Al menos ocho personas han muerto en un incendio registrado en la prisión de Evin, testigo de las peores violaciones de los derechos humanos en Irán. El número de víctimas mortales podría ascender en las próximas horas. Más de 60 internos resultaron heridos en un incidente todavía por esclarecer y que coincide con el alud de protestas desatado tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial, un suceso que sacude desde hace cinco semanas los cimientos del régimen teocrático persa. El incendio no hizo sino elevar la tensión en el centro neurálgico del país.
Las llamas envolvieron en la noche del sábado la cárcel de Evin, situada en las inmediaciones de un barrio residencial homónimo en el norte de la capital. El recinto, blindado con vallas electrificadas con alambre de espino y un campo de minas, encierra en su interior a centenares de disidentes destacados. Desde políticos opositores hasta periodistas, pasando por activistas, empresarios o académicos. De hecho, parte de los detenidos en el marco de las movilizaciones tras el fallecimiento de Amini han ido a parar allí.

Fueron varios los testigos que documentaron con sus teléfonos móviles el incendio desde las inmediaciones de la prisión. En los vídeos e imágenes que circulan por redes sociales puede escucharse el sonido de las explosiones y los disparos procedente del interior de Evin. No ha quedado claro, sin embargo, cómo se produjo el fuego. Las versiones difieren. Las autoridades reaccionaron con rapidez enviando un contingente de la Guardia Revolucionaria y otro de la Basij, la milicia paramilitar que asiste al resto de Fuerzas de Seguridad.
El canal de televisión estatal Mizan, próximo al Poder Judicial iraní, confirmó el fallecimiento de cuatro presos en los pabellones número siete y ocho del edificio, donde se encuentran los condenados por delitos financieros. La causa de la muerte fue la inhalación de humo, según la versión oficial. Otros 10 heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales de Taleqani y Modarres, cuatro de ellos en estado crítico, que finalmente perdieron la vida. Esa misma noche, Mizan emitió un reportaje para transmitir normalidad.
I lived in Atisaz towers, across from Evin prison. I spoke now to a friend there and could hear-as reflected in this video-cries of 'death to Khamenei' and gunshots. Evin is full of political prisoners, including US citizens. Their families are terrified. pic.twitter.com/Xmvug6w2VK
— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 15, 2022
Los vecinos de Evin, consultados por varios medios de comunicación occidentales, aseguran haber escuchado más explosiones “hasta bien entrada la mañana del domingo”. Algunos presos pudieron hablar horas después del incendio con sus familiares, pero en la noche del sábado era imposible aproximarse a las instalaciones. Los accesos estaban bloqueados y las carreteras, colapsadas.
Las versiones aportadas por los distintos canales del régimen no concuerdan. Algunos hablan de un incidente en el taller del pabellón, otros de un motín y un altercado entre presos. Pero la más extendida sostiene que un grupo de reclusos ejecutó un intento de huida que acabó con la detonación de varias minas, lo que explicaría el sonido de las explosiones. El gobernador de Teherán, Mohsen Mansouri, y el resto de autoridades se limitaron a atribuir el incendio a una serie de “elementos criminales”. Negaron que existiera relación con las protestas.
No ha trascendido la identidad de los ochos fallecidos. Entre los prisioneros políticos encerrados en Evin se encuentran dos empresarios iraníes con nacionalidad estadounidense, Siamak Namazi y Emad Sharghi, acusados de espionaje. La Administración Biden sigue de cerca los acontecimientos. En las últimas horas, la Casa Blanca ha denunciado la represión del régimen de los ayatolás contra los manifestantes, pero lo único que ha conseguido ha sido galvanizar a Teherán, que acusa a agentes externos de promover las movilizaciones.

Los líderes reformistas Mostafa Tajzadeh y Emad Sharghi, la activista Narges Mohammadi y el prestigioso director de cine Jafar Panahi son otros de los huéspedes destacados de un recinto siniestro que ha estado en el centro de las denuncias de la comunidad internacional. Las prácticas de detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos han sido habituales en Evin desde el establecimiento de la República Islámica en 1979. E incluso antes, durante el despótico reinado del Sha de Persia, Mohamed Reza Pahlaví.
Antes era la Savak, la policía política del Sha; ahora es la Guardia Revolucionaria quien utiliza la prisión para reprimir a la disidencia. No hay piedad. Así lo reveló Edalat-e Ali, el grupo de hackers que filtró en agosto de 2021 unas imágenes del interior de la prisión en la que se veían a los guardias golpeando con violencia a los internos.