Latinoamérica confirma su primer acuerdo medioambiental el Día Mundial de la Tierra
Se ha publicado este jueves 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, el primer tratado medioambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú protegerá notablemente los derechos de los defensores del medio ambiente y la salud de los pueblos indígenas, entre otros objetivos.
Este acuerdo, que fue suscrito en Argentina, tiene como fin garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas, en especial las indígenas, además de promover la participación pública, el acceso a la información y la justicia en materia ambiental a nivel regional, en América Latina y el Caribe.
Por primera vez, se introduce un acuerdo de este calibre buscando proteger al blanco de numerosos asesinatos en América Latina, los activistas medioambientales. Los agricultores y activistas de la región han denunciado reiteradamente amenazas por oponerse a los intereses de las empresas mineras, forestales, agroindustriales, eólicas, hidroeléctricas y de gas.
“En 2019 fueron asesinados 210 defensores ambientales en todo el mundo, incluidos dos tercios en nuestra región”, recuerda Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepalc), el organismo regional de Naciones Unidas.
El tratado intenta retomar estos derechos ya consagrados en 1992 para devolverle el derecho a las personas y comunidades a ser informadas y escuchadas en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y sus territorios. “La mejor manera de abordar los problemas ambientales es garantizar la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel apropiado”, promulgó el Principio 10 de la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de 1992.
Escazú es una ciudad situada al suroeste de San José, capital de Costa Rica, una democracia verde en Centro América. Al albergar la última ronda de negociaciones entre países de América Latina y el Caribe el 4 de marzo de 2018, esta ciudad costarricense dio nombre a este acuerdo regional. Tras un proceso de ratificación particularmente lento, entró en vigor el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, asegura a través de un mensaje grabado que la entrada en vigor de este acuerdo “nos da esperanza e inspiración y allana el camino para una regulación sostenible y resiliente” para abordar el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del medio ambiente.
Por su parte, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “ante los daños ambientales y las injusticias, los instrumentos legales como el acuerdo de Escazú son fundamentales para responsabilizar a los Estados y defender los derechos humanos y la salud y el planeta”.
Se adoptó el acuerdo con 24 países de los 46 de la región, incluido Brasil, pero sólo han sido 12 los que lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay, y sellan su entrada en vigor en su territorio. Algunos de los que más agresiones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela, no lo han firmado.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid informa que en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos en el mundo. Estando implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales el 69% de ellas, entre las cuales 44 fueron mujeres, según un informe de FrontLine Defenders.
La organización apunta que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para las defensoras –solo en Colombia, en 2020, fueron asesinados 177- y denuncia las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, haciendo alusión a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico.
“Desde su adopción en 2018, el proceso de firma y ratificación ha sido muy lento, en parte debido a los cambios políticos en la región, la crisis de la COVID-19 y la demora en los procesos de ratificación dentro de los órganos legislativos - resultado del cabildeo de los representantes, del sector privado y la difusión de argumentos inexactos que han generado confusión sobre los potenciales impactos que este acuerdo podría tener para los países una vez ratificado”, explica en su blog el Instituto para el Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales.
Para que este tratado pudiese entrar en vigor era necesario que al menos 11 países lo ratificasen. El párrafo 1 del artículo 22 especifica que la promulgación tomará nota “a los 90 días de la fecha de depósito del undécimo instrumento de ratificación”. El 22 de enero, México fue el undécimo país en ratificarlo ante Naciones Unidas, seguido por Argentina.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
