En Libia se amplía la brecha entre las políticas del Gobierno y las expectativas populares
Libia empieza el año nuevo con nuevas tensiones en torno a su mayor yacimiento petrolífero: El Sharara. A principios de enero de 2024, un vídeo circuló por Internet. Manifestantes de la región de Fezzan, en el sur del país, anunciaban el cierre del yacimiento petrolífero de El-Sharara hasta que se atendieran sus demandas. La National Oil Corporation libia (NOC) no reaccionó hasta unos días más tarde, declarando la fuerza mayor el domingo 7 de enero. Esta maniobra jurídica revela la amplitud de las manifestaciones, ya que la fuerza mayor permite liberar a una empresa de sus obligaciones legales hacia sus clientes.
- El-Sharara, un objetivo estratégico
- Una manifestación contra la corrupción que exige más derechos para los habitantes de la región
- Una reacción de las autoridades en línea con el contexto político libio
- Riesgos socioeconómicos complejos
El yacimiento de Sharara, que produce la mayor parte del petróleo libio, es el principal blanco de los manifestantes. Desde 2011, la producción de petróleo en El Sharara se ha visto interrumpida periódicamente por poblaciones locales con distintas reivindicaciones sociales y políticas. Estas tensiones recurrentes aumentan el riesgo de inestabilidad del Estado, poniendo de relieve la creciente brecha entre los intereses económicos nacionales y las demandas de las comunidades locales.
El-Sharara, un objetivo estratégico
El yacimiento petrolífero de El-Sharara está situado en el desierto de Murzuq, 700 km al sur de Trípoli. Está considerado el mayor yacimiento petrolífero de Libia y de África, con una capacidad de producción de más de 300.000 barriles diarios de crudo ligero. Explotado por Akakus Oil Operations (antes Repsol Oil Operations), el primer petróleo del yacimiento se produjo en 1996. En la explotación del yacimiento de Sharara participan la petrolera nacional libia NOC, Repsol, Total, OMV y Equinor.
Según GlobalData, el yacimiento está situado en el bloque NC 115 (zonas 129 y 130) y, además de los pozos de producción e inyección de agua, también incluye otras infraestructuras como plantas de separación de gas y petróleo, bombas de inyección de agua, estaciones de recolección, unidades de recuperación de vapor, plantas de tratamiento de agua y unidades de compresión de gas. La producción bruta del yacimiento de Sharara se canaliza hasta la terminal de exportación de petróleo de Zawiya y la refinería de Zawiya, situadas a unos 45 km al oeste de Trípoli, en la costa mediterránea.
Por su situación geográfica y su capacidad de producción, el yacimiento de Sharara se convirtió rápidamente en el blanco de las protestas libias. Las primeras interrupciones se remontan a 2011, año de la Primavera Árabe y del derrocamiento y asesinato del dictador libio Muamar Gadafi. Desde entonces, se han producido frecuentes interrupciones en el yacimiento petrolífero de El-Sharara. Sin embargo, es interesante señalar que los primeros bloqueos no fueron iniciados por grupos localizados, sino por grupos armados en un contexto de frágil seguridad en Libia.
En concreto, el yacimiento petrolífero estuvo cerrado durante dos años, entre 2014 y 2016, cuando el oleoducto fue bloqueado por grupos armados, y de nuevo en 2020 por un grupo armado que apoyaba al Ejército Nacional Libio. Ya se había declarado fuerza mayor una vez por este incidente. No fue hasta 2017 cuando grupos localizados empezaron a bloquear campos petrolíferos estratégicos para hacer oír sus demandas. El yacimiento de El-Sharara fue cerrado varias veces en 2017, 2022 y julio de 2023.
Una manifestación contra la corrupción que exige más derechos para los habitantes de la región
Procedentes en su mayoría de la región de Ubari, los manifestantes se organizaron en un grupo, el Movimiento para la Erradicación de la Corrupción, para protestar contra la NOC y el gobierno, a los que consideran enteramente responsables de la situación económica de la región. En efecto, a pesar de ser una tierra rica en petróleo, gas, agua y minerales preciosos, las regiones del sur sufren una marginación constante y se ven envueltas en luchas regionales e internacionales por ampliar su influencia sobre sus recursos naturales y su posición estratégica.
Sus reivindicaciones incluyen la mejora de los servicios, el suministro de combustible y sus derivados a Fezzan, la activación de la decisión de establecer una refinería en el sur, el mantenimiento de las deterioradas carreteras de las ciudades de Fezzan, el nombramiento de licenciados de la región y la reestructuración del Fondo de Reconstrucción de Fezzan. Según la agencia de noticias Reuters, los manifestantes de la región se quejan de la “necesidad de proyectos y servicios de desarrollo, como una refinería que suministre combustible, carreteras asfaltadas, una clínica y puestos de trabajo para los jóvenes”.
Otra petición es la destitución del presidente de la NOC, Farhat Bengdara, acusado de "violaciones constitutivas de delito". Los peticionarios también piden que se prohíba a Bengdara firmar acuerdos en el sector del petróleo y el gas. Salem Mohamed, portavoz del grupo, advirtió a Reuters de que, si las autoridades no atendían sus demandas, el movimiento podría evolucionar hacia una forma de desobediencia civil. La amenaza se ha intensificado hasta el punto de que el movimiento también ha lanzado la advertencia de cerrar la mayor refinería operativa del país, situada al oeste de Trípoli, la refinería Zawiya de la NOC, que procesa un volumen total de 120.000 barriles diarios.
El movimiento empezó dando un ultimátum de 72 horas antes de cerrar completamente las instalaciones, ultimátum que se amplió 24 horas más para negociar con los mediadores.
Una reacción de las autoridades en línea con el contexto político libio
El gobierno de Dbeibah, que no reaccionó inmediatamente a las exigencias del Movimiento para la Erradicación de la Corrupción, pidió “volver a la razón” y que la producción de petróleo no se vea envuelta en este tipo de problemas. La radio francesa RFI señala que esta evolución se produce en pleno desacuerdo entre las instituciones libias sobre un acuerdo firmado unilateralmente por Dbeibah, primer ministro cuyo mandato expiró hace más de un año, y un consorcio internacional. El acuerdo, que pretende desarrollar la exploración de hidrocarburos en los alrededores de Trípoli, está siendo impugnado por el Parlamento y el Alto Consejo de Estado, que sospechan que el contrato pretende ayudar a Dbeibah a mantenerse en el poder.
De hecho, las autoridades del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) temen que el cierre del yacimiento de Sharara sea el inicio de una nueva crisis que afecte a las zonas petroleras del sur y el centro del país. Hay que recordar que, tras la Primavera Árabe de 2011, Libia se hundió en una desastrosa guerra civil en la que la gobernabilidad se disputaba constantemente. Tras la caída de Gadafi, varias facciones y grupos gubernamentales se disputaron el control del país, incluidos grupos yihadistas como el Estado Islámico. Más recientemente, la lucha por la gobernanza se ha dividido en dos grupos: el gobierno de la Cámara de Representantes, apoyado por el Ejército Nacional Libio (LNA), controlado por el general Jalifa Haftar en el este y respaldado por Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Francia; y el GAN, reconocido por Naciones Unidas y apoyado por Turquía, Italia y Qatar.
En este contexto, las autoridades del GAN consideran que el campo de Sharara se cerró con la aprobación indirecta de las autoridades vigentes en las regiones del sur, en particular el Ejército Nacional dirigido por el mariscal Jalifa Haftar, el gobierno formado por la Cámara de Representantes y personalidades populares influyentes. Según la agencia de noticias Al-Arab, el Consejo Supremo de Tribus y Ciudades de Fezzan anunció su apoyo a los manifestantes, al tiempo que insistía en la necesidad de socavar todos los poderes y competencias del GAN vinculados a la gestión, supervisión y seguimiento de los proyectos de desarrollo en la región, para transferirlos al viceprimer ministro encargado del Sur.
A petición del Consejo, se creó un comité de diálogo entre las partes implicadas para comunicarse sobre la situación. Salem Mohamed, portavoz de los manifestantes, declaró que habían decidido prorrogar el plazo para continuar las negociaciones con el equipo de mediación de seis personas. El 22 de enero de 2024, Trípoli anunció la reapertura del yacimiento de El-Sharara tras tres semanas de bloqueo. Las negociaciones desembocaron en un consenso sobre las reivindicaciones, a excepción de un punto: la destitución del presidente de la NOC, Farahat Bengdara, que sin embargo salió muy debilitado de la situación.
Riesgos socioeconómicos complejos
Desde el punto de vista económico, el cierre del yacimiento de Sharara ha reducido la producción de petróleo de Libia por debajo del millón de barriles diarios por primera vez en meses. Este yacimiento representa cerca de una cuarta parte de la producción total del país, unos 1,2 millones de barriles diarios. El sector del petróleo y el gas es una de las principales fuentes de ingresos de Libia. Según informaciones recogidas por Oil&Gas Middle East, el Banco Central libio ha declarado que los ingresos procedentes del crudo representan el 98% de los ingresos totales del gobierno.
Según John Benny, periodista de The National, los analistas creen que estas protestas dirigidas contra las vitales infraestructuras petroleras del país podrían afectar a la capacidad del miembro de la OPEP para cumplir su ambicioso objetivo de producción (del 40% de su economía) y aumentar su producto interior bruto (hasta unos 250.000 millones de dólares) en los próximos años. Para Giovanni Staunovo, estratega del banco suizo UBS, entrevistado por The National, la reanudación o reducción de la producción en el yacimiento de Sharara tiene un gran impacto en los ingresos de la NOC.
Los repetidos bloqueos de las principales infraestructuras petrolíferas y gasísticas de Libia están teniendo un impacto considerable en la estabilidad política y económica del país. En particular, aumentan el riesgo de interrupciones de la producción y contribuyen a dañar la reputación de Libia como proveedor fiable de energía. En este contexto se está forjando la brecha entre los intereses del GAN y la población libia. Para Mohamed Oun, ministro libio de Petróleo y Gas, “es crucial que los libios entiendan que la NOC y el Ministerio de Petróleo y Gas se centran en la exploración, extracción y producción de petróleo y gas, y contribuyen a los ingresos del tesoro del país”.
Para Hasanain Mohamed, redactor de Libya Review, el cierre del campo petrolífero subraya los complejos retos socioeconómicos de Libia, especialmente en la región de Fezzan, que a menudo ha sido desatendida a pesar de su contribución a la riqueza petrolera del país. También destaca la creciente frustración de la población con las políticas del gobierno libio y de la NOC. Para él, la necesidad de equilibrar los intereses económicos nacionales con las demandas y los derechos de las comunidades locales es cada vez más vital para garantizar la estabilidad y el desarrollo equitativo en toda Libia.
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Aunque la situación en torno al yacimiento petrolífero de Sharara ha dado lugar a un acuerdo entre el Movimiento para la Erradicación de la Corrupción, el GAN y la NOC, las autoridades se han visto una vez más debilitadas política y económicamente. De hecho, las interrupciones cada vez más frecuentes de las principales infraestructuras de petróleo y gas de Libia en los últimos años son un recordatorio de que Libia aún no ha salido de la crisis política que heredó de la Primavera Árabe.
Según el Instituto Internacional de la Paz, las rivalidades políticas entre el GAN y el LNA por el control de los recursos petrolíferos han obstaculizado los esfuerzos del gobierno libio por reducir la pobreza y la desigualdad económica, y por proporcionar protección social. Como consecuencia, Libia se encuentra sumida en una espiral descendente entre la incapacidad de las autoridades para satisfacer las necesidades de la población, que responde con manifestaciones que acentúan aún más la división entre los dos gobiernos.
En consecuencia, Libia se enfrenta a una serie de retos, como la falta de colaboración práctica con la sociedad civil, la división entre dos gobiernos con intereses divergentes, pero sobre todo “una excesiva atención a la estabilidad a corto plazo en lugar de a las causas profundas del conflicto y a las prioridades a largo plazo, y la falta de un enfoque basado en los derechos” (Instituto Internacional de la Paz).
