El Arco Minero, situado al sur de Venezuela, se ha convertido en una de las principales fuentes de economía en el país tras la caída de la producción petrolera, situación que las mafias y los grupos armados han sabido aprovechar para afianzar su actividad delictiva. Mientras que el Gobierno de Nicolás Maduro argumenta que las actividades de explotación se están produciendo de “forma ordenada” y “con el menor impacto en el medioambiente”, una misión internacional creada para analizar la situación enVenezuela ha denunciado que la población de las minas está sometida a continuos abusos.
La misión ha decretado que, a pesar de la presencia militar en la zona, los grupos armados siguen operando abiertamente controlando las minas y las poblaciones, que, a su vez, están sometidas a múltiples abusos que van desde la explotación sexual de niñas y mujeres hasta asesinatos.
Además, según han denunciado, el Gobierno estaría colaborando en complicidad con los grupos criminales en algunas zonas del Estado de Bolívar, donde está ubicado el Arco Minero del Orinoco.
El informe de esta misión será presentado en el Consejo de Derechos Humanos, en el que profundizaran en los crímenes de lesa humanidad, de los que se acusa a los servicios de inteligencia militar y policial de Venezuela.
Asimismo, y según ha señalado el estudio de la OCDE sobre “Flujos de oro desde Venezuela”, no se han cumplido “ninguno de los objetivos declarados del Gobierno; por el contrario, el Arco Minero es ampliamente considerado como el centro de un experimento descontrolado y a menudo violento en la explotación de recursos, regiones y comunidades”.
Por otra parte, la ONG FundaRedes ha denunciado que la actividad de minería ilegal desarrollada en la zona ha provocado “consecuencias irreversibles” como la destrucción de al menos 1.200 hectáreas de selva virgen en el estado de Bolívar, una catástrofe de la que culpabiliza a Maduro. Según denuncian, estos impactos a la naturaleza, conocidos como “ecocidios”, son actos ilegales o arbitrarios que provocan “graves daños al medio ambiente generalizados o duraderos”.
Además, la misión ha indicado que “los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos entre ellos o con las autoridades”, reportando, asimismo, la presencia del grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, (ELN).
En este contexto, la misión también ha denunciado que la política extractivista de la zona se ha extendido de forma ilegal “de la poligonal del Arco Minero y ha alcanzado áreas protegidas como los parques Canaima y Yapacana, las cuencas de los ríos Paragua y Caura, la reserva de biosfera Alto Orinoco Casiquiare, todo el norte del estado Amazonas y la frontera sur de Amazonas con Colombia”.
Esta situación ha provocado, del mismo modo, una propagación de la violencia criminal. Según ha denunciado SOS Orinoco, “la minería en el sur de Venezuela se ha convertido en una actividad imbuida dentro de una gran trama delincuencia organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar". Sumado a este tipo de violencia, el informe de Derechos Humanos revela que la violencia machista y sexual también está afectando a las mujeres de las zonas, incluidas a las trabajadoras.
Y es que a pesar de que en las minas existe un predominio de hombres, son varias las mujeres que trabajan en las minas -incluyendo niñas-, pero, al igual que ocurre en otros contextos, las diferencias entre estas y los hombres son amplias. En este sentido, son las niñas las que se emplean para entrar “por pequeños espacios abiertos para localizar y abrir vetas de oro, manipular las poleas artesanales que ascienden y descienden equipos, sacos de arena y piedras a las minas o trabajar en los ríos para la extracción del oro con las bateas”.
Al igual que los hombres, las mujeres tienen que pagar cuotas al “sindicato” pero son ellas las que en ocasiones son obligadas a mantener relaciones sexuales con los miembros de esta organización mediante amenazas, una práctica también promovida por parte de los grupos criminales. Asimismo, el cuidado de los menores en las zonas mineras suele recaer sobre las mujeres y en ocasiones, los niños y las niñas deben quedarse solos, lo que facilita su inseguridad e incrementa el riesgo de que sufran diferentes tipos de violencias, desde la sexual hasta la explotación laboral.
Coordinador de América: José Antonio Sierra
