Javier Cremades recibe el Premio Nacional de Jurisprudencia 2023 otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados

“El Estado de Derecho sólo es reconocible donde rige el principio de legalidad y se respetan las decisiones de jueces independientes”, ha reconocido el jurista español Javier Cremades al recibir el Premio Nacional de Jurisprudencia, uno de los máximos reconocimientos jurídicos en el mundo de habla hispana, otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Al entregar el premio, Víctor Oléa Peláez, presidente del principal colegio de abogados de México ha destacado los méritos profesionales y la reconocida trayectoria de Cremades como uno de los juristas más relevantes a nivel global, quien además es el actual presidente de la World Jurist Association. 

Esta es la segunda ocasión en la que el Premio Nacional de Jurisprudencia instituido en 1987 es concedido a un extranjero cuyos merecimientos profesionales son “indiscutibles, notables y eminentes”. 

En su discurso, Cremades ha asegurado que “en la realidad mundial existen falsos profetas de la libertad que amenazan a las democracias basadas en el respeto al Estado de Derecho. El populismo, la corrupción y el abuso del poder se disfrazan con frecuencia con una fachada de legitimidad democrática y aparente defensa de la libertad, aunque en realidad constituyen un asalto contra la estructura constitucional que garantiza convivencia pacífica y la libertad de los ciudadanos”. 

“La Ley es la única garantía contra el abuso de poder. Hay que vigilar el estricto respeto a las de Leyes de políticos y jueces”

El abogado español ha recordado que “respecto a las amenazas a la división de poderes en México, la World Jurist Association ha adoptado una declaración suscrita por más de mil juristas del mundo, expresando su preocupación por la situación en el país en virtud de los constantes ataques del Ejecutivo contra el Poder Judicial de la Federación. La lucha por un Estado de Derecho sólido e instituciones fuertes, sitúan a sus defensores en el lado correcto de la historia”.

Cremades García es licenciado en Derecho por la UNED y Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Regensburg, Alemania. Es presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, una de las firmas más destacadas de España con presencia en 8 países, ha sido profesor visitante de la Universidad de Stanford y profesor de derecho constitucional en la UNED. Es autor de 7 libros sobre diversos temas jurídicos y Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia. 

El Premio Nacional de Jurisprudencia que otorga anualmente la Barra Mexicana Colegio de Abogados es uno de los máximos honores que un jurista puede recibir y ha sido concedido a personalidades como Felipe Tena Ramírez, Héctor Fix Zamudio, Ignacio Burgoa Orihuela, Juventino Castro y Castro, Jesús Zamora Pierce y Donald Francis Donovan, entre otros.

Durante la gala se ha proyectado un vídeo homenaje en el que participaron algunas de las grandes personalidades del derecho que han hecho parte del reflorecimiento de la WJA, mostrando la gran labor llevada a cabo durante los últimos años. Stephen Breyer, magistrado emérito del Tribunal Supremo de Estados Unidos; Kerry Kennedy, presidente de Robert F. Kennedy Human Rights; los expresidentes de Letonia, Colombia, México y España: Egil Levits, Iván Duque, Ernesto Zedillo y Felipe González; Eduardo Ferrer Mac-Gregor, vicepresidente y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Andrew Young, líder estadounidense por los Derechos Civiles, mano derecha de Martin Luther King; y Johann Kriegler, exjuez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, presidente de la Comisión Electoral Independiente que logró el fin del Apartheid tras el triunfo de Nelson Mandela, entre otras destacadas figuras formaron parte en este video-homenaje.

A continuación, el discurso completo de Javier Cremades:

Querido Presidente de la Barra Mexicana, Victor Olea, Sras y Sres, autoridades, amigas y amigos todos. Permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a todos ustedes y en especial a la Junta General que se conformó al efecto, por este reconocimiento que es considerado el más distinguido galardón que se otorga a un jurista en el mundo de habla hispana. En los largos años ya de existencia de este Premio Nacional de Jurisprudencia habéis rendido homenaje, con un estricto sistema de elección, a las personas que queríais señalar como referentes para promover el imperio de la ley y la dignidad de las personas a través del derecho. Hoy me toca a mi recoger el testigo de egregios jurisconsultos mexicanos que son -he podido conocer a varios de ellos- maestros del derecho, referencias humanas e intelectuales de primer nivel no solo en México, especialmente a todos aquellos que fueron postulados para el presente año, y en particular a Don Alejandro Ogarrio, quien según fui enterado, fue finalista en esta ocasión, y quien sin duda tiene todos los merecimientos, atendiendo a su trayectoria Colegial, académica y profesional que lo colocan como un inigualable referente de la abogacía mexicana. Sin embargo, mi puntual agradecimiento lo hago abrumado por la generosidad que han tenido ustedes conmigo y urgido al compromiso de vida que significa recibir la importantísima distinción que hoy se me concede. Esta centenaria casa, la Barra Mexicana de Abogados, es una institución querida y respetada en los cinco continentes. Este reconocimiento me conecta de una forma profundamente íntima a sus valores, me vincula a sus iniciativas y posicionamientos que han dado la vuelta al mundo y me gana para siempre. Ahora me siento y me sé uno de vosotros, mis hermanos los abogados mexicanos. Y quiero deciros, ya lo sabéis, que vuestra patria significa para mi lo que para muchos otros españoles: el país más atractivo de las Américas, y una casa de familia donde es fácil sentirse querido. No es solo vuestro tamaño, el de la mayor nación del mundo que habla el español, sino también vuestro carácter y vuestro hermoso corazón el que hace de Mexico y los mexicanos un destino siempre deseado. Permitidme que comparta unas reflexiones en esta noche que para mi, como se que lo es para Arancha Calvo-Sotelo, mi esposa, mi hijo Alvaro, y algunos de mis amigos que me acompañan, como Aaron Feldman, o Luis Amodio, va a ser inolvidable. 

John Locke dejó escrito que: “El fin de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. (…) donde no hay ley, no hay libertad”. Este es el grito que queremos llevar a todo el mundo, el sagrado deber de todos los que nos dedicamos al Derecho. En inglés dicen “rule of law”, en español decimos “Estado de Derecho”, pero es lo mismo: Sin Estado de Derecho no hay libertad, (…) “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, como dijo El Quijote. “Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe arriesgar la vida”. Y por eso estamos aquí. 

Comparto con todos ustedes estos valores, estos principios, y estas guías de actuación. Y quiero pensar que no se trata éste de un premio a mi trayectoria personal, sino un homenaje a los principios que compartimos.

Vivimos tiempos difíciles. Da igual dónde dirija uno la mirada. Ucrania, Israel, Venezuela y tantos otros lugares en los que el Estado de Derecho está amenazado o suprimido, como lo está la libertad de los ciudadanos.

La World Jurist Association (WJA), que me honro en presidir, ha defendido a lo largo de sus fecundos años de ejercicio profesional el Imperio de la Ley como única alternativa al imperio de la fuerza. Solo bajo el gobierno de las leyes, puede el ser humano vivir en paz y en libertad. Si no nos sometemos al Derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia.

El establecimiento de límites al poder y la definición de la dignidad humana como centro de los valores sociales ha sido una preocupación constante de la humanidad. Pero no se han constituido como valores plenamente institucionalizados hasta hace bien poco. Y no ha sido un camino lineal. Hemos vivido avances y retrocesos, obstáculos y aceleradores. Porque el Estado de Derecho siempre está en peligro. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como nos dejó dicho Lord Acton. 

El populismo, la corrupción y el abuso de poder son males arraigados que históricamente han impactado el robusto pilar que alberga y respalda la dignidad de las personas. Estos males se disfrazan con frecuencia con una fachada de legitimidad democrática y aparente defensa de la libertad, aunque en realidad constituyen un enérgico y eficaz asalto contra la estructura constitucional que garantiza la convivencia pacífica y la libertad de los ciudadanos que reside bajo su amparo.

Por muchos avances que consigamos, no podemos dar por hecho el triunfo definitivo de la civilización, ni siquiera como ideal. Recordemos el suicidio de Weimar, aprobado por el Reichstag, el gran Parlamento alemán, a través de la ley de plenos poderes, y de una gran campaña de intoxicación de la población.

Ahora, y en pleno siglo XXI, los corderos ofrecidos al gran Leviatán son nuevamente seres humanos. La moneda que usan los tiranos es la de la vida, la integridad y la felicidad de sus conciudadanos. El imperio de los hombres, de unos pocos hombres, trabaja día y noche y siempre representa una amenaza frente al dominio de las leyes, que es donde pueden habitar la dignidad, la libertad, la igualdad de cada persona. Por eso es imprescindible mantener la honestidad intelectual que nos permita detectar a quienes consciente e inconscientemente combaten el Imperio de la Ley, y conocer los planes que se urden contra el Estado de Derecho.

El Imperio de la Ley es un concepto abstracto, pero esto no basta. La ley debe ser clara y determinada; la seguridad jurídica implica estabilidad de las leyes, lo que ayuda a la confianza en el derecho y prohíbe la retroactividad de las normas penales o sancionadoras, la aplicación de un derecho nuevo a situaciones anteriores. La seguridad jurídica también implica, y esto es particularmente importante, un control eficiente por un poder judicial , por unos jueces, imparciales e independientes, cuyas decisiones sean predecibles y circunscritas al ordenamiento jurídico y libres de influencias o limitaciones políticas. La revisión de la legislación por la justicia constitucional o por el Tribunal Supremo, según los modelos de revisión jurisdiccional conocidos culmina el diseño del Estado de Derecho. 

En resumen, podríamos decir que el Imperio de la Ley vincula, obliga al poder del Estado al respeto de dignidad humana, de la libertad y de la democracia, valores básicos que forman una unidad funcional y son elementos son mutuamente dependientes. Si un elemento falla, los otros elementos fallan también. Si un elemento se debilita, los otros elementos se debilitan también. Es muy importante por ello, no solo entender los conceptos, sino también protegerlos y potenciarlos para que prevalezca.

México es una de las grandes democracias del mundo. A ello ha contribuido enormemente el compromiso centenario de la Barra Mexicana. México es la más grande de las democracias que habla en español, con 127 millones de habitantes. Tiene una Constitución centenaria y una larga tradición de instituciones jurídicas.

Entre sus logros jurídicos destaca el haber sido el primer país en incorporar derechos sociales en la vigente Constitución de Querétaro en 1917. También es pionero en introducir a nivel constitucional el juicio o recurso de amparo desde el siglo XIX. Esta institución se ha incorporado progresivamente a los países iberoamericanos y a un número creciente de constituciones europeas, asiáticas y africanas. Incluso, el “amparo” como recurso efectivo de protección de derechos fundamentales, tuvo una impronta en su consagración como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en París (art. 8) en 1948, y en la Declaración Americana aprobada el mismo año con ocasión de la Conferencia Internacional Americana de Bogotá (art. XVIII), que creó también la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los jueces y abogados mexicanos tienen una enorme responsabilidad para hacer valer el Estado de Derecho.

De ahí que la World Jurist Association (WJA), como asociación que trabaja hace más de sesenta años defendiendo el Estado de Derecho a nivel global, adoptara una Declaración expresando su preocupación por el Estado de Derecho en México. Esta Declaración fue suscrita por más de mil juristas del mundo y se han adherido numerosas asociaciones e instituciones.

En la Declaración se recuerda que el Estado de Derecho no es una estructura inmutable, requiriendo de la participación ciudadana y del debido ejercicio del poder público. La WJA hizo una llamada al diálogo entre todas las instancias del poder público, el poder judicial y la sociedad civil en general, a la unidad para promover el respeto y la supremacía del Imperio de la Ley y nunca el uso de la fuerza. 

 Déjenme decirlo una vez más: la democracia liberal no consiste en que la mayoría decida a su antojo el destino de una sociedad. El Imperio de la Ley no significa aprobar cualquier texto normativo adoptado por una mayoría parlamentaria. El Estado de Derecho no existe sólo por el hecho de que se afirme que existe. Su presencia solo es reconocible donde prevalecen los pilares básicos a que hecho referencia, donde rige en el principio de legalidad y se respetan las decisiones judiciales de unos magistrados independientes.

Solo entonces, el Derecho proporciona la seguridad jurídica que le caracteriza. La certeza sobre las consecuencias de las actuaciones propias, proporcionando confianza en que serán protegidas si se ajustan a la legalidad, y previsibilidad respecto a la reacción de los poderes públicos.

La autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus decisiones, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio debe suponer la anulación o ineficacia de un acto del poder ejecutivo o de la Administración pública que le infrinja o el reconocimiento de la obligación de ésta de responder de la alteración producida sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias, en su caso, por las alteraciones producidas sin respetar las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento.

El Estado de Derecho se convierte, de esta manera, en una precondición institucional para el desarrollo económico. A éste corresponde crear las condiciones para que el sistema legal sea predecible en cuanto aclara y garantiza los derechos de propiedad y da un respaldo institucional para el debido cumplimiento de los contratos privados y públicos. Además, debe brindar condiciones de estabilidad legal mediante un marco efectivo para la división de los poderes públicos cuyo buen funcionamiento, en particular a través de un sistema judicial, dé credibilidad a las políticas y regulaciones de los gobiernos. En suma, un cuadro institucional de ese tipo debe reducir los costos de transacción y, con ello, facilitar y ampliar las transacciones del mercado . La estabilidad y la predecibilidad asociadas al Estado de Derecho buscan crear un clima en donde se evalúe racionalmente el riesgo de los negocios y se reduzcan los costos de las transacciones. 

Son muchos los países en los que la democracia es o ha sido víctima de la carcoma y donde solo un tratamiento de choque y posterior vigilancia continua puede salvaguardar el tesoro de respirar el oxígeno que solo producen los estados de derecho.

El respeto, la defensa y el fortalecimiento del Estado de Derecho es en sí mismo un llamado a la construcción de sociedades más justas e inclusivas para la mujer, la juventud sin educación y empleo, y las personas más frágiles de la sociedad. En una sociedad inexorablemente globalizada, donde el desarrollo depende en gran parte del capital humano, la protección a los emprendedores y la economía del conocimiento, el Imperio de la Ley representa uno de los pilares que permiten la innovación, el crecimiento y el desarrollo de los ciudadanos.

El Estado de Derecho sigue siendo frágil en numerosas regiones del mundo, caracterizadas por sus vulnerabilidades y una continua adaptación. En la actualidad, como resultado de la crisis originada por la pandemia del Covid-19, las heridas profundas causadas por el conflicto en Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas, la creciente desconfianza en las instituciones, los desafíos ambientales y la imperante necesidad de avanzar hacia fuentes de energía renovable para asegurar la sostenibilidad energética de las naciones, surgen nuevos panoramas que requieren respuestas creativas y perspicaces. Una vez más, el Imperio de la Ley se enfrenta al desafío de reinventarse para evitar sucumbir a las tentaciones contemporáneas del populismo, la corrupción y el abuso de poder. 

En esta lucha constante por la preservación del Estado de Derecho, la Barra Mexicana tiene la responsabilidad de perseverar en su compromiso de salvaguardar este legado, el cual garantiza la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Como es natural, los juristas tendemos a analizar estas realidades desde el punto de vista de los derechos individuales y el resto de los valores que inspiran a las modernas democracias liberales. Pero es necesario hablar también de la correlación que existe entre el Estado de Derecho y el desarrollo económico. 

La riqueza de un país no depende tanto de los recursos naturales de que disponga como de la calidad de sus instituciones. Decenas de países en África, Asia o Latinoamérica tienen recursos enormes naturales que podrían haber ayudado a un desarrollo económico y social extraordinarios. Sin embargo, muchos de ellos se mantienen en niveles de pobreza inaceptables. Necesitan todo tipo de ayuda de los países desarrollados, pero, ante todo, necesitan instituciones fuertes, Estados de Derecho avanzados, verdaderas democracias de calidad. 

Con todo ello quiero decir que nuestra lucha por un Estado de Derecho sólido y unas instituciones Instituciones fuertes, nos sitúa en el lado correcto de la historia. Y ello por razones morales, legales, pero también económicas. Ojalá esta idea se abra paso en los lugares en los que está en crisis. Ojalá pierda sentido alguna vez la lucha en la que estamos empeñados. Ojalá estos valores y estos principios se reconozcan alguna vez como universales.

Amigas y amigos, termino ya. Aristóteles dejó dicho que “En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor”. Les invito a todos a renovar nuestro compromiso con los valores que definen nuestra vocación jurídica. La misma existencia de las democracias liberales depende de ello.

Muchas gracias a la Barra Mexicana, por este gran reconocimiento.

Muchas gracias a su presidente

Muchas gracias a todos los abogados mexicanos.

World Jurist Association

La World Jurist Association se fundó en 1963 en los Estados Unidos con la misión de conseguir un mundo gobernado por la ley y no por la fuerza. Es un foro abierto a jueces, abogados, académicos, legisladores, estudiantes de derecho y otros profesionales allegados al mundo del derecho y la defensa de los derechos humanos. Es una Organización No Gubernamental, con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, presente en 85 
países. 

World Law Foundation

La World Law Foundation surge como resultado de la Declaración de Madrid de 2019, proclamada durante el World Law Congress con el objetivo de reforzar la labor de promoción del Estado de Derecho como garante de la libertad que ha venido realizando la World Jurist Association desde 1957. La fundación promueve el diálogo y la armonía entre las naciones y regiones del mundo, fomentando el uso del Derecho, el respeto y la defensa de las libertades individuales. También, fomenta y difunde el respeto al Derecho como instrumento para defender la paz mundial en las relaciones internacionales entre los Estados.