La inmigración ilegal bate récords en Turquía. El Gobierno de Ankara ha detenido, en lo que va de año, a cerca de 270.000 personas que se encontraban en tránsito hacia la Unión Europea. Se trata de la cifra más alta desde que se recopilan datos al respecto. La información ha sido publicada en el repositorio digital de estadísticas de la Dirección General de Gestión Migratoria, dependiente del Ministerio del Interior. Se espera que, en los meses restantes de 2019, las detenciones continúen produciéndose a un ritmo sostenido.
A primera vista, se pueden detectar algunas tendencias generales. Los meses de verano han significado un repunte en el tráfico de migrantes. Afganistán y Pakistán han consolidado a la región centroasiática como el principal foco de emisión; tres quintas partes de los detenidos procedían de uno de estos dos territorios países. De este modo, el Levante, hace unos años el ‘hub’ más destacado de emigración, pasa a un segundo plano como área geográfica de origen.
Los puntos calientes de detenciones en Turquía se sitúan en aquellas provincias donde existe una mayor densidad de migrantes. Así, el extremo sudeste del país, la región en torno al Kurdistán, ha registrado mayor concentración de arrestos, al ser un punto de llegada desde los países de Oriente Medio y el centro de Asia. Del mismo modo, las provincias más occidentales, como punto de salida por tierra o por mar hacia la Unión Europea, han arrojado cifras más altas. En concreto, el distrito de Edirne, fronterizo con Grecia y Bulgaria, ha registrado un tráfico importante, con cerca de 75.000 detenciones –lo que supone un incremento del 70% con respecto al año pasado. En las provincias correspondientes a la ruta del mar Egeo, el Ejecutivo turco ha arrestado a cerca de 32.000 inmigrantes.
En lo tocante a las detenciones de traficantes de personas, las cifras provisionales son, por el momento, inferiores a las totales correspondientes a 2018. Desde el mes de enero hasta mediados de septiembre, cerca de 5.400 personas han sido detenidas en Turquía por este motivo. Si el ritmo de arrestos continúa, es probable que, a finales de año, se alcancen los datos más altos en este apartado desde que hay registros. Hasta ahora, la cifra más alta corresponde a 2018, con cerca de 6.300 arrestos.
Hay migrantes que, a pesar de la vigilancia de las autoridades turcas, sí han conseguido llegar a territorio europeo. Según datos proporcionados por la agencia Frontex, solo en 2019 más de 38.000 personas han utilizado la ruta del mar Egeo para llegar a las costas griegas desde la península de Anatolia. Se trata, así, del camino más concurrido para intentar llegar ilegalmente a Europa. En comparación, en el Mediterráneo occidental, la opción que atraviesa España, se han detectado 15.000 entradas ilegales, esto es, bastante menos de la mitad.
A lo largo de la crisis migratoria en el Mediterráneo oriental, que dura ya un lustro, Turquía ha desempeñado un papel destacado como dique de contención de la migración fuera de la Unión Europea. Como apuntan las estadísticas de Frontex, el país otomano ha representado para muchos migrantes una de las principales rutas de acceso a territorio comunitario. Una aspiración truncada, las más de las veces; de ello se encargó el acuerdo firmado por Bruselas y Ankara en marzo de 2016, concebido por Dimitris Avramopoulos, el anterior Comisario de Migraciones, Asuntos Interiores y Ciudadanía. En virtud de lo estipulado, el país otomano se comprometía a retener en su territorio a los migrantes ilegales expulsados fuera de las fronteras comunes. A cambio, la Unión ingresaba 6.000 millones de euros anuales en las arcas turcas.
En cuatro años, el volumen de detenciones en Turquía se ha duplicado prácticamente. El pacto con la UE, desde luego, tiene que ver con esta circunstancia. Más de 900.000 migrantes han sido detenidos en territorio turco desde que el documento entró en vigor. Como consecuencia, el Ministerio del Interior apunta a que la cantidad de refugiados asciende hasta casi los cinco millones.
Sin embargo, Turquía decidió abandonar el acuerdo este verano. La razón principal esgrimida por Ankara reside en las sanciones que aprobó Bruselas sobre el Ejecutivo turco. ¿La razón?: unas prospecciones de gas emprendidas en aguas chipriotas. La presión migratoria, no obstante, es otro de los motivos latentes. El enfriamiento de las relaciones políticas con el régimen de Erdogan –que ha basculado recientemente hacia Rusia— tampoco ha ayudado a gestionar la crisis. Desde la ruptura del pacto, se ha devuelto a cientos de inmigrantes sirios a su país de origen; unas repatriaciones que, según el Ejecutivo turco, siempre han sido voluntarias.
Cuando se rompió la alianza, el Ejecutivo turco supeditó la reanudación del pacto a una redistribución de los solicitantes de asilo detenidos en Turquía entre los diferentes países miembros; una política que, por el momento, no se está aplicando ni a pequeña ni a gran escala desde las instituciones comunitarias.
