La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo sigue de cerca la campaña de hostigamiento contra las voces críticas del Gobierno de Tebboune

La erosión de los derechos civiles en Argelia preocupa en Bruselas

photo_camera AFP/LUDOVIC MARIN - El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune

Argelia recluye en sus cárceles a 330 presos políticos, según el recuento del Comité Nacional para la Liberación de Detenidos (CNLD), una asociación que se encarga de acompañar en sus respectivos procesos judiciales a las familias de los detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno. Human Rights Watch contabilizó en enero 250 personas encarceladas “por su participación en manifestaciones pacíficas, activismo o expresión”. Un tercio de ellas continúa meses después en prisión provisional. El último informe de la organización en defensa de los derechos humanos sobre la deriva represiva del régimen argelino visibiliza el recorte de los derechos y libertades en el país magrebí. 

“Activistas, periodistas y abogados han sido procesados por su activismo pacífico, sus opiniones o sus profesiones”, apunta HRW. “También han emprendido acciones legales para disolver o restringir las actividades de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de la oposición”. Para ello, denuncia el organismo, las autoridades han utilizado una batería de cargos penales relacionados con delitos de terrorismo. En concreto, el régimen argelino ha esgrimido el artículo 87 bis del código penal, reformado con esta intención en 2020, que comprende una serie de delitos abiertos a la interpretación que extiende la censura en pos de la “seguridad nacional”.

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“El marco legislativo es cada vez más restrictivo”, apunta Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Si bien el artículo 54 de la Constitución garantiza la libertad de prensa, también regula la difusión de informaciones y opiniones”. Este mecanismo jurídico, sumado al código penal, afecta a todo tipo de plataformas de la sociedad civil. En especial, a aquellas percibidas como parte de la oposición. Así lo explicó el martes el vicepresidente de la disuelta Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH, por sus siglas en francés), Saïd Salhi, en una sesión del subcomité de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

El activista argelino, refugiado desde hace un año en Bruselas, repasó el amplio abanico de reformas de corte autoritario introducidas por el Gobierno que preside Abdelmadjid Tebboune, e hizo especial hincapié en la condición de “terrorista” que atribuye el Estado a todo aquel que no esté de acuerdo con las disposiciones del Ejecutivo. “Es una política de revancha contra todas las organizaciones de la sociedad civil”, condensó Salhi, que aprovechó la ocasión para denunciar la situación que atraviesan sus colegas en Argelia: “Todos están en prisión”. 

El presidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, Faleh Hammoudi, fue detenido en febrero de 2022. Condenado inicialmente a tres años de prisión por “ofender” a organismos públicos, difundir “noticias falsas” que socavaban “la seguridad nacional” y dirigir una asociación “no registrada” —Salhi detalló en su intervención cómo el Ministerio del Interior hizo caso omiso a sus peticiones para normalizar el estatus legal de la organización—, Hammoudi apeló y pudo esquivar la cárcel. Pero pocos han tenido la misma suerte. “Las autoridades han procesado al menos a ocho miembros de LADDH por su activismo o expresión, cuatro de ellos —Kaddour Chouicha, Djamila Loukil, Saïd Bouddour y Hassan Bouras— por cargos infundados relacionados con el terrorismo”, indica HRW. 

Said Salhi

El caso del periodista independiente Ihsane El-Kadi destaca entre una extensa nómina de expedientes. Un artículo de opinión publicado en Maghreb Emergent, el periódico que fundó hace una década, propició, según su entorno, su detención irregular el pasado mes de diciembre a manos de las autoridades. En el texto especulaba con un segundo mandato del actual presidente, avalado por los altos mandos del Ejército. Continúa desde entonces en prisión preventiva. El proceso de El-Kadi, como el de una amplia mayoría de detenidos, no cuenta con las garantías mínimas. 

Hirak y derechos humanos 

El recrudecimiento de la represión interna en Argelia coincide con su reaparición en la escena internacional. Rehabilitado como actor válido ante la Unión Europea por sus ingentes recursos naturales en un contexto marcado por la apremiante necesidad de los Veintisiete de encontrar una fuente de energía alternativa al gas ruso, Argel ha aprovechado la oportunidad para reforzar sus relaciones bilaterales con Bruselas y otras capitales europeas, con París y Roma a la cabeza. No así con Madrid, con quien rompió relaciones por su cambio de postura en favor de Rabat sobre el contencioso del Sáhara Occidental. 

La aparente superación del Hirak (Movimiento), las movilizaciones multitudinarias que hace cuatro años pusieron contra las cuerdas al régimen de Buteflika, fortalece su posición exterior. Pero la contestación interna se mantiene a pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 y los denodados intentos de silenciar a la oposición y acallar las voces críticas. El actual presidente, Abdelmadjid Tebboune, un funcionario gris que había servido como primer ministro en uno de los Gobiernos del ya difunto exmandatario, apostó inicialmente por el aperturismo, pero pronto se desvió de esta senda, influido en parte por las indicaciones del jefe del Estado Mayor del Ejército, Saïd Chengriha, el verdadero hombre fuerte del país. 

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En 2021, apenas dos años después del aterrizaje de Tebboune en el Palacio de El Mouradia tras unas elecciones boicoteadas por los partidos de la oposición y manchadas por las denuncias de fraude, cinco relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron al Gobierno argelino sobre la naturaleza de sus modificaciones legales en relación con los delitos de terrorismo. Según el grupo, estos cambios socavaban los derechos fundamentales de la ciudadanía argelina. Sin embargo, un año después, el país magrebí pasó a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a pesar de su historial. 

El pasado mes de diciembre, el régimen liberó a 40 presos de conciencia, en su mayoría pertenecientes al Movimiento por la Autonomía de Cabilia (MAK, por sus siglas). El gesto se interpretó como un mensaje de apaciguamiento tras su entrada en el Consejo. El presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una institución estatal, describió como un “logro valioso” el hecho de acceder a este grupo.  El propio Abdelmadjid Zaalani, que intervino en la sesión del martes en el Parlamento Europeo para debatir sobre la evolución de los derechos humanos en su país, defendió la “nueva Argelia” y las “nuevas herramientas” con las que cuenta el Estado, en referencia a la Constitución de 2020 y las reformas penales.  

El órgano que dirige, aseguró, está tratando de realizar “una evaluación continua de la situación de los derechos humanos en Argelia, como la situación de los detenidos en diversos establecimientos penitenciarios y de reeducación, al tiempo que planifica visitas de campo para aclarar su situación”. Sin embargo, sus declaraciones de esta semana en el Parlamento Europeo evidenciaron su respaldo a todas aquellas medidas restrictivas que apelen a cuestiones de seguridad nacional. 

La UE, en alerta 

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, publicó en la noche del domingo el informe sobre su visita de dos días a Argelia, que sirvió para estrenar su “asociación renovada” con el país magrebí. En la agenda estuvieron, entre otras cuestiones, la cooperación en materia jurídica, la crisis diplomática con España, el control de los flujos migratorios y los intercambios energéticos. La deriva represiva del Gobierno quedó relegada a un segundo plano. Pero el jefe de la diplomacia europea aseguró haber trasladado tanto al presidente como a su primer ministro Aiman Benabderrahmane las preocupaciones de Bruselas sobre el respeto al Estado de Derecho y de las libertades civiles. 

“La Unión Europea concede gran importancia al respeto de la libertad de expresión, de prensa y de asociación”, subrayó Borrell. Las relaciones bilaterales contemplan como “tema prioritario” la gobernanza, el respeto al Estado de Derecho y la promoción de los derechos fundamentales. Pero la capacidad de Bruselas para influir en las decisiones políticas en el país norteafricano se ha visto mermada. Las necesidades energéticas de Europa blindan por el momento al Gobierno de Tebboune