La Brigada Antiterrorista detiene a la cúpula de Ennahda en el marco de una causa que investiga los traslados de militantes islamistas a Siria e Irak

Golpe judicial al islamismo en Túnez

photo_camera AFP/FETHI BELAID - El líder del partido islamista tunecino Ennahda, Rached Ghannouchi

El ex primer ministro de Túnez, Ali Larayedh, ha sido detenido por la Brigada Antiterrorista (BAT, por sus siglas en francés) en el marco de una investigación judicial que trata de esclarecer si estuvo implicado en el envío de militantes islamistas a Siria e Irak tras el derrocamiento del dictador Zine El Abidine Ben Ali y durante sus actividades institucionales, primero como ministro del Interior y después como jefe de Gobierno bajo la presidencia de Moncef Marzouki.

El vicepresidente de la formación islamista Ennahda fue interrogado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos de Terrorismo y puesto a disposición judicial. Está previsto que comparezca ante el juez el miércoles, según confirmó su abogado a Reuters. Hasta entonces, el segundo integrante del triunvirato que fundó el Partido del Renacimiento desde las cenizas del Movimiento de Tendencia Islámica (MTI) permanecerá bajo custodia policial.

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Larayedh, considerado por muchos como el ideólogo y principal estratega de la formación islamista, se convirtió en la diana de las críticas por parte de la oposición y del sector laico mayoritario de la población civil durante su estancia en el Ministerio del Interior. Estas voces denunciaban su laxitud con el entorno más radical de Enhada y, sobre todo, con las actividades de otros movimientos de corte salafista, envueltos en ataques violentos contra varios líderes políticos.

Según las cifras oficiales, cerca de 6.000 tunecinos se han desplazado a Siria e Irak en la última década para integrarse en las filas de Daesh y otros grupos yihadistas de la región. De acuerdo con las declaraciones de varios altos cargos de la seguridad del Estado, Ennahda habría intervenido activamente desde el Gobierno para facilitar el traslado de militantes islamistas a través del aeropuerto de Cartago, aunque las acusaciones nunca han llegado a ser probadas por la Justicia.

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El Parlamento tunecino creó en 2016 una comisión para investigar estos presuntos traslados. La causa dio el salto a instancias judiciales tras la denuncia presentada por la exdiputada Fatma Mseddi, quien ha asegurado recientemente en declaraciones a la agencia estatal de noticias tunecina TAP que “en este caso están implicadas personalidades del Estado, partidos políticos e integrantes de las Fuerzas de Seguridad” próximas a los círculos islamistas.

Ali Larayedh no ha sido el único detenido en el marco de la investigación. En los últimos días, una lista de figuras vinculadas con el islamismo tunecino ha desfilado por las dependencias policiales. Entre ellos destacan los miembros de Ennahda Fathi Baladi o Abdulkareem al-Obeidi y el exministro de Asuntos Religiosos durante el Gobierno del también islamista Hamadi Jebari, Nourredine Khadmi.

Ghannouchi, en la lista

El veterano líder de Ennahda, Rachid Ghannouchi, es otro de los implicados en las pesquisas por el traslado de militantes islamistas a lo que las autoridades denominan como “zonas calientes”. El expresidente del Parlamento venía de ser interrogado en julio en el marco de otra investigación relacionada con diversos casos de corrupción y blanqueo de capitales, presuntamente ejecutado a través de la sociedad pantalla de Namaa Tunisia, una asociación sin ánimo de lucro afiliada a Ennahda que recibía donaciones desde el extranjero.

De la misma forma que Larayedh, Ghannouchi ha sido detenido a principios de esta semana. Estaba previsto que el fundador de la formación islamista declararse ante el juez este martes por los cargos de terrorismo imputados en su contra, pero la vista oral ha sido aplazada tras 14 horas de espera.

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Ennahda rechaza de plano las acusaciones y las atribuye a una campaña de persecución política orquestada por el presidente Kais Saied, quien decidió en julio de 2021 dar un golpe de mano con la destitución del Gobierno y la disolución del Parlamento, abriendo un periodo de crisis constitucional que ha desembocado en la aprobación de una nueva Carta Magna que concentra todos los poderes en la figura del presidente.

Los altos cargos islamistas, ahora en la oposición, habían denunciado los intentos por parte de Saied de “utilizar el poder judicial para empañar la imagen de Ennahda” e implicar a sus líderes en “asuntos fabricados”.

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