Al proceso de paz de Afganistán le está costando mantener el rumbo. Sin duda alguna, el acuerdo firmado entre los talibanes y la administración de Estados Unidos a principios del mes de marzo fue todo un hito. Se trataba del principio del final de una guerra en la que Washington lleva inmersa casi dos décadas sin obtener, aparentemente, demasiados resultados tangibles.
No obstante, la ratificación de aquel pacto en Doha (Qatar) no representó sino el comienzo de un camino que, hasta la fecha, se ha revelado lleno de baches y curvas. Las conversaciones entre EEUU y los fundamentalistas afganos, ya de por sí largas y accidentadas, no contaron con la aceptación del Ejecutivo del presidente Ashraf Ghani. Tenía sentido: hasta hace pocos meses, los talibanes se habían negado en redondo a negociar con Kabul, puesto que consideraban al Gobierno nacional como un mero títere del verdadero poder, situado en la Casa Blanca.
El acuerdo de Doha consiguió aliviar ese extremo y trazó la ruta para que el Gobierno afgano participase, más adelante, en las negociaciones. No ha sido fácil: los islamistas han roto, en más de una ocasión, el alto el fuego que constituía una condición ineludible para el diálogo. Las negociaciones se han visto enturbiadas por la comisión de varios atentados mortales perpetrados por operativos asociados al grupo yihadista.
No obstante, contra todo pronóstico, el proceso está saliendo adelante muy poco a poco. Todavía no se conoce, en términos generales, cuál será exactamente la cuota de poder que detentarán los talibanes una vez que se haya cerrado un pacto para una estabilidad duradera en Afganistán. Previsiblemente, serán necesarios meses de conversaciones para aclarar esta y otras cuestiones generales.
En el plano más concreto, uno de los puntos principales en torno al que ha orbitado la negociación es el intercambio de presos entre las dos partes. El mes pasado, el presidente Ghani se comprometió, a través de un decreto, a sacar de prisión nada menos que a 5.000 presos asociados a la red talibán. Como contrapartida, el grupo insurgente debe dejar en libertad a 1.000 prisioneros pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado. El proceso se había ralentizado notablemente, precisamente porque los islamistas no habían dado demasiadas muestras de cumplir con el alto el fuego.
El enviado especial de la Casa Blanca para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ejerció un poco de presión sobre Kabul: instó a la administración afgana a agilizar la liberación por miedo a que la COVID-19 pudiese expandirse más rápidamente entre la población reclusa del país.
De cualquier manera, parece que el toque de atención ha surtido cierto efecto. El intercambio de presos ya ha comenzado. Cruz Roja Internacional ha certificado este lunes que los talibanes han liberado a los primeros 20 prisioneros. Hasta la fecha, el Gobierno afgano, por su parte, ya ha soltado a 300 talibanes que permanecían encarcelados.
A través de su perfil oficial de Twitter, Khalilzad ha reconocido que se trata de un “paso importante” en el proceso de paz y en la reducción de la violencia. De nuevo, ha urgido a ambas partes a incrementar sus esfuerzos para mitigar, en la medida de lo posible, los efectos del coronavirus sobre los cautivos.
Afganistán es un país sumamente vulnerable a la pandemia. A la fragilidad estructural de su sistema sanitario debe sumarse el hecho de que cientos de personas han estado cruzando la frontera en las últimas semanas desde Irán, uno de los principales focos de transmisión del virus en Oriente Medio. Oficialmente, el país ha registrado 665 casos, con 21 fallecidos y 32 personas recuperadas, pero las cifras reales podrían exceder con creces las proporcionadas por la Administración.
En los últimos días, Afganistán también ha sido noticia por una operación de sus Fuerzas Armadas en la que fue detenido Abdullah Orakzai, alias Aslam Farooqi, quizá el líder más destacado de Daesh en la Provincia de Jorasán (ISKP, por sus siglas en inglés). Farooqi fue detenido en la provincia de Kandahar junto con otros 19 terroristas, según informó la Dirección Nacional de Seguridad (NDS), el servicio de inteligencia del Gobierno afgano.
Farooqi es considerado el responsable de la muerte de cientos de afganos. Uno de los ataques perpetrados más recientemente es el atentado suicida contra un templo sij en Kabul el pasado 25 de marzo, que se saldó con 25 víctimas mortales.
Desde que se hizo pública la detención de Farooqi, ha habido bastante debate acerca de su custodia. Pakistán solicitó su extradición para ser juzgado por sus tribunales, puesto que es un nacional paquistaní y estaba “involucrado en actividades antipaquistaníes”, según el escrito oficial. Como los dos países no tienen tratados de extradición en vigor, Kabul tuvo que estudiar la petición concreta. Su respuesta fue negativa: Farooqi sería juzgado en Afganistán.
A pesar de los pretextos que las autoridades de Islamabad ofrecieron para quedarse con el líder yihadista, hay expertos que aportan un punto de vista radicalmente distinto. Según una investigación de la Fundación Europea para Estudios sobre el Sur de Asia (EFSAS, por sus siglas en inglés), Farooqi -y, por ende, la rama de Daesh en Afganistán- contaría con numerosos lazos con diversas organizaciones terroristas con base en Pakistán, como la red Haqqani y Lashkar-e-Taiba, así como con instituciones del país, muy especialmente con la ISI (‘Inter-Services Intelligence’, el influyente servicio secreto del Ejecutivo).
En el pasado, la ISI ha levantado mucha controversia por el doble juego que ha practicado en la lucha antiterrorista. Por una parte, se ha presentado como un aliado necesario de Estados Unidos en la región y, por otra, ha proporcionado refugio a grupos relacionados con Al-Qaeda y ha financiado y entrenado organizaciones armadas activas en Cachemira.
En cierto modo, sus conexiones con los terroristas afganos no deben sorprender demasiado. Al fin y al cabo, como señala el informe de EFSAS, una fracción muy destacada de los combatientes afiliados a ISKP procede de las filas de Tahrik-e-Taliban Pakistan, la rama en ese país de los talibanes. El propio Farooqi tiene un pasado en Lashkar-e-Taiba, una entidad que ha desplegado sus actividades en la zona fronteriza con India y es responsable de los atentados de Bombay de noviembre de 2008 (173 personas asesinadas).
Los datos reflejados por EFSAS, de los que se ha hecho eco la prensa afgana, proceden de los servicios secretos afganos. La NDS todavía está investigando hasta dónde llega la imbricación de ISKP en Pakistán. Los interrogatorios a Farooqi se centran, precisamente, en esclarecer sus relaciones con otros grupos terroristas y con la ISI.
