Javier Cremades: “La solución a la guerra vendrá a través del Derecho”

Javier Cremades, abogado y presidente de la World Jurist Association y de la World Law Foundation, conversa con Atalayar en una entrevista con su director, Javier Fernández Arribas, sobre los propósitos y los retos que se plantea el Derecho frente a las amenazas actuales. Un amplio debate que será el punto de reflexión en el World Law Congress. 

En menos de un mes se celebra en Nueva York del 19 al 21 de julio el Congreso Mundial de Juristas. Un congreso en el que tendremos la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI y en el que se va a entregar un premio importante a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Creo que es en estos momentos un congreso muy relevante, teniendo en cuenta cómo está el mundo. 

Estas son citas que se producen cada dos años, cumbres de juristas que se vienen celebrado desde el año 1963. La primera tuvo lugar en Atenas y fue algo parecido a una conversación global sobre lo que el Derecho puede significar y debe significar para el mundo. Desde entonces en diferentes países, presidentes, tribunales supremos, profesores de derecho, abogados y juristas en general tratan de compartir no solamente conocimientos técnicos, sino, sobre todo, una visión del mundo basada es una idea: solamente se puede alcanzar una paz estable a través del Derecho, o nos gobiernan las leyes o nos gobierna la fuerza. Creo que esa es la gran dicotomía.  

Me parece que estamos en una etapa histórica muy singular. Esto no se parece a la Guerra Fría, cuando nace la Asociación Mundial de Juristas. Quizá se parezca un poco más a la Europa de entreguerras, donde había una inestabilidad dentro de los propios sistemas que se podrían denominar demoliberales. Las democracias estaban siendo atacadas desde dentro y era difícil prever si iban a permanecer o no. En este momento parece también que las autocracias están siendo capaces de penetrar en las democracias y que estas se están haciendo ingobernables. 

La desinformación nos está matando y la polarización nos está dividiendo y amenazando. Parece que no hay un sentido común de lo que tiene que ser una vida bajo el gobierno de las leyes. Hay regímenes que están viendo erosionada la independencia del poder judicial. Estamos sufriendo grandes amenazas dentro de lo que son regímenes constitucionales. Hemos visto no solamente el deterioro de sistemas constitucionales, sino la destrucción de estos sistemas constitucionales, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua, más recientemente. Antes fue en Cuba. 

Pero, repito: ya no es la amenaza del bloque de enfrente, sino que cada vez más somos nosotros mismos. Tenemos agentes desconstitucionalizadores dentro de nuestros propios regímenes, y a veces son las propias autoridades.  

El populismo es quizá la mayor amenaza que nos acecha, pero también porque nosotros no creemos y no defendemos nuestros principios y valores con la convicción que deberíamos defenderlo, sobre todo, por la relevancia que ello da al sistema que tenemos. 

Creo que en este momento vivimos en un mundo público dominado por las emociones, por el victimismo y por una agitación permanente. Es muy importante recuperar y reforzar la idea de lo que significa el imperio de la ley, el Estado de derecho.  

Ese Estado de derecho no solamente es un paraguas que nos cobija, donde la libertad y la dignidad son el límite a toda acción de poder, sino que también tiene unas reglas de juego y unas necesidades para poderse mantener, por ejemplo, el respeto escrupuloso a las decisiones judiciales, la estabilidad y la claridad del ordenamiento o el respeto a los resultados electorales, aunque no nos favorezcan.  

Es verdad que es posible agitar a la población cuando hay una derrota electoral, pero esto exige no solamente una fuerza de las instituciones, sino también una adhesión de la comunidad y de sus líderes a las propias instituciones. Eso en este momento no se da siempre, y hemos vivido momentos que lo certifican: el asalto al Capitolio, a las instituciones en Brasil, ahora mismo la discusión que ha habido en Israel sobre las competencias en el Tribunal Supremo, o lo que pasó en el Brexit cuando el Tribunal Supremo decidió que el Gobierno no era el único o que podía ejecutar la decisión del pueblo para salir de la Unión Europea, sino que tenía que ser en el Parlamento. El Gobierno decidió terminar el periodo parlamentario y fue el Tribunal Supremo el que lo reabrió, y en ese momento hubo todo un cuestionamiento. No sé si recuerdan aquella portada en el Daily Mail “los jueces, los enemigos del pueblo”.

Todo eso es un ataque a los pilares del Estado de derecho que exige una cierta educación de cada uno de nosotros. Una cierta campaña para pensar que tengo la capacidad con mi micropoder de deslegitimar lo que hacen las instituciones. Necesitamos criticarlas, pero también aceptarlas y respetar lo que son.  

El otro día vi al juez Stephen Breyer, que recibió la medalla de honor de la Asociación Mundial de Juristas en Nueva York, explicar que la Constitución norteamericana se acerca a su 250 aniversario y que es un experimento. Un proyecto muy singular y único en la historia, como la nuestra, nuestra propia Constitución, nuestra propia democracia. La pregunta es si prevalecerá.  

Nos estamos jugando, en esta generación, el saber construir y mantener un Estado de derecho que es el mejor sistema que la humanidad ha logrado nunca, donde los que vivimos en él sabemos que respiramos el oxígeno de la libertad. Eso hay que protegerlo. 

La celebración en Nueva York yo creo que tiene en estos momentos un significado especial. No sé si ha sido buscado a propósito, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la democracia de Estados Unidos, esa crisis después de un asalto al Capitolio, después de todo lo que está ocurriendo con el señor Trump acusando e insultando a los jueces y a todo el mundo. ¿Qué esperan ustedes de este congreso en Nueva York? 

Este congreso primero nació con la idea de federar, de alguna manera, a la comunidad jurídica global y ofrecer una voz global del Derecho. Desde el principio hubo un debate: ¿debemos incluir en nuestras conversaciones a juristas de países como Rusia, China o Irán? Porque no son exactamente democracias, más bien lo contrario.  

La conclusión a la que llegaron los dos fundadores de la asociación, Earl Warren, el entonces presidente de la Corte Suprema norteamericana y Charles Rhyne, que acababa de ser de dejar de ser presidente de la American Bar Association, es que sí se tenía que incluir a estos países. Esto es lo que va a pasar en Nueva York. La segunda gran delegación después de la americana es la china.  

¿Por qué hemos elegido Nueva York? Primero porque es la sede de Naciones Unidas y celebramos nuestro 60 aniversario. Segundo porque activamente puede ser algo parecido a una capital global. Los neoyorkinos se consideran a sí mismos como la capital mundial de Derecho, porque no tienen otra materia prima más que la seguridad jurídica. Se han hecho fuertes y grandes en el mundo a base de que allí los jueces, las instrucciones y las reglas se cumplen. No siempre se cumplen, pero todo se somete luego a las consecuencias cuando no lo hacen. 

Lo que vamos a ver en esa reunión de Nueva York es que en la sede de Naciones Unidas vamos a volver a recordar que hay algunas cosas que merecen la pena como, por ejemplo, la Unión Europea. Un invento de una comunidad política nueva que es el pueblo europeo basado en un Derecho nuevo, que es el Derecho comunitario y que ha superado siglos de enfrentamientos entre nosotros.  

Ese es el camino, lo queremos poner como referencia. Por eso hemos decidido entregar el premio mundial de la paz y la libertad a la Unión Europea, aunque en este momento la propia Unión Europea esté participando de alguna manera indirecta en una guerra. Eso es un desastre. En este momento no estamos ante una amenaza de un holocausto nuclear, es que tenemos la guerra en el suelo europeo, y eso es algo peligrosísimo que puede seguir extendiéndose y que necesitamos terminar cuanto antes. La única manera va a ser a través del Derecho. También la solución a la guerra vendrá a través del Derecho. 

¿La delegación rusa también va a ser notable en este congreso? ¿Los rusos han aceptado participar? 

Hay algunos rusos, pero no está siendo fácil para ellos tener los visados.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un episodio muy singular. Una decisión del Tribunal Supremo Norteamericano relativa a la expropiación y a la expulsión del país de toda una enorme comunidad: más de 70.000 japoneses. El Tribunal Supremo tuvo que decidir si aquella decisión del Gobierno de Roosevelt era constitucional o no. 

Efectivamente hubo una reflexión interna diciendo quién tiene que decidir la guerra, si Roosevelt o nosotros. Yo creo que fue equivocada, pero en tiempos de guerra no manda el Derecho, y por eso es tan importante la paz. La paz y el Derecho van de la mano. Sin paz es muy difícil someterse a las redes del Derecho porque parece que la guerra lo justifica todo. Pero al mismo tiempo, sin Justicia va a ser muy difícil que todos estemos dispuestos a aceptar los términos de la paz.  

En el Congreso se va a poner también de manifiesto lo que representa el imperio de la ley y el Estado de derecho para fortalecer los sistemas democráticos para garantizar las buenas gobernanzas, pero también para conseguir la igualdad para que las mujeres tengan también un empoderamiento dentro de los sistemas judiciales, ¿cómo vamos a avanzar en ese terreno? 

Afortunadamente no solamente en lo que podríamos llamar Occidente, también en África y en Asi, poco a poco el papel de la mujer en la Administración de la Justicia está siendo cada vez más relevante. Nosotros hemos creado hace cuatro años las medallas Ruth Bader Ginsburg para reconocer y proponer como modelos a juristas - normalmente juezas - del mundo que han sido gigantes de la ley, que han sido garantes y grandes promotoras del Estado de derecho.  

Navi Pillay, por ejemplo, es una señora que fue la primera magistrada del Tribunal Supremo de Sudáfrica, que hoy en día yo diría que es una leyenda por la lucha de los derechos humanos en el mundo: presidió el Tribunal Penal Internacional para el genocidio en Ruanda y fue una de los primeros miembros de la Corte Penal Internacional. En Naciones Unidas es una persona que ha sido clave para resolver problemas, basándose siempre en el Derecho. Pero no solamente ella, también la jueza Abella de Canadá, que va a estar en el Congreso de Nueva York. Hay muchas mujeres. Lady Hale, que fue presidenta del Tribunal Supremo del Reino Unido, y que tuvo que enfrentarse a ese enorme problema donde el Gobierno y una parte del pueblo le cuestionó su papel en el Brexit y empezó a atacar la independencia de su jurisdicción.  

Todas esas mujeres de Fiji, de Malasia, de la India, de África, de Marruecos son pioneras, pero marcan el camino que abrió Ruth Bader Ginsburg de entender que la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, que estaba por encima de la ideología. Es verdad que hay enormes debates sobre el género, pero no debe haberlos sobre la igualdad ante la ley.  

También en España tenemos problemas de injerencia política en lo que es la independencia judicial, ¿cree que eso puede tener alguna resolución? ¿Necesitamos que haya políticos que tengan más responsabilidad, más respeto por la separación de poderes, por la independencia judicial y que no intenten manipular las instituciones? 

Fue muy sorprendente que el día 8 de mayo, cuando se inauguró el Centro Digital para la promoción del Estado de derecho que estamos ahora conversando, el comisario europeo de Justicia aquí en Madrid hablase directamente de la necesidad de resolver la cuestión del Poder Judicial en España. Este es un problema que en realidad hay que entenderlo bien porque arranca desde muy antiguo. Tiene que ver con la propia Constitución y con el propio sistema de partidos.  

Al final cada Constitución es hija de su tiempo. Igual que la Constitución alemana responde al nazismo históricamente y consagra en su artículo primero la dignidad de la persona, la Constitución italiana responde a esos más de 20 años de fascismo, donde un Gobierno muy fuerte consiguió tomar las riendas de todo el país y dibujó un sistema constitucional donde es no es fácil la estabilidad de los ejecutivos. En España, respondimos a 40 años de un sistema de dictadura y se consagró el partido político en el artículo 6 como el gran instrumento para la participación política de los ciudadanos. Pero eso ha llevado a una cierta partitocracia donde los partidos políticos por naturaleza se dedican al manejo del poder, y está tratando de penetrar en todos los poderes.  

En el año 1985 hubo un cambio en el sistema de elección del Poder Judicial y desde entonces ninguno de los partidos se ha atrevido a devolver el sentido original que tenía la Constitución, y hoy en día tenemos una Constitución que es escandalosa y de la que son responsables los dos principales partidos por cual no se renuevan conforme a las presiones constitucionales de los órganos de Gobierno. Es verdad que ese órgano de Gobierno no tiene capacidad, no tiene jurisdicción, no ejerce el poder judicial, pero lo administra.  

La sensación que pueden tener los ciudadanos de que los jueces son políticos con togas es muy peligrosa, porque los jueces no se deben a una ideología, sino que se deben a la interpretación, conforme a su propio criterio, de lo que debe ser ordenamiento y de lo que dice la Constitución y las leyes. 

Estamos en una situación muy complicada, jugando con varias cosas, haciendo cambios normativos improvisados, dejación de las obligaciones de renovación de los órganos constitucionales y creando tensiones. Las vimos en último trimestre del año 2022, donde el Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo casi llegaron a las manos, empezaron a atacarse públicamente. Eso es un deterioro muy peligroso para la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sin las cuales tampoco hay un Estado de derecho, aunque tengamos una Constitución y una separación de poderes.  

Necesitamos que la gente respete las decisiones judiciales, aunque no les guste y aunque sean equivocadas. Para ello tienen que observar que el Poder Judicial es independiente, inamovible y solamente está sujeto a la Constitución y la ley, y no dominado o manejado por los hilos de los partidos políticos. 

Ahí sería necesario recuperar el entendimiento entre los dos grandes partidos, alternativa del Gobierno, para sentar unas bases sólidas y que no fueran manipulables como lo están siendo hasta ahora, sobre todo, porque pones en riesgo el propio sistema.  

Yo creo que hay algunas cuestiones, como usted dice Javier, que están por encima de la lucha partidista. Ya no me refiero a los dos grandes partidos, me refiero a todos los partidos políticos, que en España son varios y participan en la gobernanza, deben ser sustraídos de lo que es el día a día de la lucha política. Entre ellos están las previsiones constitucionales, el respeto a las instituciones y el respeto a lo que toca en cada momento.  

Es verdad que a cuando un Gobierno le toca designar dos magistrados del Constitucional, pues el Gobierno de turno elige a personas que piensan que pueden tener cierta infinidad y sueñan con que de esa manera van a tener una influencia en ese órgano de poder. Pero la realidad es que si eligen a buenos juristas, aunque tengan su propia visión del mundo, luego saben a lo que se dedican, que es, en función del contexto del momento histórico y de las circunstancias, aplicar el Derecho conforme al Derecho. Creo que es muy importante que los políticos sepan renunciar a las injerencias en el Poder Judicial, que es el poder más débil y más fácilmente atacable de todos.  

El movimiento se demuestra andando señor Cremades, y estamos en un centro recién inaugurado. Explíquenos por qué es un centro moderno, útil y funcional, pero con un contenido muy claro y con un objetivo. Por lo que usted me ha explicado, tiene esa finalidad de defender el sistema judicial. 

Estamos en la era del propósito, y el propósito no es otra cosa que entender para qué se hacen las cosas: ¿Para qué trabajo? ¿para qué hemos creado un centro para la promoción del Estado de derecho? ¿Para qué existe un medio de comunicación? Y hay un propósito global de la sociedad, ¿para qué existe la vida en sociedad?  

En el fondo la vida en sociedad debe tener un sentido antropocéntrico; la promoción del individuo, de sus derechos, de sus libertades, de su capacidad para desarrollar su vida en libertad buscando la felicidad y, para ello, no se ha encontrado mejor fórmula que el Estado de derecho. Creo que es muy importante recordar el propósito de la sociedad y hacer una cierta pedagogía de algo muy sencillo pero que a veces se nos olvida, y es que, si no nos gobiernan las leyes, nos va a gobernar una fuerza, la fuerza de una ideología, de un partido, de un líder autocrático, la fuerza que tenga la capacidad de imponerse sobre los demás. Por lo tanto, la pequeña fuerza del individuo podrá ser utilizada, aplastada y podrá ser desconsiderada. 

Necesitamos - y para eso nace este centro - hacer pedagogía, para que todo el mundo sepa que nuestro sistema de vida está basado en que todos respetamos las leyes y su aplicación práctica, que es la que dicen los jueces en cada sentencia concreta; que respetamos las instituciones, y que tenemos una Constitución. Podemos y necesitamos cambiarla cada cierto tiempo porque es no es pétrea, pero tenemos una Constitución que es la que gobierna nuestra vida en sociedad. A ella nos debemos, a ella debemos acudir cuando tengamos desavenencias, y a ella debemos consagrar nuestros mayores esfuerzos - también los políticos - para explicar que esa es la garantía del desfavorecido, del débil y de cualquier persona que quiera aspirar a tener sus derechos desconocidos.  

Es una cosa aparentemente muy sencilla pero que, a veces, se nos olvida. Hay gente que está dispuesta a echarlo todo por tierra, y lo hemos visto en varios países. A veces esa desconsideración de la Constitución llega a su destrucción, como es el caso de Venezuela, como un ejemplo más cercano a nosotros y más paradigmático. Entonces, la vida se convierte en algo muy desagradable y muy peligroso. 

Soy de los que piensan que ahora el periodismo y los medios de comunicación son más necesarios que nunca por la desinformación y las noticias falsas que encontramos en una herramienta tan útil como contaminada como es Internet. Quizá ahí haya que poner mucho énfasis porque los mensajes que se están trasladando con tanta inmediatez y rapidez no responden a la realidad muchas veces. Los medios tenemos una responsabilidad, yo diría que una obligación, de participar en todo lo que usted está diciendo. 

Estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Michael Sandel decía hace unos días que las gobernanzas de las democracias se están haciendo insostenibles por la desinformación. Y es verdad que, desde fuera, desde otros sistemas acusan a las democracias de ser ingobernables, disfuncionables, y de no ser capaces de planear a largo plazo ni siquiera a medio plazo.  

Todo, en el fondo, se basa en esa dificultad de tener una opinión pública bien informada. Si el pueblo soberano no tiene la información adecuada es muy difícil que pueda autogobernarse. Como si el edificio que cualquier persona poseyera tuviera grietas o problemas de los que no se informara al propietario, difícilmente los va a poder entender. Lo necesitamos para mantener nuestro consentimiento de tener información y de que no tengamos vicios ocultos.  

En este sistema, donde hay más voces que nunca, hay una desorientación y una desinformación clarísima. Por ello, el periodismo profesional con empresas informativas y con redacciones organizadas - a veces quizá ya no tan grandes como lo fueron en el pasado, pero con una pluralidad y también con una organización - es indispensable para poder tener una cierta confianza en que los hechos son los que vamos conociendo. Seguimos en un mundo donde básicamente lo que se nos hacen es darnos pistas falsas, y difícilmente encontraremos el camino.  

Es probablemente el punto más fácil de nuestro sistema democrático y donde, además, se nos está haciendo más daño. Observamos lo que pasó, por ejemplo, cuando se desacató la Constitución en Cataluña y se convocó un referéndum ilegal, o lo que pasó en las últimas elecciones en Brasil donde perdió Bolsonaro, o lo que pasó en el asalto al Capitolio con la aportación de algunos irresponsables líderes nacionales, pero también de robots y de inteligencia artificial provenientes principalmente de Rusia.  

Hemos abierto afortunadamente las puertas a una fluidez de una información enorme, pero eso nos hace más vulnerables y nos va a exigir una mayor educación gracias también a una mayor información.  

Lo ha mencionado usted y me da pie. La inteligencia artificial, desde el mundo del Derecho, ¿lo considera una amenaza o puede ser una buena herramienta? ¿cómo podemos o debemos regular el crecimiento de la inteligencia artificial? 

Es impensable pensar que vamos a renunciar a todas las aportaciones que nos pueda hacer la inteligencia artificial. Es un complemento de la inteligencia humana. Digamos que es una criatura de la inteligencia humana, pero es verdad que necesitamos que la Constitución y que las leyes sigan siendo vigentes también en ese campo. Ya no es un campo virtual, es un campo real que puede tener una acción directa en nuestra vida.  

En todos los avances de la inteligencia artificiales, la nanotecnología, los avances científicos, y para que el mundo siga siendo humano y antropocéntrico, necesitamos estar sometidos a las leyes.  

Tenemos que entender cuáles son los desafíos. Los propios científicos, propulsores y creadores de la inteligencia artificial están pidiendo una regulación equilibrada y acertada. Ese es un reto para el regulador. Todavía no hemos tenido leyes específicas sobre la materia, pero tenemos criterios generales en la jurisprudencia y en las propias constituciones para pensar que sí que tenemos la capacidad y el marco jurídico necesario para beneficiarnos de todo lo que la inteligencia artificial pueda aportar, y tratar también de evitar todo el riesgo que pueda suponer para la vida en libertad.