La Comunidad Musulmana Ahmadía ha denunciado a través de un comunicado oficial el incremento de ataques de extremistas a los áhmadis en Pakistán.
Desde la Comunidad Musulmana Ahmadía se ha señalado que estos radicales están alentados por las autoridades estatales paquistaníes.
A continuación, se reproduce el comunicado oficial de la Comunidad Musulmana Ahmadía:
LOS EXTREMISTAS, ALENTADOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES, INCREMENTAN SUS ATAQUES CONTRA LOS ÁHMADIS EN PAKISTÁN
Hemos informado en varias ocasiones que, desde principios de 2023, se ha intensificado la ola de intolerancia contra los musulmanes áhmadis. En un giro preocupante en la creciente crisis en Pakistán, han sido profanadas decenas de mezquitas áhmadis.
Los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2023, los minaretes de las mezquitas musulmanas áhmadis de Chak 183 Murad, Bahawalpur, Narang Mandi, Sheikhupura, y 168 Murad, Bahawalnagar, fueron profanados por los asaltantes de la agrupación extremista Tehreek e Labbaik. De igual manera, los minaretes de la mezquita musulmana Ahmadía de Kirto, Sheikhupura, fueron objeto del ataque de los fanáticos.
La Policía, como en casos anteriores, no hizo nada para impedir estos ataques. En realidad, la Policía ha estado al frente de la comisión de estos actos. Las imágenes y vídeos de estos sucesos se difundieron rápidamente en las redes sociales y pueden verse en estos videos online.
Los minaretes de estos lugares de culto existían mucho antes de la Ordenanza XX de 1984. La reciente decisión del Tribunal Superior de Lahore menciona claramente el hecho de que los minaretes de los lugares de culto áhmadis construidos antes de 1984 no han de ser alterados ni demolidos.
Recientemente, el primer ministro de Pakistán declaró que el Estado protegería los lugares de culto de todos los ciudadanos. Sin embargo, como se ha visto en el pasado, las autoridades superiores no han intervenido cuando la Policía - en lugar de proporcionar protección - ha actuado como cómplice de los actos de estos elementos extremistas.
A los musulmanes áhmadis les resulta imposible practicar su fe mientras son perseguidos sin piedad por las bandas fundamentalistas. El último acto de profanación de las mezquitas llevado a cabo por la población local y la Policía es una prueba fehaciente de que no hay indicios de mejora en la situación de la ley y el orden para los áhmadis en Pakistán.
La sentencia del Tribunal Supremo de Pakistán (PLD 2014 SC 699), cuyo autor fue el entonces presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, el juez Tassaduq Hussain Jillani, garantiza la protección de todos los lugares de culto y ordena a la Policía que proteja dichos lugares de culto. La destrucción de minaretes también supone una violación del artículo 20, y de la propia sentencia del Tribunal Supremo de 2014 (PLD 2014 SC 699).
En dicha sentencia del Tribunal Supremo de 2014 (PLD 2014 SC 699) pidió al Gobierno de Pakistán que formara un grupo de trabajo especial para la protección de los lugares de culto de las minorías. Sin embargo, al contrario, se está procediendo a ejecutar la agenda extremista patrocinada por el Estado contra la Comunidad Ahmadía por medio de autoridades que alientan este tipo de comportamiento violento, lo cual desafía la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 (PLD 2014 SC 699) y todas las normas de sacralidad religiosa.
Distintos grupos de derechos humanos han expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por la falta de atención a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra la comunidad áhmadi en todo el mundo, y han pedido a la Comunidad Internacional que redoble sus esfuerzos para poner fin a la persecución de los áhmadis. Igualmente, el 13 de julio de 2021, los expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su inquietud por la falta de atención a las violaciones de derechos humanos cometidas contra la comunidad áhmadi y solicitaron a la Comunidad Internacional que acreciente sus esfuerzos para poner fin a dicha persecución.
Por ello instamos, una vez más, a la Comunidad Internacional a que presione al Gobierno de Pakistán para que cumpla con su responsabilidad y proporcione la protección debida a todos sus ciudadanos, garantice la libertad de práctica religiosa a los áhmadis y lleve ante la justicia a los autores de estos violentos ataques. El Gobierno de Pakistán también debe ajustar sus leyes y prácticas a las normas internacionales, tal y como ordenan los artículos 2 y 18 y los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
