La crisis salarial en Libia expone la incapacidad de las autoridades para garantizar la estabilidad financiera
Libia enfrenta una grave crisis financiera que ha provocado el retraso en el pago de salarios de alrededor de 2,3 millones de empleados públicos durante noviembre, después de que el Gobierno se viera obligado a endeudarse para cubrir los pagos correspondientes a octubre.
Una fuente del Banco Central de Libia explicó a Al-Arab que el retraso en los pagos de salarios se debe a la falta de transferencias de ingresos durante varios meses. Ante esta situación, la Corporación Nacional del Petróleo asumió la responsabilidad de mitigar las consecuencias de la crisis, publicando un calendario de transferencias de los ingresos derivados de la venta de petróleo desde las cuentas de la institución a las del Banco Central de Libia. Estas transferencias, que comenzaron en enero de 2024 y se extendieron hasta el 25 de noviembre, sumaron un total de 14.362 millones de dólares, distribuidos en 21 transferencias.
La Corporación Nacional del Petróleo aclaró que, según el informe presentado, no hubo retrasos en la transferencia de los ingresos mencionados, y que este hecho no fue en ningún momento un obstáculo en el pago de los salarios de los empleados del sector público. Al contrario, la Corporación ha sido muy cuidadosa al transferir los montos adeudados antes de su fecha de vencimiento en la mayoría de los casos. Asimismo, explicó que la caída de los ingresos petroleros en el último período no se debió a retrasos, sino a la crisis del Banco Central de Libia y los consiguientes cierres, además de la paralización de la producción en el campo petrolero de Sharara.
Por su parte, Omar Bseisa, miembro del Ministerio de Finanzas del anterior Gobierno de Unidad Nacional, explicó que los salarios de octubre fueron cubiertos mediante un préstamo del Banco Central de Libia. Bseisa aseguró que su Ministerio está dispuesto a transferir los salarios, pero esto depende de que se respalde la cuenta y se garantice la cobertura necesaria. Sin embargo, señaló que no han recibido ninguna información al respecto, especialmente ante la total falta de comunicación por parte de la institución bancaria.
Según el partido de Gobierno, la crisis se debe a la falta de cobertura financiera en las cuentas del tesoro público, lo que podría ocasionar un retraso en el pago de los salarios de alrededor de 2,3 millones de empleados públicos, en caso de que el déficit financiero persista.
Durante años, Libia ha tenido que enfrentar la incertidumbre en el desembolso de salarios debido a la escasez de liquidez, un desafío que los funcionarios del Gobierno han atribuido a la inestabilidad, la falta de seguridad y al cierre de instalaciones petroleras.
Esta crisis salarial refleja una mala gestión de los recursos y la falta de coordinación entre las autoridades y organismos del país.
El hecho de que el Ministerio de Finanzas del Gobierno de Unidad haya tenido que recurrir a un préstamo de 5,3 mil millones de dinares (aproximadamente 1.080 millones de dólares) para cubrir los salarios de octubre evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar un flujo financiero regular, especialmente considerando los desafíos económicos que enfrenta el país.
Los círculos políticos en Libia atribuyen el retraso en los salarios a la incapacidad de las autoridades gubernamentales desde 2011 de garantizar los equilibrios financieros necesarios. Esta falta de control ha provocado el colapso de la moneda local y la escasez de liquidez, dando lugar a la manipulación y falsificación de la moneda, el saqueo de fondos públicos y la consolidación de la corrupción como un fenómeno político y social, estrechamente vinculado a la pertenencia al aparato gubernamental y a las instituciones estatales.
A principios de noviembre, una reunión en la sede de la Autoridad de Control Administrativo identificó tres razones principales detrás del retraso en el desembolso de salarios. En primer lugar, la insuficiencia de los ingresos transferidos de la Corporación Petrolera al Banco Central para cubrir los salarios. En segundo lugar, las repercusiones de las reformas salariales previstas para ciertos sectores públicos y, en tercer lugar, el retraso en la transferencia de los ingresos petroleros, conforme al acuerdo de 2020 que estipula que los ingresos deben ser transferidos dentro de las 48 horas a la cuenta soberana del Estado y, posteriormente, a la cuenta del Ministerio de Finanzas en el Banco Central.
El número de empleados públicos en Libia ha alcanzado los 2,3 millones, un aumento significativo en comparación con los 900.000 empleados registrados en 2010.
