La política exterior de un país serio, confiable y defensor de sus intereses debe ser consensuada entre los grandes partidos con opción de gobierno, explicada en el Parlamento y planificada con una perspectiva entre 20 y 30 años. Lo que se denomina una política de Estado que influye directamente en las relaciones políticas, económicas, comerciales, sociales y culturales de ese país con su entorno más cercano, en el marco de organismos e instituciones regionales e internacionales y con el resto de los países del mundo, con mayor o menor intensidad y colaboración.
En el mundo actual, la pertenencia a organizaciones integradoras como la Unión Europea y la OTAN exigen compartir ámbitos de soberanía en sectores relevantes como la economía y la defensa, principalmente, pero sin una cesión total que suponga una pérdida total de la capacidad propia de decisión y movimiento. Las reglas de juego están claras con unos compromisos y unas obligaciones que permiten la supervivencia y la operatividad en consonancia con el beneficio general de todos sus miembros con unos elementos básicos mucho más favorables que si la actuación de cualquiera de esos países se produjera en solitario.
Por supuesto que hay diferencia de criterios e intereses contrapuestos en algunas ocasiones, pero existen los mecanismos necesarios para solucionar los contenciosos. En el caso del Gobierno español presidido por Pedro Sánchez las desavenencias y los conflictos ideológicos y de interés político-electoral han sido evidentes en estos años donde el carácter supuestamente progresista del Ejecutivo ha servido para tapar aparentemente los problemas.
El caso de la política exterior afecta directamente a la reputación y a la imagen, sobre todo, porque las decisiones en el ámbito económico, judicial, fiscal, social e, incluso, deportivo también provocan reacción y pérdida de credibilidad y prestigio. Además, esa inestabilidad política provocada por un Gobierno dividido y en constante pugna mediática y por el apoyo de unos grupos políticos independentistas insaciables resulta la peor opción para inversores internacionales.
En este momento, Pedro Sánchez da por hecho mantener en su Ejecutivo a una vicepresidenta como Yolanda Díaz que considera una dictadura a Marruecos, vecino y aliado estratégico de España actualmente. Y a unas ministras de Podemos que apoyan a los enemigos de Marruecos y la autodeterminación.
En estos meses, los ahora englobados en la coalición de Sumar se manifiestan en contra de la OTAN y muestran más o menos claramente su simpatía por Putin. Por supuesto, su debilidad son las dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y los gobiernos de extrema izquierda en otros países de América Latina. El colmo se produce con el apoyo al grupo terrorista Hamás, que somete a una férrea dictadura a los palestinos de Gaza desde 2007, y una ministra del Gobierno de España, en funciones, pero este matiz no es relevante, Ione Belarra, líder de Podemos, acusa al primer ministro de un país amigo de España como Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza y ser un criminal de guerra.
Y no pasa nada. Pedro Sánchez, a la misma hora, condenaba el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Justo al día siguiente de la foto con los herederos de la banda terrorista ETA. El resultado de esta incoherencia permanente es la pérdida de peso internacional de España, que no cuenta ni para condenar conjuntamente la masacre terrorista de Hamás. El prestigio, la credibilidad y la imagen de España sufren gravemente y no lo remedia eso de progresista.
