Ascienden a siete los fallecidos durante los enfrentamientos en Beirut
Beirut amaneció el viernes en un incierto estado de calma después de la batalla campal. Los enfrentamientos registrados el jueves en el barrio capitalino de Tayouneh infundieron el miedo y causaron multitud de daños materiales, empujando a los vecinos a abandonar con celeridad sus viviendas ante el temor de un nuevo estallido de violencia. Al menos seis personas perdieron la vida y una treintena resultaron heridas en un primer conteo, sin embargo, la Cruz Roja libanesa notificó el viernes del fallecimiento de una séptimo manifestante.
La institución humanitaria alertó además de que en las próximas horas podrían producirse más muertes entre los heridos, muchos de ellos aún en estado crítico. El grado inusitado de terror alcanzó su apogeo con la presencia de francotiradores en los tejados y tiroteos a pie de calle, desde donde incluso se llegaron a disparar granadas propulsadas por cohete. Unas escenas que recordaron al período de guerra civil acaecido entre 1975 y 1990 e inéditas desde el último brote de violencia en 2008.
Una multitud se congregó el viernes en el suburbio cercano de Ghobeiry, de mayoría chií, para rendir luto a los fallecidos durante la agresión. En la concentración, los asistentes cargaron con pancartas en recuerdo de las víctimas. También portaron armas de fuego, que fueron disparadas en ráfagas, según recoge la agencia Efe. La movilización exigió rendir cuentas a los francotiradores que abrieron fuego contra los integrantes de Hizbulá y del Movimiento Amal, convocantes de la manifestación, aunque las autoridades no han sido capaces por el momento de identificar a los atacantes.
La milicia chií había organizado el jueves una movilización en contra de Tarek Bitar, juez instructor del caso sobre la explosión en el puerto de Beirut, una de las mayores detonaciones no nucleares de la historia que acabó con la vida de más de 200 personas, hirió a unas 7.500 y devastó varios de barrios de la capital en agosto de 2020. No obstante, la tensión en las calles comenzó horas antes con el pronunciamiento del Tribunal de Casación, que rechazó la petición de Hizbulá en la que exigía la destitución del magistrado al frente de la investigación.
Bitar continúa las pesquisas pese a las fuertes presiones de las distintas formaciones políticas libanesas. Entre la élite existe cierto recelo ante una posible sentencia que inculpe a altos cargos institucionales vinculados al Movimiento Amal, próximo a la milicia chií de Hizbulá. Tanto es así que el magistrado ha imputado a una larga nómina de representantes políticos sospechosos de haber cometido las negligencias que provocaron la explosión.
Allí había unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto químico utilizado tanto en fertilizantes como en bombas, almacenado en extrañas condiciones que la Justicia trata ahora de esclarecer. Hasta la fecha, los señalados han negado toda responsabilidad con el trágico suceso.
Bitar no sería el primer juez en ser apeado de la investigación. En febrero, el magistrado Fadi Sawan inició las pesquisas, pero se topó con una acuciante presión política que desembocó en su destitución al frente del caso. Sawan colisionó contra el inamovible servilismo del Estado libanés, caracterizado por sostener una estructura corrupta donde proliferan las malas artes y una total impunidad de los cargos públicos.
En las marchas del viernes, movilizadas por el Partido de Dios y sus socios, se congregaron centenares de personas para denunciar el ataque y exigir responsabilidades a las autoridades. “Estamos frente a una masacre y asesinatos premeditados cometidos por el Partido de las Fuerzas Libanesas. Ellos son responsables frente a las familias de los mártires y frente a todos los libaneses”, declaró Hashem Safi al Edine, uno de los líderes de Hezbolá.
Un ataque surgido del profundo desencuentro de una parte de la sociedad libanesa con Hizbulá, al que se le acusa de mantener una suerte de Estado dentro del Estado que mueve los hilos de la política nacional sin rendir cuentas y que, para colmo, trata de obstruir a la Justicia para no asumir responsabilidades por la detonación. Por su parte, desde la milicia chií se acusa a las Fuerzas Libanesas (FL), una formación cristiana de tendencia derechista, de estar detrás del inicio de las agresiones.
La investigación del caso contó desde el comienzo con el respaldo del Movimiento Patriótico Libre, partido fundado y liderado por el presidente Michel Aoun, de mayoría cristiana, pero con amplio respaldo musulmán, lo que generó discrepancias entre el jefe de Estado e Hizbulá, con quien mantiene un fuerte vínculo institucional. Las causas de la explosión constituyen una fuente de tensiones para los partidos cristianos porque, si bien la explosión del puerto acabó con la vida de muchos musulmanes, la mayor parte de los daños materiales se produjeron en zonas cristianas.
Aunque la gota que colmó el vaso fue la emisión por parte del juez Bitar de una orden de detención contra los exministros de Finanzas y Obras Públicas, Ali Hassan Khalil y Ghazi Zaiter, perfiles cercanos al Movimiento Amal y, por ende, a Hizbulá. Un motivo que llevó al carismático líder del Partido de Dios, Hasan Nasrallah, a acusar a Bitar de ser parcial y estar “politizado”.
El magistrado ha intentado interrogar a funcionarios no chiítas, como es el caso del entonces primer ministro suní Hassan Diab o el representante cristiano Youssef Fenianous. Y, aunque muchos de ellos han apelado a inmunidad como funcionarios públicos para sortear la citación, afrontan con incertidumbre el avance de la investigación. De ahí que un ministro cercano a Hizbulá declarase junto a otros integrantes del Ejecutivo que, si Bitar no era cesado de inmediato, convocarían una manifestación en Beirut para pedir su cabeza.
A pesar de las presiones, se antoja complicado que el magistrado dimita a estas alturas, pues el Gobierno no tiene capacidad legal para destituirle. Es probable que los integrantes del Gobierno próximos a Hizbulá supieran que las demandas serían desestimadas, sin embargo, su maniobra pasa por ganar tiempo hasta el próximo 19 de octubre, fecha en que el Parlamento celebra una nueva sesión ordinaria en la que los diputados recuperarían su inmunidad jurídica con plenas garantías.
Desde la Unión Europea se ha demandado una investigación judicial rápida, sólida y sin interferencias capaz de depurar responsabilidades. La ONU y Francia instaron a las partes a contener las concentraciones para evitar la escalada de las tensiones, un mensaje suscrito a su vez por el Kremlin.
La postura de Irán ha sido contraria. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores persa, Said Jatibzadé, condenó los enfrentamientos y denunció la injerencia de Israel en el caso para desestabilizar al Líbano. Teherán, que respalda a Hizbulá, no se pronunció acerca de la investigación del estallido en el puerto de Beirut, pero trasladó la necesidad de que “el Gobierno y las autoridades libanesas identifiquen y arresten a los responsables” de la muerte de al menos siete personas en los incidentes del pasado jueves.
