Irene Infante Ríos
Ante los numerosos desafíos que presenta la situación política, económica y social en Europa, la Fundación Alternativas, en colaboración con el Ministerio de Defensa, ha presentado el informe “Un nuevo paso hacia la defensa común europea”, realizado por José Enrique de Ayala Martín.
En él se plantean los diferentes riesgos a los que se enfrenta la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, entre los que destacan la amenaza yihadista de los grupos terroristas que operan en el norte de África y Oriente Próximo y la desestabilización causada por la crisis de Ucrania en el seno de Unión Europea, traducida en un enfrentamiento entre Rusia y el resto de la Unión. Al mismo tiempo, el autor pone el énfasis en una serie de amenazas crecientes para la seguridad de los europeos, con la proliferación de estados fallidos, como es el caso de Libia; los diferentes conflictos bélicos que azotan países como Siria, Irak o Sudán del Sur, y que han provocado una oleada de refugiados que la Unión Europea no sabe cómo afrontar, y la piratería en el Océano Índico.
Frente a la gradual retirada de Estados Unidos de los asuntos que afectan a los europeos, la UE debe reflexionar en torno a la necesidad de asumir el liderazgo en el escenario global, salvaguardando sus intereses y siendo garante de la estabilidad a nivel mundial. Para lograrlo, será necesario incrementar la disponibilidad de las capacidades civiles y militares de la Unión Europea, y dotarse de unas estructuras de planeamiento, mando y control permanentes que le permitan actuar para gestionar las crisis con la eficacia necesaria, tal y como plantea el informe.
Con este fin surgió la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), que logró la consecución de una serie de avances en materia de seguridad y defensa. Sin embargo, la reticencia de algunos estados miembros de la Unión al cese de soberanía para lograr una verdadera política común en el ámbito político y militar provocó el estancamiento de esta política. Al existir una gran disonancia entre las percepciones que los distintos países de la UE tienen con respecto a los riesgos y amenazas que sufre Europa, los criterios de cada país en cuanto a la necesidad del despliegue de las tropas también varían. En el año 2009, el Tratado de Lisboa parecía ser el impulso necesario para la PCSD, pero la crisis económica en la que se vio sumida Europa no permitió llevar a cabo las reformas ideadas en un principio. Uno de los pocos avances logrados fue la introducción del concepto de Cooperación Estructurada Permanente, por el cual los Estados miembros de la Unión con mayor capacidad militar y con mayores compromisos adoptados en materia de seguridad y defensa podrían llevar a cabo las misiones más exigentes.
Sin embargo, a pesar de los obstáculos mencionados, la PCSD ha logrado desarrollar de forma adecuada las misiones civiles y operaciones militares de gestión de crisis con fines de reconstrucción y estabilización, con un total de 34 intervenciones. De todas ellas, la que más se dilata en el tiempo es la operación EUFOR Althea, en Bosnia Herzegovina, activa desde el año 2004.
Con el fin de alcanzar la eficacia que los compromisos de la UE en materia de seguridad y defensa requieren, en el informe se plantea la necesidad de formular una nueva Estrategia Europea de Seguridad que sustituya a la elaborada en el año 2003, y en la que se incluyan los nuevos desafíos a los que se enfrenta la UE, y un nuevo Libro Blanco de la Defensa Europea. En ambos casos, se sugiere que deben abordar de forma concreta la definición de capacidades y medios necesarios para asegurar la estabilidad europea, para que sean realmente de utilidad en el avance de la construcción de la PCSD.
Al mismo tiempo, el impulso de la Agencia Europea de Defensa es necesario para mejorar el rendimiento de la defensa de la UE. Sin embargo, el bajo presupuesto del que ésta dispone es un problema a la hora de desempeñar su papel como catalizador de la cooperación en materia de armamento y equipos de defensa. Por otro lado, en el informe se señala que la construcción de una Estructura de Fuerzas Multinacional Europea, que sólo será posible si existe voluntad política por parte de los estados miembros y los ciudadanos europeos.
Finalmente, en el nivel estrictamente estratégico-militar, se subraya que el problema existente con respecto al mando y control en las operaciones militares europeas debe subsanarse con la creación de un Cuartel General Europeo de Operaciones (CGEO), con carácter permanente, conjunto, combinado, modular y sostenible, y con capacidad para planear y conducir el conjunto de operaciones militares de la UE de forma simultánea.
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