José María Enríquez Negreira, árbitro profesional desde 1975 hasta 1992 y vicepresidente el Comité Técnico de Árbitros de España desde 1994 hasta 2018, es el nombre propio que ha protagonizado la última gran polémica suscitada en el fútbol español. Su nombre saltó a la palestra después de la información ofrecida por la Cadena Ser en Cataluña que apuntaba a que el FC Barcelona había pagado a este responsable federativo arbitral hasta 1,4 millones de euros mientras ocupaba su cargo dentro del organigrama de la Real Federación Española de Fútbol.
La noticia salió a raíz de la indagación de la Agencia Tributaria en la que se investigaron los ingresos de la empresa DASNIL 95 SL, del propio Enríquez Negreira, que recibió pagos entre 2016 y 2018 por parte del FC Barcelona, durante la presidencia barcelonista de Josep María Bartomeu. Según se desprendió de las informaciones ofrecidas, se realizaron los pagos a Enríquez Negreira mediante su empresa DASNIL 95 SL, en la que figuraría también su hijo, a través de tres traspasos: 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018.
De esta forma, la Hacienda española descubrió supuestas irregularidades en los impuestos de la empresa DASNIL 95 y envió la información a la Fiscalía que decidió abrir una investigación. Dentro de las indagaciones periodísticas, el diario El Mundo publicó que el Barcelona llegó a pagar más de 6 millones de euros a esta empresa de José María Enríquez Negreira desde 2001, por informes arbitrales, por lo que la supuesta trama de corrupción se habría extendido hasta un plazo de 17 años presuntamente, abarcando periodos de diversos presidentes barcelonistas, como es el caso del actual máximo mandatario del club Joan Laporta.
Tras destaparse el escándalo, el Barcelona emitió un comunicado explicando que el servicio prestado por José María Enríquez Negreira y su empresa era el de “consultor técnico externo”, suministrando “informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica del Club”. Además, el club catalán especificó en la nota oficial que “la relación con el propio proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales”.
Cierto es que diversos equipos de fútbol contratan servicios de asesoramiento de antiguos colegiados de fútbol, pero el hecho grave en el asunto investigado reside en que José María Enríquez Negreira era uno de los tres vicepresidentes con los que contaba el Comité Técnico Arbitral y estaba en pleno ejercicio de sus funciones mientras recibió supuestamente los pagos. La función de Enríquez Negreira en el organismo federativo era la de decretar ascensos y descensos de árbitros y otorgar determinados premios deportivos a los colegiados merecedores de ello según sus actuaciones en los terrenos de juego. Aquí es donde surgen las sospechas y suposiciones sobre si existió influencia por parte de José María Enríquez Negreira, e incluso de su hijo, que, según diversas informaciones, ejerció de asesor personal o “coach” de árbitros, sobre los colegiados españoles en determinados partidos para favorecer presuntamente al FC Barcelona.
Esta conexión es la que empaña totalmente la actuación del FC Barcelona y debido a ello entró de lleno la Fiscalía planteando una denuncia por “corrupción continuada en el deporte”. La acusación de la Fiscalía señala al conjunto catalán como entidad jurídica y al expresidente Josep María Bartomeu a título personal. La Fiscalía señalaría así al FC Barcelona por corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. En este punto, la denuncia pasa entonces a un juzgado de Barcelona tras recoger las conclusiones a las que llegaron los cuerpos policiales y de investigación.
Se desconocen de momento las consecuencias que podría haber para el club azulgrana por este asunto y tampoco se sabe todavía si se podrá demostrar si el dinero sirvió o no para influir de una u otra manera en la labor arbitral a través de la posición privilegiada de Enríquez Negreira. Se estima una fuerte multa económica para el FC Barcelona, pero no una sanción deportiva que pudiese acarrear la pérdida de puntos en la Liga española o el descenso administrativo a una división inferior debido a que la Ley del Deporte española apunta a que los delitos en este ámbito prescriben a los tres años y este plazo ha pasado ya. Aunque en este aspecto, también se habla de que la UEFA y la FIFA, máximos organismos internacionales de fútbol a nivel europeo y mundial respectivamente, podrían entrar de oficio y decretar una sanción deportiva a nivel de competición española e incluso de participación en torneos europeos, todo ello dependiendo del veredicto judicial que se establezca en torno a la acusación presentada por la Fiscalía ante un presunto delito de corrupción continuada en el ámbito deportivo por parte del Barcelona.
