La dimensión global del ‘Luanda Leaks’
Jesús García-Luengos. Miembro del Panel de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, investigador del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid, jurista y consultor independiente
Cuando a principios de este año los medios de comunicación de todo el mundo publicaron una investigación denominada ‘Luanda Leaks’ -en cuyo centro están Isabel Dos Santos y su marido, el coleccionista de arte Sindika Dokolo-, no sólo estaban revelando la magnitud de un gran escándalo de malversación vinculado al petróleo (90% de los ingresos por exportación de Angola y hasta un 75% de los ingresos estatales) y los diamantes, sino apuntando a la línea de flotación de un sistema corrosivo para la vida de cientos de millones de africanos.
El ‘Luanda Leaks’ es obra de un trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (más conocido por la investigación de los Papeles de Panamá), en el que han participado 36 medios de comunicación internacionales, con 120 periodistas investigando en 20 países; y basado en el análisis de más de 700.000 documentos obtenidos por la Plataforma para Proteger a Denunciantes de África.
El viento a favor de Isabel Dos Santos (hija del expresidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, 38 años en el poder e instalado actualmente en Barcelona) dio un giro completo con el nombramiento de Joao Lourenço (Ministro de Defensa con Dos Santos) al frente del Gobierno en 2017. Isabel había amasado hasta entonces una fortuna estimada en 3.000 millones de dólares, a partir de las concesiones, por decreto presidencial, realizadas por su padre; empezando por la empresa Sodiam, que detenta el monopolio de los diamantes, pasando por Unitel (el mayor operador de telecomunicaciones) y terminando por su nombramiento como presidenta de la petrolera estatal Sonangol (cargo del que fue cesada por Lourenço).
El imperio de quien es la mujer más rica de África abarca numerosos sectores (bancario, telecomunicaciones, inmobiliario, energía, entre otros) y se apoya en más de 400 sociedades mercantiles -muchas de ellas en paraísos fiscales, en buena parte en jurisdicciones occidentales - en 41 países. El estado angoleño le reclama actualmente 1.100 millones de dólares, y se han abierto investigaciones judiciales en Mónaco y Portugal. En este último país, Isabel invirtió en diversos sectores estratégicos (que incluyen la petrolera portuguesa Galp y varios medios de comunicación), contando con el favor de grandes fortunas, empresarios y políticos portugueses.
La campaña anti-corrupción de Lourenço -orientada sobre todo hacia determinadas élites del país- ha tenido como principales protagonistas al entorno de la familia Dos Santos. Un hermano de Isabel, José Filomeno, está también procesado por apropiación indebida de 500 millones de dólares durante su periodo al frente del Fondo Soberano de Angola. Lourenço, por su parte, ha conseguido repatriar hasta 5.000 millones de dólares a través de una amnistía fiscal.
La gran cuestión es si estos fondos van a revertir en beneficio de una población cuya esperanza media de vida apenas supera los 60 años; más de la mitad de sus 30 millones de habitantes viven con menos de 2 dólares diarios; y la mortalidad infantil es de las más elevadas del mundo.
De la investigación del ‘Luanda Leaks’ se desprende también que todo el sistema articulado por Isabel y su marido no hubiese sido posible sin el asesoramiento y la colaboración de diversas multinacionales consultoras (como PwC y el Boston Consulting Group) y firmas de abogados occidentales, que se benefician de una regulación laxa en materia de responsabilidad en este tipo de asuntos. Pese a que están sujetos a una normativa más restrictiva, el papel de algunos bancos internacionales ha sido, también, decisivo.
Si bien el “modelo Dos Santos” tiene una dimensión excepcional, no es exclusivo de Angola (segundo productor petrolífero de África Subsahariana). Los dirigentes e hijos de otros Estados petrolíferos son objeto de investigación judicial, especialmente en Francia y a través del llamado expediente de los llamados “bienes mal adquiridos” (inversiones inmobiliarias fastuosas en territorio francés), que incluye también a notarios, abogados e inmobiliarias de este país.
Teodorín Obiang (hijo del actual presidente de Guinea Ecuatorial) ha sido condenado en París a 3 años de cárcel (pendiente de recurso) y a una multa de 30 millones de euros. La investigación judicial apunta también a Omar Bongo (presidente de Gabón) y a su hermana Pascaline (al frente del holding Delta Synergie, auténtica caja negra de la economía nacional y con el cual tienen vínculos diversas multinacionales francesas), y al presidente de República del Congo, Denis Sassou Nguesso y su hijo, Denis Christel, que controla el sector petrolífero y gestiona el holding suizo (pero con domicilio fiscal en las Seychelles) Orion Group.
Todo lo anterior refleja un sistema global de expolio de la riqueza petrolífera africana -cuyos titulares legítimos son las poblaciones locales- en beneficio exclusivo de una élite selecta, sustentado en relaciones familiares y de poder, y con la inestimable ayuda de bancos, intermediarios y asesores y consultores occidentales.
Este sistema -radicalmente opuesto al discurso sobre emprendimiento y éxito meritorio que Isabel Dos Santos ha ido proclamando por medio mundo, personificando la ‘nueva África’- requiere un cambio completo de paradigma, que se traduzca, entre otras cuestiones, en marcos prescriptivos y sancionadores para todos los actores implicados, la erradicación de los paraísos fiscales, más procesos judiciales -como el que tiene lugar en Italia contra las petroleras Eni y Shell y altos funcionarios de Nigeria, por un asunto de corrupción de 1.000 millones de dólares- y más periodismo de investigación.