el recrudecimiento de las protestas antigubernamentales en Perú tras la tregua de Navidad, que se saldan ya con 17 muertos y 73 heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. La jornada más violenta desde que comenzaron las manifestaciones el pasado 7 de diciembre por la destitución de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado.
Estos enfrentamientos se han producido al sur del país, en la región Puno, fronteriza con Bolivia, cuando los manifestantes intentaban tomar el aeropuerto de Juliaca, el que ha sido considerado epicentro de las protestas ciudadanas en este año y donde se ha convocado un paro indefinido en toda la ciudad. Los manifestantes han pedido la destitución de la actual presidenta, Dina Boluarte, el adelanto de unas elecciones y la elaboración de una nueva Constitución, entre otros reclamos.
Además de las 17 muertes notificadas, una de ellas de un menor de edad, la Dirección Regional de Salud informó también del fallecimiento de un bebé de 35 semanas a causa del bloqueo de los manifestantes cuando la ambulancia lo trasladaba al hospital por insuficiencia respiratoria y sepsis. El número de víctimas mortales causado por la crisis política asciende ya a 46 personas.
El Gobierno ha lamentado estas muertes y ha afirmado que no renunciará a su deber de restablecer el orden en esta región del país. El primer ministro, Alberto Otárola, ha definido esta situación como “una resaca del golpe de Estado” y ha acusado a los manifestantes de atacar el estado de derecho, detallando que más de 9 mil personas acudieron al aeropuerto y unas 2 mil atacaron con armas caseras. Frente a la situación, Otárola también ha anunciado el envío de una comisión de alto nivel a la región y ayuda humanitaria.
Sin embargo, el diálogo político con los congresistas del departamento de Puno promete ser difícil. Los representantes políticos de la región emitieron un comunicado conjunto en el que exigían la renuncia de Boluarte. También la Defensoría del Pueblo de Perú ha solicitado a las fuerzas del orden a hacer un uso “legal, necesario y proporcional de la fuerza” y ha pedido una investigación por lo sucedido.
Y justo cuando se cumple un mes en la presidencia de Perú, a Dina Boluarte se le suman ya demasiadas responsabilidades. La Fiscalía del país andino investiga ahora a la presidenta por la muerte de 28 personas en las protestas en las que se le acusa de presuntos delitos de homicidio y lesiones graves. También se le pide responsabilidades de esta última jornada violenta, ante las que no ha hecho declaraciones por el momento.
Sí se ha dirigido a los manifestantes que piden el cierre del Congreso de la República y su destitución. “El que quiso cerrar el Congreso ahora está preso. Saben que eso no se puede hacer; por eso los están engañando. No se dejen engañar”, comunicó.
Jornadas violentas y sentimiento anitgubernamental que no ha podido hasta la fecha frenar el Ejecutivo. La violencia se ha dado no sólo en el aeropuerto de Juliaca, sino también en saqueos y vandalismos por toda la región, incluido el incendio en la casa del congresista de Acción Popular Jorge Luis Flores Ancachi, representante de la región de Pugno.
Las protestas han obligado también a paralizar el Acuerdo Nacional que se estaba realizando en Palacio de Gobierno. El secretario técnico, Max Hernández, informó que el Acuerdo tendría lugar en una fecha próxima.
El otro actor protagonista, Evo Morales. El gran simbolismo del expresidente de Bolivia para muchos peruanos resulta clave en medio de la crisis política desatada. Y más cuando el Ejecutivo de Dina Boluarte dispone de que el también líder indígena no ingrese en Perú por “seguridad nacional”. Una medida que avaló la Superintendencia Nacional de Migraciones y que recae también en 8 ciudadanos que ingresaron, según el documento, “para efectuar actividades de índole política proselitista”.
Aplicando la Ley de Migraciones, se decretó el impedimento de ingreso al país del señor Evo Morales y otros ciudadanos bolivianos. No ingresan al Perú personas que amenazan el orden interno. Es una decisión firme que prioriza la vida, dignidad e integridad de miles de familias. https://t.co/K6ue0CbS1I
— Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) January 9, 2023
El respaldo a Pedro Castillo y las duras críticas de Evo Morales sobre el Gobierno de Boluarte han llegado a afectar incluso a las relaciones diplomáticas entre los dos países vecinos. El Gobierno de la república andina ha dado por concluidas las funciones de la embajadora de Perú en Bolivia.
“No vamos a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder, ni personaje se inmiscuya en los asuntos de Perú afectando a la tranquilidad que nos ha costado a los 33 millones de peruanos”, señala el primer ministro peruano.
La decisión ha sido bien acogida por la propia oposición, quien considera a Evo Morales un agitador que financia las protestas incluso para buscar “anexar Puno a Bolivia”, tal y como afirma la congresista fujimorista Tania Ramírez. La inestabilidad está servida.
Coordinador de América: José Antonio Sierra.
