La líder civil encarcelada en Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha sido indultada en cinco causas penales, aunque todavía se enfrenta a otras 14, según informaron este martes los medios estatales.
El golpe de Estado de febrero de 2021 sumió a este país del sudeste asiático en el caos y la violencia generalizada, mientras la Junta Militar lanzaba una sangrienta represión contra la disidencia.
“El presidente del Consejo de Administración del Estado indultó a Daw Aung San Suu Kyi, que fue condenada por los tribunales competentes en cinco casos”, dijo un medio de comunicación estatal.
Según el comunicado, la Premio Nobel de la Paz, de 78 años, aún se enfrenta a otras 14 causas.
El anuncio del martes formaba parte de una amnistía de más de 7.000 presos con motivo de la Cuaresma budista.
La Junta anunció el lunes que prorrogaría seis meses el estado de emergencia en Myanmar, según los medios de comunicación estatales, lo que probablemente retrasará las elecciones prometidas para agosto.
Suu Kyi, que lleva detenida desde 2021, ha sido condenada a 33 años de cárcel por una serie de cargos, entre ellos corrupción, posesión de walkie-talkies ilegales e incumplimiento de las restricciones impuestas por el coronavirus.
“No pudo ser liberada del todo, aunque algunas sentencias contra ella fueron perdonadas. Todavía tiene que enfrentarse a 14 casos. Sólo se le perdonaron cinco de los 19 casos”, declaró una fuente jurídica bajo condición de anonimato.
El expresidente de Myanmar Win Myint, que también fue destituido en el golpe de 2021, también sería indultado en dos casos, según la emisión.
Según el anuncio, 125 presos extranjeros serán liberados e indultados.
También se redujeron las condenas a cadena perpetua de un número indeterminado de presos condenados a muerte.
Preocupación por la salud
Suu Kyi sólo ha sido vista una vez desde que fue detenida tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, en unas fotos granuladas tomadas por los medios de comunicación estatales en una sala desnuda del tribunal de Naypyidaw, la capital construida por los militares.
La salud de Suu Kyi ha sido motivo de preocupación desde su detención, incluso durante su juicio en un tribunal de la junta que la obligó a asistir a audiencias casi diarias.
La semana pasada fue trasladada de la prisión a un edificio del Gobierno, según un funcionario de su partido político.
En julio, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia declaró que se había reunido con Suu Kyi, el primer encuentro conocido con un enviado extranjero desde que fue detenida.
Un portavoz de la Junta dijo a la AFP que la reunión había durado más de una hora, pero no dio detalles sobre lo que se había hablado.
Myanmar concede con frecuencia amnistías a miles de presos para conmemorar festividades o fechas budistas especiales.
La Junta liberó a unos 23.000 presos tras el golpe de Estado de 2021, en una medida que los grupos de derechos humanos temieron en su momento que tuviera como objetivo liberar espacio para los opositores militares.
Más de 24.000 personas han sido detenidas desde que los militares echaron del poder al Gobierno de Suu Kyi, según un grupo de seguimiento local.
Casi 20.000 siguen entre rejas, según las últimas cifras.
Sigue siendo popular
Suu Kyi sigue siendo enormemente popular en Myanmar, incluso después de que su imagen internacional se viera empañada por un acuerdo de reparto del poder con los generales y por no haber defendido a la minoría rohingya perseguida.
Pero muchos de los que luchan por la democracia han abandonado su principio básico de no violencia y han tomado las armas para intentar erradicar definitivamente el dominio militar de la política y la economía de Myanmar.
Los militares alegaron un supuesto fraude electoral generalizado durante las elecciones de noviembre de 2020 como motivo de su golpe, que desencadenó enormes protestas y una sangrienta represión.
La Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi ganó con rotundidad las elecciones, y los observadores internacionales afirmaron entonces que los comicios habían sido en gran medida libres y justos.
El conflicto desde el golpe ha desplazado a más de un millón de personas, según Naciones Unidas.
Según un grupo de observación local, más de 3.800 personas han muerto desde el golpe, número que la Junta cifra en 5.000.
