¿Cuál es el impacto real que está teniendo el coronavirus en Turquía? Es una pregunta que lleva tiempo sobrevolando la agenda de epidemiólogos y analistas políticos. Las dudas sobre la veracidad de las cifras presentadas por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan fueron por primera vez suscitadas por los propios trabajadores del sistema sanitario turco. Voces críticas con la gestión de Ankara afirmaron que el número real de contagios en el país era mucho mayor que el reportado oficialmente.
El último en dar la voz de alarma ha sido Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y, quizá, el rostro más carismático de la oposición al partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) del presidente. Su pronunciamiento no es una novedad: los ayuntamientos controlados por el partido de la oposición -el CHP, Partido Republicano del Pueblo, de corte socialdemócrata- han acusado en repetidas ocasiones al Gobierno central de entorpecer la gestión sanitaria y económica de la crisis.
La versión oficial, la que transmite diariamente el ministro de Sanidad Fahrettin Koca, afirma que Turquía se encuentra justo en el pico de la pandemia. El número total de fallecidos se sitúa en 3081 víctimas, mientras que el total de contagiados se acerca a los 120.000, con casi 3000 nuevos casos en el último día. Así, el país euroasiático sería uno de los más afectados por la expansión del patógeno en todo el mundo, y se situaría a la cabeza de toda la región de Oriente Próximo. Sin embargo, su tasa de mortalidad se mantendría sorprendentemente baja, en algo más de un 2,6%.
Ahora bien: ¿qué credibilidad tienen los datos aportados por el Gobierno? ¿Está Erdogan maquillando deliberadamente las cifras y, con ellas, su gestión de la crisis? El alcalde Imamoglu opina que sí, igual que medios de comunicación como The New York Times, que, en un reciente análisis firmado por Carlotta Gall, auguraba una “calamidad” mucho mayor en el país.
Desde luego, el dispositivo de comunicación establecido por el Gobierno turco no se ha caracterizado por su transparencia. Los datos oficiales únicamente son facilitados sobre el total nacional, y no por regiones o ciudades, lo que ha transmitido una sensación general de opacidad.
“Ya se trate de diagnósticos, la cantidad de tratamientos u otros problemas, toda la información está bajo el control del Ministerio de Salud en Ankara. Y eso solo da cifras para toda Turquía”, lamentaba Imamoglu en una entrevista que concedió a principios de semana al rotativo alemán Die Zeit. De este modo, para los niveles más bajos de la administración, se antoja imposible disponer de registros propios que aporten información más detallada con la que trabajar sobre el terreno.
En estas circunstancias, no es posible comparar datos, puesto que solamente existen los oficiales. El corresponsal del diario El País Andrés Mourenza, no obstante, abre una puerta al contraste de los números: apunta en una reciente investigación que las cifras de enterramientos facilitadas por doce de los principales municipios sí pueden ayudar a arrojar algo más de luz sobre el asunto.
Según estos registros, la mayor parte de los grandes municipios han registrado un incremento anormal de enterramientos en las últimas semanas, lo que se correspondería, muy probablemente, con los decesos causados por la pandemia de la COVID-19. Los totales, según el análisis cuantitativo llevado a cabo por Mourenza, reflejarían unos datos de muertes sustancialmente mayores que los ofrecidos oficialmente.
Así, su estimación sitúa el número total de víctimas mortales en algún lugar entre las 3500 y las 5000. Hablando en términos de proporción, la diferencia entre el número real y el oficial podría ser de hasta dos terceras partes. En caso de que las peores previsiones se cumpliesen, la tasa de mortalidad del virus en Turquía se situaría entre el 4 y el 4,5%, un porcentaje similar al que han venido mostrando países como Alemania y Dinamarca.
Así pues, aunque no es descartable que las discrepancias se deban a errores en el recuento, parece que las críticas formuladas por Imamoglu y otras voces no oficialistas no carecen en absoluto de base. Desde que comenzó la crisis, el cruce de acusaciones entre rostros públicos de uno y otro signo ha sido constante. En efecto, la polarización política en Turquía ha sido puesta en evidencia por la crisis del coronavirus.
La presión del Gobierno hacia los ayuntamientos se ha reflejado, por ejemplo, en situaciones contraproducentes para el dispositivo sanitario. Por ejemplo, a finales de marzo, Erdogan negó a los ayuntamientos de Estambul y Ankara, también controlado por los socialistas, la posibilidad de organizar sus propias colectas.
Además, la llegada de la pandemia ha permitido a Erdogan reforzar todavía más su aparato de represión sobre las voces críticas con su administración. Con el pretexto de silenciar a quienes distribuyan información falsa acerca de la pandemia, Ankara ha comenzado a considerar como terroristas el uso de aplicaciones como WhatsApp o TikTok, según el portal de información sueco Nordic Monitor. Cientos de personas, entre usuarios de redes sociales y periodistas, han sido ya investigadas y detenidas desde que la COVID-19 empezó a expandirse por Turquía.
