Corrupción y despilfarro, dos peligros que acechan el plan Rearmar Europa de Bruselas

- Volcar la mayor parte de las inversiones en el tejido productivo nacional
- Una industria nacional capaz de aportar las capacidades tecnológicas más avanzadas
Una necesidad apremiante que desde Bruselas se considera casi de vida o muerte es el denominado plan Rearmar Europa, iniciativa con la que la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, quiere incrementar las capacidades militares de los veintisiete, multiplicar sus gastos e inversiones en sistemas de armas, mejorar las líneas de producción y consolidar las cadenas de suministros.
Entre los recursos de Bruselas y las aportaciones de cada uno de los veintisiete socios, Von der Leyen pretende dedicar la astronómica cifra de 800.000 millones de euros a reforzar el potencial militar de los países de la UE. El plan contempla utilizar “todas las palancas financieras disponibles para ayudar a los estados miembros a aumentar de forma significativa sus gastos en capacidades de defensa a corto y largo plazo”, subraya la consejera económica de la Comisión Europea en España, Anna Armengol, durante su intervención en el reciente Foro Infodefensa.

La economista explica que una de las propuestas que incluye Rearmar Europa es aportar 150.000 millones “en forma de préstamos” para programas de defensa aérea, misiles, sistemas de artillería, drones armados, sistemas antidron y ciber seguridad. Otra es movilizar el capital del Banco Europeo de Inversiones para que haga las veces de “locomotora” y sea ejemplo del sector bancario privado en financiar a las industrias de defensa”.
Ante tal multimillonario panorama, el escenario de intereses que se abre a las ojos y bolsillos de algunos desaprensivos de la política y ex altos cargos ahora en funciones de lobistas es descomunal. En despachos aquí y allá se están frotando las manos para conseguir un pellizco de suculento botín que ya olfatean, que en forma de comisiones opacas van a hacer todo lo posible para que vayan a parar a las cuentas corrientes de testaferros o depósitos secretos en algún paraíso fiscal.
Volcar la mayor parte de las inversiones en el tejido productivo nacional
Los elegantes intermediarios ya preparan sus tácticas, encerronas o chantajes para acercarse a aquellos altos cargos más proclives en dejarse convencer o engatusar por influyentes compañeros de partido ahora metidos en sociedades de dudosa reputación, grupos de presión o conglomerados especializados en la compra-venta de armamento o de lo que sea, con tal de mantener sus elevados ritmos de vida.
Un antecedente cercano y conocido de lo anteriormente descrito es lo ocurrido durante la pandemia por COVID-19, que asoló España entre marzo de 2020 y julio de 2023. La emergencia nacional llevó al gobierno del presidente Sánchez a relajar las medidas de control financiero y económico en los contratos de compras de material sanitario que, en una carrera desenfrenada, llevaron a cabo organismos oficiales del Ejecutivo central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos y empresas públicas.

Al amparo de la urgencia desatada por intentar preservar o curar del maligno virus a cientos de miles de vidas, en España camparon a sus anchas las adquisiciones con sobrecostes exagerados y las compras fraudulentas, a la vez que se mitigaron los controles preceptivos establecidos, se pasaron por alto algunas irregularidades y hasta se dieron casos de supuesto favoritismo en algunas de las altas esferas políticas y administrativas.
Lo anterior no debe volver a ocurrir y mucho menos en el ámbito del ministerio de Defensa, que es el que debe ejecutar el muy ambicioso plan Rearmar Europa que propone von der Leyen y que goza del consenso de los 27 naciones comunitarias. Y no es para menos porque el tejido industrial español militar está expectante ante el escenario de vacas gordas que promete Bruselas ante el continuado apoyo a Ucrania y la espantada estratégica de Donald Trump respecto a la Unión Europea.

El colectivo humano vinculado con la industria de la defensa también está atento ante el previsible crecimiento del presupuesto de Defensa hacia el 2 por ciento del PIB. Las reuniones de París, Londres, Kiev y el consejo extraordinario de la UE en Bruselas del día 6 de marzo con presencia de Pedro Sánchez apuntan que se va a alcanzar antes de 2029. La actual partida anual de inversiones en armamento y material es hoy del orden de los 6.500 millones ‒en torno al 30 por ciento del total el presupuesto de defensa‒ pero se quiere situar en alrededor de los 13.000 millones y que en su mayor parte se vuelque en el tejido productivo nacional, algo nada, pero que nada sencillo.
Han sido cerca de 20 años en los que los políticos que ha ocupado la cartera de Defensa, siguiendo directrices de los sucesivos inquilinos de la Moncloa, se han dedicado a pastorear a las empresas estatales y a la mayoría de las compañías privadas que, en gran medida, dependen de las partidas y programas de armamento y material recogidos en los Presupuestos Generales del Estado.
Una industria nacional capaz de aportar las capacidades tecnológicas más avanzadas
Los años en que proliferaron de vacas flacas llegaron con el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), se radicalizaron con los cuatro años del presidente Mariano Rajoy (PP) y se han mantenido bajo Pedro Sánchez (PSOE), aunque con excepciones. En los últimos años Moncloa se ha caído del guindo y Defensa ha logrado alimentar con nuevos pastos al que ahora se le adula con que “no hay defensa sólida sin una industria de defensa fuerte”.
Para algunas compañías, grandes, medianas y pequeñas, al igual que para las Fuerzas Armadas, los largos años de vacas flacas fueron una especie de travesía del desierto, periodo en el que los Ejércitos y la Armada tuvieron que afrontar un largo periodo de escasez de inversiones y sostenimiento y casi mendigar a las puertas de la Secretaría de Estado de Defensa. En el Foro Infodefensa, la vicepresidenta y directora de Negocio en España de Airbus DS, Marta Nogueira, ha recordado que, desde el punto de vista de la financiación, “se han pasado años muy complicados”, que han provocado “agujeros en las capacidades militares que ahora hay que llenar con cabeza y responsabilidad”.

Por fortuna, la mayoría de las compañías han sabido capear el temporal de una u otra manera, en especial volcándose en el competitivo mercado exterior, apostando por las exportaciones y saliendo airosos del empeño. Ahora el sector de la industria de defensa se encuentra inmerso en un ciclo expansivo, pero carente de un marco presupuestario estable a medio y largo plazo, que el gobierno Sánchez se niega hasta la fecha a debatir. La consecuencia es que se deambula sin rumbo por un itinerario marcado por la situación geoestratégica global y bajo la influencia de terceros países.
El problema es mayúsculo porque el plan Rearmar Europa y el crecimiento hacia el 2 por ciento va a conllevar un notable incremento de los programas de adquisición de sistemas de armas, que ni la dirección general de Armamento y Material (DGAM) ni tampoco la recién creada de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa van a poder afrontar.

El motivo es doble. Por un lado, no cuentan con el personal cualificado imprescindible para asumir el volumen de trabajo que se les viene encima. El que fuera subdirector de Programas de la DGAM, general del Aire Salvador Álvarez Pascual, lo resume del siguiente modo: “si pusieran encima de la mesa un importante número de programas, el ministerio tendría muchísimas dificultades para gestionarlo”.
A lo anterior hay que añadir el encorsetado armazón legal que regula el sistema de compras de sistemas de armas y equipamientos en el seno del ministerio de Defensa. Se hace preciso actualizar la normativa y hacerla más ágil, a la vez que reducir las barreras administrativas y legislativas, sin perjuicio de los imprescindibles controles y medidas de fiscalización para evitar irregularidades que puedan desembocar el casos de corrupción.

Como ha resumido Marta Nogueira, la función principal de la industria de defensa nacional es proporcionar a las Fuerzas Armadas españolas “lo que necesitan para cumplir con sus misiones en escenarios operativos en constante evolución” lo que se consigue “dotándolas de las capacidades tecnológicas más avanzadas”.