¿Son los impuestos sobre el dinero electrónico una solución para las naciones africanas que buscan expandir su alcance fiscal?
Varios países del África subsahariana han tratado de introducir impuestos sobre las transacciones electrónicas, en respuesta a una adopción sostenida provocada por la pandemia. Si bien estos movimientos han recibido críticas, representan una oportunidad para aumentar significativamente los ingresos fiscales.
La COVID-19 y sus efectos colaterales dieron lugar a un fuerte aumento de los pagos electrónicos en todo el continente africano, una tendencia que continuará.
Paralelamente a esto, las finanzas públicas de la región han recibido un golpe significativo, ya que los ingresos por impuestos y exportaciones se vieron erosionados por la crisis económica mundial de los últimos dos años.
En consecuencia, muchos gobiernos están considerando el auge de las finanzas electrónicas para ayudar a cubrir sus respectivas brechas fiscales, así como para expandir su alcance fiscal en la economía informal.
Un ejemplo oportuno es Ghana, que debía introducir un impuesto del 1,75% sobre las transacciones electrónicas de más de GHS100 (14,25 dólares) en febrero, aunque su implementación oficial aún no se ha llevado a cabo. Si se promulga, el gravamen se aplicaría a todo, desde el dinero móvil hasta las remesas entrantes.
Al anunciar la medida planificada, Ken Ofori-Atta, el ministro de Finanzas, dijo que ayudaría a ampliar la red tributaria y aumentaría la relación impuestos-PIB del país del 11 al 16 %.
El año pasado, el Banco Mundial anunció que el sector de dinero móvil de Ghana fue el de más rápido crecimiento en África, y el Banco de Ghana registró un aumento interanual (interanual) del 143% en el valor de las transacciones en el primer trimestre de 2021, junto con un aumento del 64% aumento interanual en el volumen de transacciones.
Estas cifras sugieren que hay mucho potencial fiscal sin explotar en el espacio. No obstante, la nueva tasa ha suscitado una gran controversia, hasta el punto de que estallaron rifirrafes en el Parlamento durante la votación del proyecto de ley.
Los críticos han expresado su preocupación de que obstaculizará el desarrollo del comercio electrónico en Ghana, sobre todo al hacer que las personas vuelvan a realizar transacciones en efectivo.
Además, se cree que el impuesto podría afectar de manera desproporcionada a los pobres de las zonas rurales, que tienen opciones de pago limitadas y, a menudo, dependen de las remesas. En una nota similar, muchos argumentan que el impuesto limitará la inclusión financiera.
Estas preocupaciones hacen eco de las recomendaciones hechas por el Banco Mundial a Malawi, que en 2019 pasó a imponer un impuesto similar, que según el banco tendría un impacto negativo en las agendas de digitalización e inclusión financiera del país. Finalmente, el Gobierno de Malawi decidió no instituir el impuesto.
Si sigue adelante con el impuesto, Ghana se uniría a una lista cada vez mayor de naciones africanas que han introducido impuestos similares a raíz de la pandemia, lo que a menudo genera críticas similares.
El 1 de enero, Camerún dio a conocer un nuevo impuesto del 0,2% sobre las transacciones de dinero móvil, que se encontró con una campaña de oposición. Mientras tanto, Tanzania impuso un impuesto mínimo del 0,1% en julio de 2021, solo para que el Gobierno lo redujera en un 30% después de las protestas y una caída dramática en el uso.
Incluso antes de la pandemia, varios países habían aplicado impuestos a las transacciones digitales, con resultados mixtos.
Por ejemplo, en Uganda se introdujo un gravamen del 1% sobre todas las transacciones de dinero móvil en julio de 2018, pero se redujo rápidamente al 0,5% tras la oposición pública y una caída del 24 % en los valores de las transacciones.
Un estudio reciente realizado por el Fondo de Desarrollo de Capital de la ONU encontró que el impuesto provocó que los ugandeses más ricos y urbanos cambiaran a la banca de agentes. En otras palabras, el gravamen impactó desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos, además de tener un efecto regresivo en la formalización de la economía de Uganda.
Mientras tanto, Costa de Marfil intentó introducir un impuesto a las transacciones de dinero móvil del 0,5% en 2018, pero se retiró rápidamente y se reemplazó en 2019 con un impuesto sobre los ingresos totales de los proveedores, en lugar de las transacciones en sí.
El Gobierno insistió en que los proveedores no traspasaran este costo adicional a sus usuarios, lo que llevó a las empresas a recortar gastos operativos y de infraestructura. Este resultado parecería confirmar otro de los temores de los críticos de tales impuestos, a saber, que pueden limitar el crecimiento del sector en sí.
Por último, Zimbabue estableció un impuesto de transferencia de dinero intermediado del 2% en 2019. Si bien este impuesto ha demostrado ser igualmente impopular, ha logrado el efecto deseado de aumentar los ingresos fiscales del Gobierno.
A fines de 2021, el impuesto representaba casi la mitad de la contribución del impuesto corporativo, que ocupa el segundo lugar después del impuesto al valor agregado en la combinación fiscal de Zimbabue.
Como tal, si bien el Gobierno ha prometido revisar el impuesto, también ha dicho que es demasiado lucrativo para que se lleve a cabo una revisión a corto o mediano plazo.
El ejemplo de Zimbabue destaca cómo, a pesar de los posibles efectos secundarios negativos de tales impuestos, los ingresos que generan los hacen atractivos para muchos gobiernos.
En este sentido, parecería razonable esperar que se impongan impuestos adicionales de este tipo en el África subsahariana en el futuro. Depende de los gobiernos asegurarse de que no representen un paso atrás en la digitalización y la inclusión financiera.
