Hace unas semanas se cumplía el cuarto aniversario del intento de golpe de Estado que alteró, aún más, Turquía. Desde entonces, el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha llevado una campaña de acoso y derribo contra todos aquellos que sospecha que pudieron estar involucrados. Las continuas detenciones y despidos, para tratar de eliminar cualquier resquicio de la organización clerical de Fethullah Gülen (FETÖ), al que Ankara acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado, han hecho que en estos años se hayan emitido órdenes de detención contra más de 150.000 personas, entre los que están funcionarios, miembros del Ejército y civiles.
Erdogan ha continuado con la liquidación de los líderes del Ejército turco y los ha reemplazado por gente cercana y leal a él. Esta vez, ha decidido nombrar 127 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. Según el periódico turco Yeni Safak, se han designado los nuevos altos cargos de las Fuerzas Armadas, incluido el jefe de las Fuerzas de Tierra, el general Metin Gharraq. El pasado 28 de julio, el presidente turco emitió la decisión de remitir a los comandantes militares de las fuerzas de Gendarmería y Guardacostas.
Estos despidos y nombramientos se produjeron días después de una reunión presidida por Erdogan y el Consejo Militar Supremo, que determinó apartar a varios líderes de Ejército. Durante esta reunión, el presidente turco decidió derrocar a 30 generales y almirantes.
A principios de junio, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a más de 200 personas en operaciones vinculadas con el clérigo Gülen. Los fiscales del país emitieron órdenes de arresto contra más de 230 personas, entre ellos 200 militares en activo.
Según el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, son ya más de 19.500 los militares cesado desde julio de 2016, y 4.562 han sido totalmente expulsados, desde que fuese retirado el estado de emergencia en 2018.
En los últimos años, Turquía ha sido testigo de una diminución significativa del número de coronales del Ejército, tras el traslado de muchos de ellos a la jubilación, ya que el periodo de servicio de los coroneles en servicio en las Fuerzas Armadas se redujo de 31 a 29 años.
El Gobierno de Ankara culpa a Gülen, quien reside en Estados Unidos desde 1999, de perpetrar el fallido golpe de Estado de 2016, que se saldó con 250 muertos. Gülen y Erdogan eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía iniciaron una investigación sobre corrupción contra varios altos cargos del Ejecutivo en 2013. Es entonces cuando Erdogan, acusó al clérigo de conspirar contra su Gobierno y comenzó una campaña de arrestos.
No solo los militares no afines a Erdogan están siendo perseguidos. El Instituto Internacional de la Prensa ha denunciado que más de un centenar de periodistas siguen encarcelados y organismos como Reporteros Sin Fronteras denuncian estas privaciones de libertad.
Además, la Policía turca continúa su persecución contra los miembros del opositor Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco), acusado de estar ligados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). EL PPK es considerado fuerza terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, y la relación con el HDP ha sido usada por Erdogan para llevar a cabo una purga contra los componentes de esta formación de izquierdas y pro-kurda.
