Marruecos, socio de Europa
Los documentos legales en el ámbito internacional tienen su relevancia para la aplicación de las leyes y son los gobernantes y los legisladores quienes deben cambiar esos documentos y reconocer la evidencia de una situación consolidada como es la integridad territorial de Marruecos con el 80% de la población saharaui viviendo en las provincias del sur, en el Sáhara Occidental, aceptando la propuesta presentada en 2007 en Naciones Unidas por Mohamed VI para solucionar el contencioso que dura más de 45 años con una amplia autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara.
Naciones Unidas todavía no ha solucionado esta anómala situación y hay quienes se aprovechan intentando explotar una representatividad que no se corresponde desde hace muchos años. En el origen, el Frente Polisario causó la muerte de unos 300 españoles y, aunque hay quienes quieren pasar esa página, no se puede olvidar en unos momentos donde la Justicia europea basa su decisión en que los acuerdos comerciales entre Marruecos y la Unión Europea incluyen productos cultivados en el Sáhara y pesca en aguas de ese litoral sin que haya consentimiento del pueblo saharaui.
Pregunta inmediata ¿quién es el pueblo saharaui? El 80% que vive en el Sáhara Occidental y acepta en su gran mayoría la soberanía de Marruecos con una autonomía que ha sido apoyada ya por 100 países relevante de todo el mundo o el 20 % que malvive en condiciones infrahumanas en los campamentos de Tinduf, en Argelia, bajo la represión del Frente Polisario. Naciones Unidas debería revisar con urgencia quién representa a quién y con qué legitimidad porque en Tinduf no se celebran elecciones y en el Sáhara Occidental sí, las últimas en septiembre de 2021.
En la Unión Europea, los países más relevantes como Francia, Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos, Dinamarca han mostrado públicamente su apoyo a la propuesta marroquí y respaldan las gestiones de la diplomacia de Rabat con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas para que se vuelva a convocar la mesa de negociaciones y resolver un problema que ahora, con la inestabilidad en el Sahel por los grupos terroristas y los movimientos de Rusia, Irán y sus grupos afines, exige una solución que proporcione seguridad y estabilidad a la región. La salida al océano Atlántico para Argelia y Rusia es inviable desde cualquier punto de vista de Estados Unidos y la Unión Europea, y mucho menos ahora con la invasión de Ucrania y las amenazas en el Sahel.
Empresas españolas perjudicadas
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulando el acuerdo comercial entre Marruecos y la UE en materia de pesca y agricultura perjudica a numerosas empresas españolas.
No sólo a los pesqueros que llevan sin faenar en aguas marroquíes desde el 17 de julio del año pasado 2023, también a numerosas empresas agrícolas españolas que trabajan en Marruecos. Por supuesto que las decisiones de los tribunales se acatan, sobre todo cuando todo indicaba el sentido de la decisión sobre este acuerdo comercial, y después se buscan soluciones para evitar en lo posible las consecuencias tan negativas que provoca no sólo para los intereses de Marruecos, sino también para los europeos y, sobre todo, para los españoles.
En Marruecos trabajan actualmente en el sector primario 360 empresas españolas, según los datos del ICEX. Cuando se habla de la competencia desleal de los marroquíes se olvida que un buen número de productores agroalimentarios en territorio del país vecino son españoles. Algunos nombres destacados de filiales de grandes empresas son Agrícola Perichan, Agroatlas, Borges, Iberfruta, Abengoa, Planasa, Juver Alimentación, Acesur, Garavilla, Agromillora, Semillas Fitó, Florimond, Nutricontrol, Ebro Foods, Aliminter S.A., Internaco, Frigodar, Primor Fruit, Fulgencio Spa, entre otras. La mayor parte de las firmas españolas de agroalimentación se concentran en la zona de Gharb entre Tánger y Rabat, en el Valle del Sus, y en el Ejido marroquí en Agadir.
Quizá haya que analizar las causas que animan a estas empresas a buscar un futuro mejor fuera de España y después lanzar acusaciones más o menos dudosas. Además de los trámites burocráticos que pretende imponer Bruselas que provocaron una fuerte protesta de numerosos agricultores europeos, en el caso español se añade la falta de relevo generacional, la escasez de agua y de tierra, la competencia con las fotovoltaicas y los fondos de inversión, los costes salariales y las cotizaciones sociales, el buen clima y la tierra fértil y más barata, marco regulatorio y acceso a otros mercados, en definitiva, más y mejor competitividad. Otros países elegidos por empresas españolas son Túnez, Egipto o Turquía. En el sector pesquero, 92 de las 138 licencias corresponden a barcos andaluces, gallegos y canarios.
En el aspecto legal, Naciones Unidas no considera territorio marroquí al Sáhara y a las aguas de sus costas, pero no ha vuelto a convocar la mesa de negociación de Ginebra por la negativa a participar de Argelia y del Frente Polisario que se arroga la representatividad del pueblo saharaui sin legitimidad alguna. La sentencia se basa en la falta de consulta al pueblo saharaui. La cuestión está en quién puede representar al pueblo saharaui. El 80% de los saharauis viven en el Sáhara Occidental de acuerdo con la gestión de Marruecos.
Un ejemplo, en septiembre de 2021 se celebraron elecciones locales, regionales y nacionales con más de 5.000 observadores internacionales que certificaron la limpieza y garantías de unos comicios donde saharauis fueron elegidos por saharauis en El Aaiún, Dajla, Guelmin, las consideradas provincias del sur por Marruecos.
En los últimos meses, más de 100 países han respaldado públicamente la propuesta presentada por el rey Mohamed VI en Naciones Unidas en 2007 para una amplia autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí.
Es una realidad evidente sobre el terreno donde movimientos políticos y sociales como Saharauis por la Paz incrementan cada día el apoyo de la población saharaui y aceptan la propuesta marroquí. Dan un paso adelante al plantear que lo que hay que hacer ahora es terminar con la violencia que pretende ejercer el Frente Polisario desde el año 2020 con apoyo de Argelia y de Irán a través de Hezbolá, y sentarse a negociar el contenido con garantías de una autonomía que proporcione a los saharauis representatividad como la que tienen ahora, vivienda, trabajo, sanidad, educación, seguridad y reagrupación familiar con los saharauis que malviven en los campamentos de Tinduf.
Las denuncias por la violación de los derechos humanos y la represión que sufren numerosos saharauis bajo el control del Frente Polisario proliferan en Naciones Unidas, que sigue sin recibir los informes reclamados a través de las distintas resoluciones que renuevan la misión de tropas de la ONU sobre el terreno, MINURSO. Entre la información reclamada está el censo en los campamentos para determinar el número real de saharauis que viven en esos lugares.
Unos datos que no se proporcionan porque el número de saharauis que siguen malviviendo en los campamentos no llega al 50%, el resto son inmigrantes subsaharianos y, por tanto, el Polisario vería reducida notablemente la ayuda financiera internacional y los envíos del fondo de alimentos, que después revenden en los mercados de los países vecinos como Mauritania o Senegal.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Canarias mantiene abiertas las reclamaciones por los asesinatos de más de 300 españoles, militares y civiles perpetrados por el Frente Polisario en los años 70 y 80 del siglo pasado, y que en algunos sectores de la izquierda y extrema izquierda española prefieren olvidar, como ocurre con Bildu.